Se multiplican en todo el país rechazo tanto al mega DNU como a la ley ómnibus que impulsa el presidente Javier Milei. El primero está en vigencia desde este último sábado y será tratado en el parlamento nacional en enero.  Los rechazos van desde municipios, gobernaciones, bloques parlamentarios nacionales y provinciales, y distinto tipo de organizaciones sindicales, sociales y profesionales.

En el Senado de la Nación, tanto la bancada de la Unión Cívica Radical que cuenta con 14 representantes, como la de Unión por la Patria, que tiene otros 30 integrantes, se manifestaron en oposición al DNU. También lo hicieron representantes de la oposición en la Cámara de Diputados

La Corte Suprema de Justicia aceptó tratar, después del receso vacacional de enero, el pedido de inconstitucionalidad presentado por el gobierno de La Rioja contra el DNU. En tanto, con otro marco de celeridad, la Justicia Federal de San Juan habilitó tratarlo durante el período de feria judicial tras recibir un pedido contra la normativa del Presidente .

También se van expresando en contra del mega DNU comunas de todo el país. La Federación Argentina de Municipios, que nuclea a 500 intendencias, resolvió presentar un recurso de amparo. Concejos Deliberantes de algunas intendencias, como Esquel o Tandil, realizaron sesiones especiales para votar declaraciones de rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia.

También plantearon su preocupación organizaciones privadas, sindicatos y las propias centrales obreras más importantes del país como la CGT y CTA que han anunciado un plan de lucha que tendrá el 24 de enero como jornada de protesta con un paro general.

Los médicos nucleados en la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) se manifestaron en contra una brutal desregulación como plantea el DNU. Su titular, María Boriotti, consideró que beneficia a las empresas de medicina prepaga y perjudica a la salud pública y a los trabajadores del sector.

La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) en un comunicado insta a los legisladores de todas las bancadas a no convalidar en el Congreso un golpe tan brutal a la vida cultural de los argentinos, consciente de que un pueblo cuyos gobernantes desprecian su cultura, si no está ya muerto, está al menos moribundo.