La memoria argentina no puede olvidar los fusilamientos de 1956

El odio es la forma más tóxica de construcción política que ha utilizado el hombre en su necesidad de acumular poder. Es algo que ha sucedido en todos los tiempos y en todo el mundo. El odio requiere de un socio inseparable para concretar sus objetivos, la violencia.

Odio y violencia van de la mano, son inseparables y arremeten contra toda explicación que intente poner un hilo de elaboración racional para detener su desbastador avance. La historia argentina muestra demasiados capítulos en el siglo XX que tienen a estos dos socios como protagonistas centrales. Siempre surgen agrupados para defender intereses de minorías empoderadas.

Fue una de las postales más sangrientas que dejó el siglo pasado en nuestro país. Los fusilamientos ocurridos en un basural de José León Suárez fue una masacre de militantes políticos peronistas ocurrida el 9 de junio de 1956. Ese día 12 jóvenes fueron llevados a esta localidad de la zona norte del Gran Buenos Aires por la policía bonaerense para ser asesinados.

Lograron ese cometido con cinco de ellos, Mario Brión, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizaso y Nicolás Carranza. Otros 7 pudieron escapar, uno de ellos aún vive, es Juan Carlos Livraga que hoy tiene 91 años. Hace pocos días la Vicepresidenta lo recibió en su despacho. Livraga resultó ser la fuente de información que le permitió a Rodolfo Walsh escribir el libro Operación masacre.

Un año antes de los fusilamientos en José León Suárez, el 16 de junio de 1955, aviones de la mariana protagonizaron un imperdonable acto criminal. Lanzaron más de 640 bombas sobre una Plaza de Mayo repleta de ocasionales transeúntes. Fue al mediodía. La carga mortal cayó sobre gente inocente, matando a 400 personas, entre ellos estuvieron 40 alumnos de un colegio primario de provincia que estaban en un micro visitando la ciudad.

Aquella masacre, promovida por sectores antiperonistas conformados por civiles y militares, no se trató de un hecho aislado. Fue un mojón más de situaciones de extrema violencia que se venían sucediendo desde años anteriores.

El 15 de abril de 1953 miles de trabajadores se reunieron en la Plaza de Mayo para brindarle su apoyo a Perón tras una convocatoria de la CGT. Mientras Perón le hablaba a la multitud estallaron dos bombas que habían sido previamente colocadas, una en la confitería del Hotel Mayo y otra en la estación Plaza de Mayo del subte. 6 personas murieron y otras 95 quedaron heridas, entre ellas hubo 20 que sufrieron mutilaciones que los condenaron a estar lisiados para toda la vida. Por este hecho estuvieron detenidos y condenados los militantes radicales Roque Carranza y Arturo Mathov, quienes fueron indultados durante la dictadura de Aramburu.

En la noche del sábado 9 de junio de 1956, nueve meses después del derrocamiento de Perón, militares y civiles peronistas intentaron recuperar el poder. Liderados por los generales Juan José Valle, Raúl Tanco y el teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, la rebelión tuvo focos aislados y estalló con relativa intensidad, en Buenos Aires, La Plata y Santa Rosa, La Pampa. El intento fue abortado en pocas horas.

Todos los focos del levantamiento ocurrieron entre las 22:00 y las 24:00 del 9 de junio. El gobierno estableció a las 00:32 del 10 de junio, a través de una cadena nacional, la Ley Marcial. Fue un decreto firmado por Aramburu, Rojas, los ministros de Ejército, Arturo Ossorio Arana; de Marina, Teodoro Hartung; de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu.

Aquel sábado 9 de junio, uno de los grupos civiles de apoyo al levantamiento contra la dictadura, esperaban en la casa de Juan Torres, ubicada en Hipólito Yrigoyen 4519 de la localidad de Florida. Allí se encontraban los hermanos Lizaso, Carranza, Garibotti, Brión, Rodríguez y Troxler. Una pelea de box se escuchaba de fondo en la radio. Era el relato de Fioravanti desde el Luna Park dando cuenta de las alternativas del cruce entre Eduardo Lausse enfrentando al chileno Loayza por el título sudamericano de los medianos.

El levantamiento contra la dictadura se inició mal, muchas de las operaciones previstas eran sabidas por la intervención militar, gracias a una tarea de espionaje previo. Filtrada esa información hubo varios allanamientos. Uno de ellos ocurrió en la casa de Florida sabiendo que había allí parte de los conspiradores. Una comisión policial llegó al lugar bajo el mando del teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, jefe de la policía de Buenos Aires. Preguntoaron por el general Tanco, sin obtener respuesta. Todos fueron llevados a la Regional San Martin.

Tanco se había instalado en una casa de Avellaneda para, más tarde refugiarse en la embajada diplomática de Haití, ubicada en Vicente López. Ser la sede de otra nación no fue impedimento para que un grupo de marinos ingrese y se lleve detenidos a quienes allí estaban.

En la zona sur del Gran Buenos Aires sucedían otros allanamientos. Se arrestaron alrededor de veinticinco personas que fueron conducidas a la Comisaría 1º de Avellaneda y de Dock Sud. En tanto en el Regimiento 7 de La Plata la rebelión, a cargo del teniente coronel Osvaldo Cogorno, era el único objetivo rebelde que se había concretado. Sin embargo, con el correr de las horas se fue debilitando a medida que llegaban las noticias señalando que la rebelión de Valle había fracasado. A media mañana, Cogorno izó la bandera blanca y se rindió.

La represión de la Marina en La Plata se llevó la vida el 10 de junio de Carlos Irigoyen, Ramón Videla y Rolando Zanetta. El 11 y 12 fueron fusilados en esta ciudad el Teniente Coronel Oscar Lorenzo Cogorno y el Subteniente de Reserva Alberto Abadie

En la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consultó telefónicamente a Aramburu, sobre el destino de quienes estaban siendo detenidos. En Campo de Mayo, el general Juan Carlos Lorio presidió un tribunal que determinó el fusilamiento de los sospechosos. Sin embargo, para concretar esa orden le pide al dictador Aramburu que su orden quede documentada por escrito.

Aramburu firmó el decreto 10.364, el documento que autorizó aquella matanza que se concretó sin que existieran registros de juicios ni sumarios y tampoco el informe forense que debió determinar la causa de la muerte de esos militares.

En la madrugada del 10 de junio, entre las 00:00 y las 04:00, asesinaron a quienes estaban detenidos en Lanús. Se trató de Dante Hipólito Lugo, Clemente Braulio Ros, Norberto Ros, Osvaldo Alberto Albedro, Teniente Coronel José Albino Yrigoyen y Capitán Jorge Miguel Costales.

Horas más tarde, el titular de la policía bonaerense, Desiderio Fernández Súarez, le ordenó al jefe de la Regional San Martín, el comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que fusilara a los 12 civiles detenidos en Florida. Con esa orden, poco antes a las 05:40 los subieron a un micro policial para llevarlos hasta un descampado en la localidad de José León Suarez.

Hasta subir al ómnibus a ninguno de ellos se les había ocurrido que eran pasibles de semejante orden. Sin embargo ya en el trayecto varios empezaron a preguntar con insistencia hacia donde los llevaban, presumiendo lo que finalmente iba a suceder.

Una vez llegado a destino, una zona descampada y en total oscuridad, hicieron bajar a un grupo primero. Les ordenaron caminar en la niebla de la madrugada. Fueron arreados hacia el basural como un rebaño aterrorizado. Una camioneta se detuvo por detrás alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz.

Estaban en un basural pidiendo por su vida. Empezaron a ametrallarlos. Algunos cayeron heridos de muerte, otros escaparon corriendo. Quienes quedaron detenidos en el ómnibus intentaron fugarse también. Hubo nuevos disparos y cinco muertos. Carlos Lizaso, Vicente Rodriguez, Francisco Garibotti, Mario Brion y Nicolás Carranza. Otros cinco escaparon del fusilamiento y dos fingieron estar sin vida con sus cuerpos posados sobre la basura.

Uno de los sobrevivientes, Juan Carlos Livraga, fue el “fusilado que vivió”. Su relato le permitirá, años más tarde, a Rodolfo Walsh reconstruir la brutal historia en su libro Operación Masacre

“La pobre gente no muere gritando ‘Viva la patria’, como en las novelas. Muere vomitando de miedo, como Nicolás Carranza, o maldiciendo su abandono, como Bernardino Rodríguez. Sólo un débil mental puede no desear la paz. Pero la paz no es aceptable a cualquier precio. Y siempre habrá en germen nuevos levantamientos, y nuevas olas de insensata revancha”. Estop escribiría Rodolfo Walsh, en el epílogo de la primera edición de “Operación Masacre”.

El 12 de junio, el General Valle decidió entregarse a cambio que se detuviera la represión a su movimiento y se le respetara la vida. El capitán de navío Francisco Manrique, fue enviado por Rojas a buscarlo. El General fue trasladado al Regimiento I de Palermo, donde fue juzgado por un tribunal presidido por el general Lorio.

Más tarde Valle fue enviado a la Penitenciaría Nacional, ubicada sobre la avenida Las Heras en Palermo. A las 22:20 lo fusiló un pelotón integrado por militares, cuyos nombres fueron guardados como secreto de Estado. No hubo orden escrita ni decreto de fusilamiento. Tampoco hubo registro de los responsables.

El 11 de junio fueron fusilados en Campo de Mayo el Coronel Eduardo Cortines, Capitán Néstor Dardo Cano, Coronel Ricardo Salomón Ibazeta, Capitán Eloy Luis Caro, Teniente Primero Jorge Leopoldo Noriega y Teniente Primero Maestro de Banda de la Escuela de Suboficiales Néstor Marcelo Videla.

Ese mismo día cayeron asesinados en la Escuela de Mecánica del Ejército el Suboficial Principal Ernesto Gareca; Suboficial Principal Miguel Ángel Paolini; el Cabo Músico José Miguel Rodríguez y el Sargento Hugo Eladio Quiroga. Dos días después de ser ametrallado en el Automóvil Club Argentino, murió Miguel Angel Maurino.

También el 11 de junio fueron fusilados en la Penitenciería Nacional: el Sargento Ayudante Isauro Costa; Sargento Carpintero Luis Pugnetti y Sargento Músico Luciano Isaías Rojas, y al día siguiente el General de División Juan José Valle cuyos restos están depositados en el cementerio de Olivos

El 13 de junio, cesó la ley marcial. El general Tanco con otros sublevados logró, asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires. El jefe del Servicio de Inteligencia del Estado, General Domingo Quaranta, invadió la delegación para secuestrar y detener a los asilados. El embajador haitiano, Jean Briere, logró salvarlos.

El embajador Jean Brierre ingresó en el Regimiento de Palermo y obtuvo la liberación de los peronistas que se habían asilado en su embajada. Más tarde todos volaron hacia Haití. Brierre fue declarado “persona no grata” y también tuvo que dejar el país.

La dictadura produjo en tres días 18 asesinatos de militares y de otros 13 civiles. Todos eran parte de un levantamiento encabezado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco, quienes pretendían derrocar la dictadura para, en un período de seis meses, llamar a elecciones nacionales sin proscripciones y permitir el regreso al país de quien había sido derrocado un año antes, Juan Domingo Perón.

 

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