Una víctima de trata laboral en Salta recibió una reparación integral de más de 3 millones de pesos. El Ministerio Público Fiscal decidió a cambio prescindir de la acción penal, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal Federal. La víctima es un trabajador de una curtiembre, que recibía un bajo salario -con descuento de alimentos que le debía comprar a su empleador- por largas jornadas de trabajo sin los recaudos de bioseguridad mínimos. El hombre vivía en condiciones precarias junto a su familia en el mismo lugar de trabajo.

El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar al pago por parte de dos imputados de trata laboral de una suma de 3.360.000 pesos en favor de un trabajador rural, en el marco de un acuerdo de conciliación en el que la Unidad Fiscal Salta prescindió del ejercicio de la acción penal.

La reparación integral fue cancelada el 14 de noviembre pasado y constituyó el final de un trabajo mancomunado entre el fiscal general Eduardo Villalba, la defensa de los imputados, la Defensoría Pública de Víctimas, a cargo de Nicolás Escandar, y otros organismos estatales, como los ministerios de Trabajo nacional y provincial.

El acuerdo conciliatorio fue homologado el 9 de noviembre. Tuvo su origen en una investigación formalizada por la fiscalía el 17 de marzo pasado contra el propietario de una finca -dedicada la curtiembre- ubicada en la localidad de Apolinario Saravia, en el sur provincial, y su hijo.

El fiscal informó que las actuaciones se iniciaron por un llamado recibido el 24 de febrero pasado en el número gratuito 0800 999 3368, implementado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para denunciar trabajo no formal, explotación infantil y servidumbre.

A raíz de ello y como resultado de una inspección y un allanamiento realizados a los pocos días en la finca del acusado, en Apolinario Saravia, se pudo establecer que la víctima era un trabajador de curtiembre, que había sido contratado por el imputado el 25 de junio del año pasado.

El empleado, que no estaba formalmente contratado, informó que a su ingreso había acordado una remuneración de 50 mil pesos mensuales y que se le brindaría una vivienda para su alojamiento y el de su familia, que está compuesta por su pareja y dos hijos menores de edad. El fiscal expuso en la audiencia de imputación inicial que “al llegar a la finca, sin embargo, se dio con un lugar abandonado, sin cocina ni baño, en condiciones muy precarias”.

La víctima señaló que nunca llegó a cobrar en su totalidad la suma pactada en concepto de sueldo, debido a descuentos que le eran aplicados por la provisión de mercadería en un local comercial propiedad del acusado.