El Golpe militar que en 1930 derrocó al gobierno constitucional que presidía Hipólito  Yrigoyen, representó un extraordinario retroceso en la evolución de la organización política Argentina. La primera irrupción cívico-militar del siglo XX fue también la puerta de entrada a la llamada década infame, inaugurando una época que invadió al país dando paso a un nuevo tiempo de corrupción institucional, acompañado de la pérdida de los más elementales derechos individuales. Aquél régimen se caracterizó por la pérdida de los conquistas civiles, la falta de libertad y la persecución política.

La dictadura, encabezada por el General Félix Uriburu, vio a los anarquistas como su principal enemigo. Perseguirlos se transformó en una obsesión que terminó de enmarcarse en lo que se conoció como la ley de residencia. Una herramienta legal que permitía deportar inmigrantes que respondieran a esa ideología. De todas formas, la legalidad no era un límite a la hora de combatir a los anarquistas.

Un hecho, que sintetiza el terror que impuso la dictadura de Uriburu en este tramo de la historia argentina, ocurrió el 5 agosto de 1931. Ese día un dirigente conservador de la localidad de Bragado, José María Blanch, sufrió un atentando tras recibir en su domicilio particular una bomba camuflada en un cajón de manzanas. Debido a la explosión fallecieron, María Enriqueta Blanch y Paula Arruabarrena, la hija y cuñada del caudillo conservador.

Once días más tarde y con la presión de la prensa acusando a grupos anarquistas por el atentado fueron detenidos Pascual Vuotto, Reclús de Diago y Santiago Mainini. Tres militantes anarquistas hostigados diariamente por la prensa rotulándolos como terroristas.

Mainini era italiano de 23 años, ladrillero de oficio con domicilio en Lomas del Mirador. En Castelar residía Reclus de Diago, era español y al igual que Mainini tenía 23 años y también era ladrillero. Pascual Vuotto era argentino, ferroviario, tres años mayor que sus dos compañeros. Los tres fueron condenados en 1934, después de un proceso judicial sin garantías, a prisión perpetua.

Bragado fue, a principio de los años treinta, una de las tantas localidades donde sobresalían los hechos violentos por disputas políticas. Choques entre aliados a la dictadura de Uriburu y radicales intransigentes. Estas características, más la complicidad de funcionarios policiales y judiciales, llevaron a querer resolver el caso del atentado a la familia Blanch, como si se tratase de un hecho político. La detención de los tres anarquistas fue ordenada después de un llamado anónimo que los involucró en el crimen. Al mejor estilo de la época los tres fueron salvajemente torturados. Diago y Mainini no soportaron la tortura y terminaron confesando un crimen que no habían cometido. Vuotto se mantuvo firme pese a la ferocidad de sus torturadores.

En aquellos años para defenderse de la dictadura de Uriburu, los anarquistas, habían construido una red solidaria con deportados y detenidos. Fue esta cadena humana la que permitió alertar sobre lo que estaba sucediendo en Bragado. Las movilizaciones por la libertad de Vuotto, Diago y Mainini se multiplicaron y llegaron hasta Buenos Aires.

En 1942, en medio de grandes movilizaciones y reclamos internacionales, un Ministro, Vicente Solano Lima, promovió y obtuvo del gobernador de Buenos Aires Rodolfo Moreno, el indulto para los tres presos de Bragado. Uno de ellos, Pascual Vuotto fue un empecinado buscador de la verdad que revindicase su buen nombre y honor. No aceptó la posibilidad de indulto, reclamaba justicia, limpiar su nombre acusado de un crimen que no había cometido.

La ley 24233, sancionada en 1993 e impulsada por el diputado Guillermo Estevez Boero, desagravió el nombre y la memoria de los tres involucrados, reconociendo la injusta sentencia que recayera sobre ellos por las muertes de dos mujeres en Bragado. Fueron víctimas de persecución ideológica. Sin embargo, fue la ley rectificatoria de la condena que había ratificado la Corte Suprema en su momento.

En 1992, Themis, la única hija que tuvo Pascual Vuotto, promovió una acción por daños y perjuicios contra la provincia de Buenos Aires. Themis nació en 1931, el mismo año en que su padre caía injustamente preso. Lo volvería a ver once años más tarde, cuando quedó en libertad.

Una ley sancionada por el Congreso bonaerense en 1995 le otorgó a Themis, una pensión Vitalicia. Un reconocimiento económico que representó un clamoroso pedido de perdón por las injusticias cometidas contra los tres presos de Bragado.