Una congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, denunció presuntos pagos de sobornos del titular del fondo buitre Elliot Management, a un miembro de la Corte Suprema de EEUU. El sobornador en cuestión es un personaje tristemente reconocido en nuestro país. Su nombre Paul Singer.

La congresista demócrata, que tiene raíces en Puerto Rico una de las estrellas del país del norte, realizó la denuncia la semana pasada en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU. Allí, la diputada mostró material audiovisual donde se puede observar al millonario Paul Singer en una excursión de pesca en Alaska en el 2008 junto al juez Samuel Alito que integra el máximo organismo de justicia de EEUU (foto).

Ocasio – Cortez asegura que el juez Samuel Alito, habría aceptado varios viajes pagados siempre por el titular del fondo buitre. Además, en sus declaraciones financieras anuales, el magistrado no informó sobre su excursión de pesca en jet privado, lo cual constituye un delito en los Estados Unidos. Se trata de un juez que firmó un falló a favor de Singer en el juicio que llevó adelante contra la Argentina y le permitió cobrar U$S2.400 millones.

En junio de 2014 la Corte Suprema de Estados Unidos que integra Samuel Alito rechazó una apelación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dejando firme un fallo del juez Thomas Griesa que obligaba a los argentinos a pagar la deuda, en un pago y en efectivo, a aquellos fondos que no habían ingresado a los sucesivos canjes. Con Macri instalado en Casa Rosada los fondos buitres finalmente cobraron, el 26 de abril de 2016, su rapiña de U$S 9.926 millones.

Como presa fácil que ve tarde a su depredador, los argentinos nos anoticiamos de la existencia de los fondos buitres cuando sus garras ya estaban clavadas en la economía del país. Fue durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Tras la crisis de diciembre de 2001 conocimos la existencia de estos grupos depredadores de las riquezas de las naciones.

Aquellos eran días de viajes y encuentros de funcionarios argentinos con grupos de tenedores de bonos. Reuniones con italianos, españoles, estadounidenses y hasta japoneses, en su gran mayoría reticentes a aceptar las condiciones que el presidente repetía recordando que los muertos no pagan sus deudas. Es lo que afirmaba Néstor Kirchner mientras la economía argentina acorralada por el peso de su deuda externa buscaba recomponerse gracias al poder del consumo interno que nos llevó a vivir con lo nuestro.

Con esta impronta a mediados de 2005 Kirchner logró cerrar un acuerdo que tuvo la adhesión del 76% de los bonistas con una quita de casi el 77%. Meses más tarde, el 15 de diciembre, el presidente tomó otra medida extraordinaria, dispuso la cancelación de la deuda total con el FMI pagándole al organismo U$S 9.810 millones.

La mayor parte del 24% de bonistas que no acordó en 2005 lo hizo con la reapertura de las negociaciones que, en 2010, llevó adelante la presidenta Cristina Fernández. Solo quedaron sin querer cerrar una negociación con Argentina los tenedores del 7% de los bonos. No lo hicieron porqué estaban en manos de fondos especulativos.

El negocio de estos fondos es la judicialización en tribunales amigables. Allí es donde logran obtener fallos favorables que le permiten cobrar el 100% de bonos que compraron a un valor depreciado por haber sido emitidos por naciones que atraviesan profundas crisis económicas. De allí el mote de buitres.

Haber llegado a una situación tan límite en nuestro país, que tuvo su punto álgido con el estallido del 2001, es el resultado no solo de determinaciones económicas fallidas. Hubo también decisiones desde los gobiernos endeudadores que fueron asumidas debilitando a Argentina en sus derechos soberanos. Bajo ese contexto, es necesario preguntarse primero cómo llegaron esos buitres a tener la extraordinaria ventaja de poder litigar contra nuestro país en tribunales extranjeros.

Para responder a esta pregunta hay que retrotraerse a los años noventa y las políticas de depreciación del Estado que impulsó Carlos Menem permitiendo, entre otras cosas, que el ministro de Economía Domingo Cavallo autorizara endeudamientos con bonos bajo legislación extranjera. Aquella barbarie llegó a justificarse bajo la zoncera que era culpa de la inseguridad jurídica reinante. El creador del 1 a 1 aseguraba que si no se colocaba la soberanía jurídica en otro país ningún inversor compraría bonos argentinos.

Aquella decisión fue como tenderle la mesa a los buitres para que desciendan en nuestro territorio. Tuvieron la paciencia del ave de rapiña para esperar el momento adecuado y comprar bonos cuando estaban en su peor momento de cotización. Ya habían realizado una tarea similar en años anteriores en otras naciones. Viven de la especulación y de los momentos en desgracia que pasan las economías de los países en vías de desarrollo. Realizan su aporte para empobrecerlos más. Ya dejaron sus huellas en países como Perú, Ecuador, Costa de Marfil, Panamá, Polonia, el Congo, Brasil y naturalmente la Argentina.

En nuestro país asomaron con la multiplicación de litigios entre 1986 y 1992. Fue con acciones judiciales iniciadas por el estudio Weltover, patrocinante de acreedores panameños y suizos que eran tenedores de los títulos en dólares llamados Bonod. Cuando se vencieron estos títulos, Argentina ofreció el canje a sus tenedores. No aceptaron y recurrieron a los tribunales de Nueva York donde obtuvieron un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Fue un anticipo de lo que vendría más tarde con un costo millonario y social mucho mayor para los argentinos.

Años más tarde a los reclamos del estudio Weltover seguirían los de otros dos grandes fondos: Elliot timoneado por un tal Jay Newman apodado el destripador por su sentido de oportunismo voraz; y otro que regentea un multimillonario norteamericano que vive recluido en las Islas Caiman, llamado Kenneth Dart quien compró en el mercado secundario el 60% del total de una emisión de bonos globales 2008, por 725 millones de dólares. Estos dos grupos han sido los principales hostigadores de Argentina desde los tribunales de Nueva York.

Argentina no fue la única víctima de estos fondos buitres. En 1996, Elliot, compró 11 millones de dólares en títulos peruanos cuyo valor nominal era de 20 millones. Manejaba buena información o socios sin declarar dentro del F.M.I. Perú iba a entrar en el plan Brady y Elliot recurrió a la justicia de los Estados Unidos para cobrar los títulos al 100% de su valor. Logró tener un fallo favorable por lo que el tesoro peruano debió pagar 58 millones de dólares por la deuda, más costo judicial e intereses.

Por su parte el fondo de Kenneth Dart en 1992, con 375 millones de dólares, compró 1400 millones de dólares de bonos de la deuda de Brasil, monto que representaba en ese momento el 4% de la deuda total de este país. En 1994 el Presidente Cardozo tuvo que reestructura una deuda de 50 mil millones de dólares que tenía con 750 bancos. Dart no aceptó ningún arreglo, presionó y terminó cobrando 980 millones. Es decir, en dos años ganó 605 millones de dólares, más del doble de su inversión inicial.

Otro grupo buitre poderoso es EMCA. Se conformó en 1995, con el default de Ecuador. Reúne a unos 30 fondos que no aceptaron ser parte del megacanje durante el gobierno de Fernando de la Rua. Mientras el por entonces ministros de economía, José Luis Machinea, hablaba del blindaje, EMCA, se presentó en los tribunales de Nueva York.

Dentro del EMCA está el grupo PIMCO especializado en las llamadas economías emergentes. PIMCO fue uno de los fondos más críticos de la economía argentina de los últimos años. Lo integran personajes de gran influencia en los centros de poder económico mundial. A este grupo se le adjudica haber sido clave para que el riesgo país argentino haya trepado, en su momento, por encima de los 3 mil puntos

Durante los meses que estuvo De la Rua en la Rosada, en Roma, se conformó otro grupo de tenedores de bonos argentinos. Se los conoció bajo la sigla IGOR, International Group of Roma. Este fondo presionó políticamente al gobierno italiano para que, durante la crisis de 2001, boicotee toda negociación argentina que no contemple sus intereses.  Otros italianos, en cambio, prefirieron apuntar como principales responsables a los bancos, a quienes acusaron de mal asesoramiento, ya que adquirieron los papeles argentinos como una inversión segura, según planteaban las entidades bancarias.

La crisis del 2001 fue tan dramática que no es exagerado imaginar que tras el tremendo estallido social se estuvo cerca de la mutilación del país. Ese, es un deseo que tiene historia arraigada en la Argentina que hizo base en los integrantes de la generación del 80 como Mitre, Sarmiento, Roca o Avellaneda que pensaban que el mal argentino era su extensión.

Juan Bautista Alberdi, uno de los tutores de la generación del 80, propuso, para saldar compromisos externos que tenía nuestro país en el siglo XlX, vender las tierras de la Patagonia, Chaco y Misiones. “Sería importante, – escribió Alberdi – porque así cumpliríamos con nuestros compromisos y convertiríamos a esas tierras desérticas en inversiones del exterior establecidas en el país “.

La propuesta de Alberdi fue tomada al pie de la letra por ciudadanos japoneses durante la renegociación y quita de la deuda que llevaba adelante el gobierno de Néstor Kirchner. Una comitiva argentina que viajo a Japón para hablar con estos bonistas escuchó con asombro que una de las propuestas planteadas sugería vender tierras argentinas hasta saldar sus cuentas.

La deuda argentina acumulada durante décadas por gobiernos que fueron incapaces de poner en marcha políticas soberanas, quedó renegociada en 2010. Bajo la presidencia de Cristina Fernández el 93% de los bonistas adhirieron a la quita y los nuevos plazos. Hubo un 7% que no acordó. Fueron los usureros de estos fondos especulativos que deambulan por el mundo acostumbrados a litigar en tribunales amigables a sus intereses. Nuestro país lo sufrió con el recordado juez Thomás Griesa del distrito sur de Nueva York

Desde ese tribunal los fondos buitre hostigaron al país de muchas formas. Impusieron 28 embargos de bienes argentinos en todo el mundo y realizaron más de 900 juicios, buscando cobrar los bonos al valor total, lo que representaba obtener ganancias por más del 1.600 %. Ese era el porcentaje de diferencia entre lo pagado por los bonos y lo que pretendían cobrar.

En 2012 el juez Thomas Griesa emitió un fallo ordenando que Argentina debía pagar la totalidad de lo reclamado por los buitres​ que no habían aceptado los anteriores acuerdos. Apelación de por medio la causa llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos que, en junio de 2014, declaró que no revisará el expediente presentado por Argentina, dejando firme la sentencia de Griesa.

En 2016, los fondos buitres ganaron la partida gracias a la determinación que tomó Mauricio Macri, quien decidió pagarles U$S 9.926 millones, una determinación que tuvo la aprobación de la Cámara de diputados.

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) señalaría más tarde que el pago de la deuda en 2016 se registró de forma “incompleta, imprecisa y contradictoria” ya que para cancelar el pasivo con los holdouts se autorizaron U$S12.500 millones, pero solo se registraron pagos por U$S 9.926 millones. Es decir que hay un monto residual de más de U$S2.159 millones que no se utilizó para los fines indicados en el proyecto que aprobó el Poder Legislativo.

Los buitres no se han ido, siguen sobrevolándonos. En enero de 2019 el fondo Aurelius, inicio una nueva demanda en el tribunal federal de Manhattan contra Argentina por una cifra cercana a los U$S 84 millones. Asegura que el país no calculó correctamente el monto que recibió cuándo se iniciaron los pagos relacionados con el reclamo anterior, por lo que entiende se le debe U$S 83.7 millones, incluidos los intereses.

Aurelius es uno de los llamados fondos buitres que no quiso acordar con el país tras la quita de la deuda que propuso el gobierno de Néstor Kirchner y fue aceptada por el 93% de los bonistas. Querelló a Argentina y en 2016 la administración Macri aceptó pagarle U$S 4.650 mil millones junto a otros fondos

En noviembre de 2019 se conocieron tres nuevas demandas por US$ 423 millones contra la Argentina presentadas por fondos buitres, esta vez en la Corte de Londres. Argumentan para estas presentaciones judiciales que el cambio en el cálculo del PBI, que evitó el pago de los cupones en diciembre de 2014, es cuestionable.

Hay más demandas judiciales en danza de estos grupos especulativos. Las hay en varios tribunales del mundo contra nuestro país. Ya suman casi US$ 6.500 millones. Algunas han sido rechazadas formalmente como el falló reciente de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York contra seis de estos fondos buitre que reclamaban del pago de una deuda por U$S 75,3 millones.

La Argentina fue consumiendo su poder soberano de la mano de un endeudamiento que no ha sido solo económico. Ha dejado huellas más dolorosas aún, como la pérdida en la toma de decisiones estratégicas. El forzado endeudamiento ha sometido al país a decisiones judiciales que se toman fronteras afuera con la sospecha de estar alineadas en dirección de intereses de grupos de poder que multiplican sus ganancias a costa del empobrecimiento de los pueblos.