La Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos de 18 imputados por el incendio de Iron Mountain, entre ellos varios funcionarios del gobierno porteño, directivos de la empresa y un vigilador imputado por cancelar en más de 20 ocasiones alertas sobre el incendio. De esta manera la causa, después de 9 años de ocurridos los hechos, queda lista para ser elevada al juicio oral.

La resolución relacionada con la investigación por el incendio del 5 de febrero de 2014 en un galpón del barrio porteño de Barracas que les costó la vida a nueve bomberos y un rescatista de Defensa Civil, tuvo la aprobación de los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Ricardo Matías Pinto y Magdalena Laiño Dondiz.

“Las víctimas estaban esperando desde hace mucho tiempo” comentó el abogado querellante Javier Moral a la agencia Telam resaltando “el juzgado de instrucción a cargo ahora de la jueza Palmaghini entendió que, para aquellos cuyo procesamiento fue confirmado por la Cámara, ya está cerrada la investigación y pidió a las partes que valoremos si la instrucción está completa y si corresponde llevarlos a juicio, para lo cual hay plazo hasta el 6 de febrero”.

El 5 de febrero de 2014 el depósito de la empresa Iron Mountain ubicado en el barrio porteño de Barracas, sufrió un incendio en el que perdieron la vida 9 bomberos y 1 rescatista. Las pericias judiciales posteriores determinaron que se trató de un incendio intencional. En febrero de 2018, el juez en lo criminal Pablo Ormaechea dictó los procesamientos de doce ex-funcionarios del Gobierno porteño y cinco directivos de Iron Mountain, con embargos por presunto “incendio culposo seguido de muerte”.

En los depósitos de Iron Mountain se guardaba documentación de empresas y Bancos que están siendo investigados por lavado de dinero. La justicia argentina se encontraba, por esos días, recabando información sobre una situación escandalosa, 4.040 cuentas en la sucursal de Ginebra (Suiza) del HSBC de argentinos, de las cuales 4.000 no estaban declaradas quedando bajo sospecha de una fuga de 3.500 millones de dólares. La AFIP denunció al Banco por la existencia de una plataforma ilegal de evasión y a facilitadores que generaron una red offshore para impedir el control del fisco. El Banco negó tener una operatoria de esas características, pero las cuentas no estaban declaradas ante la AFIP. Sus titulares involucraban desde empresas con multimedios hasta prominentes figuras de la economía local.

El 29 de diciembre del 2020 la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos dictados por el juez Ormaechea; habló de “investigación grotesca y deficiente” y “defectos” en la instrucción del sumario por el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014. En el fallo se remarcó, además, que el juez había desatendido los indicios que señalaban que el incendio del depósito podría haber sido producido intencionalmente, como indicaban los informes de diversos peritos en febrero de 2015.

Gabriel Fuks, Secretario de Articulación Federal de la Seguridad y autor de un libro (Tragedias de un estado ausente) que habla de este caso, destacó que “los peritajes ya han dado como resultado firme que el incendio fue intencional, por lo tanto alguien quemó”.