Por Claudio Leveroni

El debate sobre una posible ley que castigue el negacionismo se instaló esta semana en diputados. Varios proyectos de distintos representantes de fuerzas políticas democráticas se han presentado con la intención de amalgamar intereses en una misma dirección: Poner límites legales a quienes reivindican golpes de estado y sus consecuencias brutales.

Cuando se abordan estos temas surge cierto paralelismo con lo que sucede en otras naciones que han padecido procesos aberrantes de características similares a nuestro país. Alemania encabeza esa lista. Allí cualquier forma de reivindicación al nazismo es severamente castigada. Mirada que se extiende, inclusive, por fuera del país europeo como quedó demostrado hace pocas semanas en el abierto de tenis de Estado Unidos cuando el tenista alemán Alexander Zverev frenó el encuentro frente al italiano Jannik Sinner tras escuchar que un espectador gritó una frase famosa de Adolf Hitler. Minutos después, el hombre fue expulsado del estadio.

En Argentina los crímenes cometidos durante la última dictadura militar declarados de lesa humanidad vienen siendo juzgados por la justicia federal. Cada denuncia atraviesa un extenso recorrido desde su instrucción hasta llegar al juicio oral.

El modelo de nuestro país abordando procesos judiciales para delitos aberrantes contra la humanidad, es ejemplar. Podríamos señalar, sin ser exagerados, que supera al de naciones generalmente mencionadas como guía a seguir. Alemania, por ejemplo, nunca pudo juzgar a sus criminales de guerra. Los juicios de Núremberg, por los que fueron condenados los principales jerarcas nazis en 1945, se llevaron adelante por un tribunal penal internacional. En cambio, el juicio a las juntas militares, responsables de la última dictadura en nuestro país ,se realizó bajo el esquema de nuestra justicia ordinaria.

Tan poco frecuente es que esto suceda que, en 1998, 120 países aprobaron en Roma un estatuto para crear la Corte Penal Internacional (CPI), que comenzó a funcionar en 2002. El primer juicio fue a un dictador congoleño Thomas Lubanga Dyilo, condenado por crímenes de guerra.

Tras el juicio a las Juntas de 1985, en Argentina ya hubo 335 juicios por delitos producidos durante la última dictadura. Hay otros 16 que están en curso en la actualidad y por su carácter de delitos imprescriptibles se esperan varios más en los próximos años. Hasta ahora, hay 1.197 personas condenadas, 964 murieron en prisión o durante el proceso judicial, 22 están prófugos.

Las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) frenaron muchas de estas causas que recién se reabrieron en 2003 tras la derogación de esas leyes.

Los juicios por crímenes de lesa humanidad históricamente analizaron responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y las apropiaciones de menores. En los últimos años se comenzaron a juzgar nuevos temas: violencia sexual, delitos por motivación económica, inteligencia y complicidades civiles.

Hace pocos días el exjuez Pedro Laurentino Duarte y el exfiscal Víctor Marcelo Ortiz empezaron a ser juzgados por un Tribunal Federal de Neuquén por haber omitido investigar, o incluso por haber justificado con hechos falsos, delitos de lesa humanidad durante la dictadura. La causa abarca los secuestros, las torturas y las desapariciones de 23 personas.

Esta semana el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Salta condenó a 18 años al dueño de la empresa de ómnibus La Veloz del Norte, Marco Levin, y a otras 2 personas a 16 años. Todas consideradas responsables del secuestro y la tortura de 17 empleados de esa firma, en enero de 1977.

En una justicia tan golpeada y bastardeada desde adentro de su propia estructura, Argentina presenta un verdadero mojón contra la impunidad a partir de estos juicios que no dejan a los delitos aberrantes cometidos en los años más oscuros del país como una causa pendiente.