Un pasado que persigue al senado nacional

Los senadores vuelven a estar en el centro de un escenario tan complejo como expectante a partir del tratamiento, que en pocos días más abordarán, de la Ley de Bases que ya cuenta con media sanción de diputados. La historia de nuestro país en el inicio de este siglo colocó a la Cámara Alta bajo la sospecha fundada de un acto de corrupción que terminó siendo el disparador final de la crisis del 2001, la más grave de la historia nacional.

Aquella triste historia del Senado pasó a conocerse como la “Ley Banelco”.  Salió a la luz pública gracias a la denuncia y posterior renuncia a su cargo de quien ejercía la vicepresidencia de la Nación, Carlos “Chacho” Álvarez.

El vicepresidente denunció el pago de coimas en el Senado para que los representantes de las provincias levanten la mano en favor de la aprobación de la Ley 22.250 relacionada con la flexibilización laboral. Una herramienta para recortar el poder de los sindicatos y disminuir los aportes patronales para las empresas que aumentaban su plantilla de personal. La Ley fue aprobada por el Senado en abril  de 2000 y un mes más tarde pasó el tamiz de diputados.

El vicepresidente involucró en la denuncia al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y al jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el ex banquero Fernando de Santibáñes. Álvarez aseguró que el primero de ellos, cuando fue un abordado por el dirigente de la CGT Hugo Moyano señalándole que esa ley no pasaría exitosamente en la Cámara Alta, le respondió “para los senadores, tengo la Banelco”

El presidente Fernando de la Rúa salió en defensa de sus ministros y también del grupo de senadores acusados. Fue más lejos aún, promovió a Flamarique a cargo de la Secretaría general de la Presidencia. Al día siguiente, el viernes 6 de octubre de 2000 en el Hotel Castelar, Álvarez anunció su renuncia a la vicepresidencia.

Tiempo después, Mario Pontaquarto, quien supo ser secretario parlamentario del Senado declaró que él llevó el dinero de las coimas, aportado por la SIDE. Fueron 5 millones de dólares. En el marco de la causa penal De la Rúa negó todo. A fines de 2012, todos los implicados fueron absueltos.

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