El poder judicial de nuestro país, el menos democrático de los tres que establece la constitución nacional, es el único que no ha realizado una profunda autocrítica institucional relacionado a su performance en los últimos años. No lo hizo pese a que le debe demasiadas explicaciones a la sociedad. Se las debe por su andar sinuoso al calor de intereses dominantes, también por mantener desde siempre privilegios difíciles de justificar como jubilaciones especiales, sueldos suculentos en las máximas jerarquías y no pagar impuestos como lo hacemos el resto de los argentinos.

Los funcionarios más relevantes del poder judicial están eximidos del pago de ciertos impuestos, cobran sueldos extraordinarios y el resultado de su tarea, especialmente en el fuero federal, desborda de irregularidades. Algunas de ellas repasaremos en este informe que hará foco en la Corte Suprema de la Nación que, en la actualidad, está integrado por cuatro supremos. Llamativamente ninguno, antes de llegar a esa cumbre, nunca se desempeñó como juez.

Este presente tan cuestionable de la Corte Suprema no es nuevo. Si bien hay algunas excepciones para determinados períodos, su funcionamiento arrastra un pasado tóxico. Para desentrañar su andar es necesario recorrer nuestra historia. Realizar un rápido repaso histórico nos permitirá interpretar los orígenes del máximo tribunal de justicia desde su creación para mostrar que aquello de “poder a los tres poderes”, como un principio básico para garantizar las libertades individuales y colectivas en nuestra sociedad, no ha funcionado casi nunca.

La Constitución de 1853 fijó las bases jurídicas del actual Estado Nacional. Entre otras cosas estableció la necesidad de una Corte Suprema compuesta por 9 jueces y dos fiscales. Sin embargo, no se constituyó como tal hasta una década más tarde. Recién se conformó el 15 de enero de 1863, previo a algunos cambios establecidos tras la incorporación de la Provincia de Buenos Aires a la Confederación. Uno de esos cambios estableció que el número de integrantes debía ser establecido por ley, lo que finalmente sucedió en 1862 dejando como jueces supremos a 5 miembros más un procurador general.

En 1862 Bartolomé Mitre era Presidente y como tal tuvo el privilegio de nominar a los supremos bajo la condición de vitalicios, le designó un presupuesto con el que se adquirió un local en la calle Bolívar, entre Moreno y Belgrano, donde comenzó a funcionar con un secretario y un pequeño grupo de empleados. El 15 de octubre de 1863 la Corte emitió su primer fallo declarando improcedente un recurso de apelación contra una sentencia de un tribunal de la provincia de Buenos Aires.

Aquella primera corte, entre quienes estaba Salvador María del Carril el impulsor del fusilamiento de Manuel Dorrego, funcionó sin disidencias internas y muy alineada a los intereses de gobiernos que se sucedieron con el sello de la llamada generación del 80. Tanto fue así que desde aquella primera sentencia de 1863 hasta 1871 no hubo fallos con disidencias. El primero con opiniones divididas recién quedó registrado en febrero de 1871 relacionado con una empresa que litigaba contra la provincia de Corrientes.

Recordemos que la generación del 80 fue una elite que gobernó el país durante los años 1880 y 1916, dejando una impronta ideológica conservadora y liberal cuyo modelo perdura hasta nuestros días. Se caracterizó por tener una fuerte influencia de la cultura europea, en especial francesa e inglesa, y un modelo exportador de materias primas e importador de manufacturas. Sus representantes procedían de familias antirosistas de clase social alta e integrantes del Partido Autonomista Nacional (PAN), que tuvo como principales referentes a Julio Argentino Roca, Nicolás Avellaneda, Adolfo Alsina y Domingo Faustino Sarmiento.

Los distintos integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se sucedieron hasta 1930 tuvieron las características y la impronta de aquella generación del 80. Respondían tanto a sus patrones culturales e ideológicos como a la defensa de los intereses de aquella elite nacida desde el seno de las 2 mil familias que se repartieron las tierras a partir de la ley de enfiteusis sancionada por Bernardino Rivadavia en 1826. Millones de hectáreas despojadas a las poblaciones autóctonas entregadas a un pequeño grupo de privilegiados que se constituyeron en la oligarquía de nuestro país. El poder que concentraron estas familias les permitió empoderarse e influir en el armado de leyes en defensa de sus patrimonios e intereses. Una influencia que se extendió al ámbito jurídico y al máximo tribunal de justicia.

En septiembre de 1930, tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y el comienzo de lo que se reconoce en los libros de historia como la década infame, que inició José Félix Uriburu, la Corte a través de una acordada refrendada en el Congreso Nacional, dejó expresamente librado al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de velar por los derechos y garantías individuales. Una verdadera barrabasada jurídica y política. La Corte dejó, con esta acordada, jurisprudencia para el reconocimiento de los gobiernos de facto.

La acordada de 1930 dejó al desnudo lo que era visible simplemente echando una mirada hacia atrás en la historia argentina, preanunciando un futuro de similares características.

En 1946, Juan Domingo Perón al asumir por primera vez la presidencia de la Nación, ordenó el enjuiciamiento de los integrantes de la Corte que habían dado cobertura jurídica a los actos de gobierno en la década infame. Sus integrantes fueron destituidos y reemplazados por magistrados que tras el golpe del 55 terminaron siendo expulsados, acusados de peronistas.

Pasadas las dictaduras de Leonardi y Aramburu, en 1958, Arturo Frondizi asumió la presidencia. Jaqueado por el poder militar, no pudo remover a los miembros de la Corte Suprema que la Revolución Libertadora había impuesto, tras derrocar a Perón. Frondizi, entonces, decidió elevar el número de integrantes de la Corte de 5 a 7 miembros.

Un hecho curioso y si se quiere, reivindicatorio del poder jurídico, sucedió en marzo de 1962, con la caída de Arturo Frondizi. El titular de la Corte Suprema era por entonces, Julio Oyhanarte, quien tuvo una activa participación para evitar que el general Juan Poggi se instale en la casa Rosada para formar un nuevo gobierno de facto.

El día de la caída de Frondizi, atento a los hechos, Julio Oyhanarte se apresuró a llamar al sucesor constitucional del presidente depuesto, el senador nacional José María Guido, a quien le tomó juramento en la sede de la Corte Suprema de Justicia, mientras el General Poggi se probaba la banda presidencial en la Casa Rosada.

Frustrada la asunción del General Poggi, gracias a la intervención rápida de reflejos del titular de la Corte Suprema, José María Guido quedó finalmente ocupando la presidencia, aunque con una enorme debilidad política que lo dejó sin siquiera poder imaginar la posibilidad de realizar cambios en la Corte Suprema.

En 1963 Arturo Illia, asumió la presidencia tras ser el vencedor en elecciones generales que no fueron libres ni democráticas ya que el peronismo estuvo proscrito. El poco caudal de votos obtenidos por el médico nacido en Pergamino lo dejó con una fuerte debilidad institucional. A pesar de esta condición Illia impulsó un proyecto, que finalmente naufragó en el Congreso, que establecía aumentar el número de jueces de 7 a 10.

En 1966, el General Juan Carlos Ongania tras derrocar a Arturo Illia, destituyó a todos los jueces de la Corte. A los cinco que venían del proceso militar de 1955 y a los dos que habían asumido con Frondizi.

Ongania nombró sus propios jueces, fueron cinco, y se animó a mucho más. Proclamó el estatuto de la Revolución Argentina que se colocó como un orden jurídico institucional por encima de la Constitución Nacional. Los ministros del máximo tribunal, naturalmente avalaron los poderes mesiánicos que promulgó Onganía.

Un integrante de aquella corte que se conformó bajo dictadura en 1966, falleció en 1970. En su lugar, el sucesor de Onganía, Roberto Marcelo Levingston, designó a Margarita Argúas, la primera mujer argentina en ocupar un lugar en la Corte Suprema. Renunció al asumir en 1973 el gobierno constitucional presidido por Héctor J. Cámpora.

Bajo la amenaza de someterlos a un juicio político todos los miembros de la Corte que había avalado el accionar de Onganía primero y Levingston y Lanusse más tarde, fueron forzados a renunciar cuando asumió Héctor Cámpora en 1973. El tercer gobierno peronista nombró a nuevos miembros que fueron removidos el 24 de marzo de 76, tras producirse un nuevo golpe militar.

En 1983 Raúl Alfonsin, después de su arrollador triunfo electoral que lo llevaría a la presidencia de la nación, le exigió la renuncia a los integrantes del máximo tribunal, que habían tolerado las más terribles violaciones a los derechos humanos. Los dos partidos mayoritarios llegaron a un acuerdo para nombrar los nuevos integrantes de la Corte.

Pocos meses después de asumir la presidencia, Carlos Menem logró, en abril de 1990, que el Congreso aprobara el aumento del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. De 5 pasó a 9. Cuatro de los jueces que estaban en la Corte se pronunciaron en contra de aquella modificación. Lo comunicaron a través de una acordada.

Dos de los cinco integrantes del máximo tribunal renunciaron por no compartir el criterio de aumentar el número de integrantes de la Corte, fueron José Severo Caballero y Jorge Baqué. Quedaron solo tres miembros de aquel tribunal que había sido nombrado en los inicios del gobierno de Alfonsín, Fueron Augusto Belluscio, Carlos Fayt y Enrique Petrachi. El Menemismo terminaría colocando los seis integrantes restantes y así se aseguraba la mayoría automática. De la mano de Menem ingresaron a la Corte: Antonio Boggiano, Cavagna Martínez, Rodolfo Barra, Ricardo Levene, Julio Nazareno y Moline O’Connor.

La composición de la Corte volvió a estar en la mesa de las negociaciones en 1993, cuando Menem y Alfonsín sellaron el pacto de Olivos. A partir de este acuerdo hubo recambio parcial de sus miembros. Barra, Cavagna Martínez y Levene se retiraron. Menem y Alfonsín consensuaron el ingreso de Gustavo Bossert, Guillermo López y Adolfo Vázquez.

Alfonsín justificó el acuerdo señalando que era necesario para equilibrar las decisiones que tomaba el tribunal. Menem logró como parte de pago político, el acuerdo para la reforma constitucional que habría las posibilidades de su reelección.

Aquel proceso sumó un gran descrédito hacia la corte que aumentó cuando surgió un escándalo de proporciones, que delataría la puja de poder dentro del organismo. Dos de sus Ministros, Augusto Belluscio y Enrique Petrachi, denunciaron el robo de una sentencia que estaba a la espera de una resolución. Belluscio hizo público lo que parecía un robo. El escándalo siguió creciendo. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió varios pedidos de procesamiento a los miembros de la Corte, salpicando a todos sus miembros.

Cuando la disputa política por el manejo de la corte se enfrío los pedidos de juicios políticos para los miembros de la corte se cajonearon hasta que, en octubre de 1994, la mayoría automática los rechazó formalmente y todos los Ministros se sintieron seguros en sus cargos nuevamente. Tanto fue así que no hubo cambios durante el breve período de Fernando De la Rúa.

Las movilizaciones, que provocaron la caída del gobierno de la Alianza, mostraron un descontento generalizado de la población que incluyó a la justicia en general y a la corte Suprema en particular. Los integrantes del máximo tribunal no se reconocían como parte de las críticas. Resistían dar un paso al costado.

Durante el estallido social que determinó la caída de De la Rua, la Corte quiso jugar su propio protagonismo. El 1 de febrero de 2001, en la primera jornada después de la feria judicial de verano, declaró inconstitucional el corralito financiero, al fallar en el reclamo de un ahorrista de apellido Smith. Duhalde llevaba, por entonces, apenas un mes en el gobierno. Recibió la decisión de la Corte como un ataque a su gestión, como un intento de desestabilizar el proceso de transición que acababa de comenzar. El Presidente habló, ese mismo día, en cadena nacional y acusó al máximo tribunal de justicia de dar un golpe artero que activaba una peligrosa bomba social.

Duhalde alentó a acelerar el juicio contra todos los integrantes del tribunal. La Comisión de juicio político acumuló en el 2002 una batería de acusaciones contra todos los integrantes del tribunal. Eduardo Moline O Connors sumó 40 cargos en su contra, Augusto Belluscio 22, Carlos Fayt 23, Julio Nazareno 44, Adolfo Vázquez 29, Guillermo López 36, Antonio Boggiano 35 y Gustavo Bossert 9 cargos. Todos, menos Boggiano, hicieron su descargo en la Comisión de Juicio político. Vázquez fue el único que lo hizo oralmente, el resto prefirió hacerlo a través de un escrito.

Las protestas y los cacerolazos de diciembre de 2001 provocaron la salida del menos cuestionado de todos los jueces, Gustavo Bossert. La estrategia de Duhalde de avanzar en un mismo momento contra todos los integrantes, fracasó.

Apenas asumido Néstor Kirchner el titular de la Corte, Julio Nazareno, lo desafió anunciando que tratarían el caso Lema, el reclamo de un ahorrista que demandó al Banco de la Provincia de Córdoba por un depósito en dólares que quedó atrapado en el corralito financiero. El desafío de una corte con mayoría menemista atentaba la estabilidad del gobierno de Kirchner que había asumido sin haber podido dar batalla en segunda vuelta electoral, por la renuncia de Menem a presentarse.

Kirchner utilizó cadena nacional para hablarle al país y reclamar la intervención del Congreso para una urgente renovación en el máximo organismo judicial que tiene la República. Julio Nazareno intentó resistir despegándose de intencionalidades políticas. Finalmente renunció antes del juicio político. Guillermo López, también lo hizo, aunque falleció antes de dejar el cargo, y Eduardo Moline O’Connor fue formalmente destituido el 3 de diciembre de 2003. En septiembre del 2004 fue destituido Antonio Boggiano. También renunciaron Adolfo Vázquez y Augusto Belluscio.

Kirchner estableció por Decreto un procedimiento público y con participación ciudadana, para designar a los miembros de la Corte Suprema, previo a la designación presidencial y al acuerdo del Senado en audiencia pública.

El recambio en el máximo tribunal permitió el ingreso por primera vez en la historia argentina bajo gobiernos democrático de la incorporación de dos mujeres, Carmen de Argybay, Elena Highton. Junto a ellas se incorporaron Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti.

Enrique Petrachi se mantuvo como Presidente de la Corte hasta 2007 y Carlos Fayt se retiró en 2015 a los 97 años. Ambos estuvieron en la Corte desde 1983, tras la recuperación de la democracia, propuestos por Raúl Alfonsín.

En los dos períodos de gobierno de Cristina Fernández no hubo nuevos nombramientos de jueces en la Corte Suprema pese a que había vacantes disponibles. Junto al pequeño tramo de De la Rúa en la Rosada, fueron los únicos gobiernos que desistieron de esa posibilidad.

En 2015 la voracidad de Mauricio Macri por acordonar su poder en la justicia lo llevó a una tropelía sin antecedentes en la historia de nombramientos en la Corte bajo gobierno democráticos. Designó por decreto en comisión a dos nuevos miembros: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. La designación fue cuestionada por inconstitucional ya que no tenían el acuerdo del Senado de la Nación como ordena la Constitución, y sin respetar el procedimiento público con control ciudadano establecido bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

Las designaciones de Macri también fueron criticadas por reducir la presencia de mujeres en el máximo tribunal, sin respetar la equivalencia de género y no nombrar al menos una jueza en lugar de la fallecida Carmen Argibay. Finalmente, Rosenkrantz y Rosatti fueron nombrados con la venia del Senado, pero quedaron muy cuestionados por haber aceptado la propuesta de un nombramiento irregular.

La Corte de Macri se alineó rápidamente a sus intereses. En mayo 2017 dictó un nuevo fallo relacionado con los derechos humanos, admitiendo que los criminales condenados por delitos de lesa humanidad puedan computar doble el tiempo que estuvieron detenidos antes de ser condenados, a partir de los dos años de prisión preventiva. La sentencia benefició a Luis Muiña, culpable de cinco delitos de lesa humanidad y condenado en 2011 a trece años de prisión, luego de haber estado detenido preventivamente desde 2007.

Con estos antecedentes difícilmente se podía esperar una relación amistosa entre el gobierno surgido del mandato popular en 2019 y los supremos, quienes sin disimulo alguno asumieron un protagonismo central en la puja política nacional. La gota que rebalsó el vaso fue el falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la causa impulsada por Larreta contra el estado Nacional reclamando devolución de fondos coparticipables por el traspaso de gran parte del personal y bienes de la Policía Federal al ámbito porteño.

En aquella operatoria realizada en enero de 2016 bajo la presidencia de Macri, se aumentó por decreto los fondos coparticipables asignados a la Ciudad que alcanzaron el 3,75%. Bajo la presidencia de Alberto Fernández, en diciembre de 2020, esa determinación fue modificada por una ley aprobada en el parlamento nacional. Entendiendo que hubo un exceso en el monto aprobado por Macri para la administración de Larreta, la nueva normativa estableció que el Estado Nacional debía girarle a la Ciudad 24.500 millones de pesos anuales por el traspaso de la policía, monto actualizado trimestralmente. El alcalde porteño apeló a la Corte Suprema, quien resolvió que el Ejecutivo nacional había violado la autonomía de la Ciudad.

Fue la oportunidad para una nueva incursión de la Corte dándole la razón a Larreta estableciendo que el Estado Nacional debe girarle a la Ciudad la friolera de 180.000 millones de pesos, monto que va en detrimento del resto de las provincias. La acción ha sido tan indisimulablemente grosera que no dejó espacio para mirar hacia otro lado. El pedido de juicio político a sus integrantes tiene una arista inédita en la historia de nuestro país. La impulsa el Presidente Alberto Fernández con el acompañamiento de 12 gobernadores. Otros 6 mandatarios provinciales se muestran igualmente críticos con el Tribunal, aunque ven la mayor responsabilidad en su actual titular, Rosatti.

Hoy, la Corte tiene infinidad de causas sin resolver desde hace años, como el atentado a la embajada de Israel ocurrido en 1992 que dejó 22 muertos y 300 heridos. Los supremos siguen de espaldas al pueblo gozando de sus privilegios mientras están enfrascados en una confrontación con el gobierno nacional.