La ineficiencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene infinidad de capítulos, acaso uno de los más destacados sea la cajoneada causa relacionada con la explosión ocurrida a las 14:47 del 17 de marzo de 1992 en la embajada de Israel ubicada en Arroyo al 900 del barrio porteño de Retiro. Un atentado terrorista que le costó la vida a 22 personas dejando 242 heridos. El caso aún permanece impune.

En 1992 el presidente era Carlos Menem quien apuntó la responsabilidad, inmediatamente después del hecho, a sectores del nazismo relacionando la acción terrorista a militares carapintadas, atendiendo al último levantamiento de diciembre de 1990. Tampoco pasó desapercibida la observación relacionada con la participación Argentina en la guerra contra Irak. En 1991 Menem envío dos buques de guerra al Golfo comprometiendo al país en los intereses y acciones bélicas de la coalición liderada por Estados Unidos contra Irak.

Días después del atentado fueron detenidos tres personas de nacionalidad paquistaní que fueron liberados una semana más tarde, aunque quedaron involucrados en la investigación hasta 1999 cuando, finalmente, fueron desvinculados definitivamente. Inicialmente se consignó que hubo 29 fallecidos, luego 26, y finalmente, en 1999, la Corte ratificó que fueron en realidad 22 víctimas fatales.

Como el atentado involucró a una delegación extranjera, la causa quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia. El 24 de marzo del 92 se abrió el expediente 143/1992, que continúa en poder del máximo tribunal sin resultados. La Corte rechazó luego el pedido de los querellantes de convocar a declarar a los custodios de esa fuerza que se retiraron de la puerta de la Embajada poco antes de la explosión. Recién en 1996 esos efectivos policiales fueron citados a testimoniar junto al titular de la comisaría 15 que fue la encargada de inicial de la pesquisa que formaron parte de la instrucción de la causa.

Cuatro años después de la explosión surgió una hipótesis traída por un ex integrante de la Corte Suprema hasta 1995. Se trató de Ricardo Levene quien planteó que el edificio había sido demolido por un artefacto explosivo colocado en su interior. La idea de Levene se desvaneció con rapidez mientras varios peritos coincidían que el atentado se había concretado con una camioneta que explotó frente al edificio. Esta última terminó quedando como la versión más atendible por los funcionarios de la Corte que llevaban la instrucción a partir de una Secretaría Especial que en 1999 solicitó la captura internacional de Imad Mughniyieh, entonces jefe militar de Hezbollah.

En 2006, y por impulso de los familiares de las víctimas, la Corte Suprema declaró la causa como imprescriptible. En 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó mediante un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial “la desclasificación de la totalidad de la documentación de los archivos de inteligencia relacionados con el mencionado atentado”.