Entre quienes prestarán testimonio en las jornadas venideras hay varios diputados. Eduardo Valdés, Pablo Carro, Vanesa Siley y María Rosa Martínez presentarán pruebas contra Carlos Rosenkrantz. Entre otras acusaciones se lo hace responsable de ser el arquitecto del fallo que benefició con el “2×1” al represor ya fallecido Luis Muiña, que había tenido condenas por secuestros, torturas, desapariciones y homicidio en el Hospital Posadas, donde funcionó un centro clandestino de detención. También se le endilga firmar al menos 25 fallos favorables a sus viejos clientes entre ellos Supercanal, la Clínica Estrada, Supermercado Día, el Grupo América y Pan American Energy.

La diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, podrá argumentar los dos escritos impulsados por esa fuerza política contra Ricardo Lorenzetti. En tanto la senadora Juliana Di Tulio (FdT), hará lo propio en relación con los dos expedientes que impulsa contra los cuatro miembros y Horacio Rosatti en particular.

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibirá también las denuncias de varios particulares que representan siete de los proyectos de acusación. Tal es el caso de Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Patricia Isasa. Todos planteando graves denuncias contra los cuatro supremos.

El caso de Isasa es particularmente cruel. Se trata de una mujer que fue secuestrada en julio de 1976 en Santa Fe. Llevada a la Comisaría 1 de esa ciudad fue torturada y violada. Años más tarde, después de exilios y denuncias apuntando a sus captores, Isasa volvió a Santa Fe. Horacio Rosatti era intendente de la Ciudad y tenía como colaborador en el área de cultura al expolicía que había secuestrado y violado a Isasa, Eduardo Ramos Campagnolo. La mujer le dio el beneficio de la duda a Rosatti entendiendo que podía no saber a quién tenía a su lado. En una entrevista formal que tuvo con él no solo le relató aquel tortuoso padecimiento, también le llevó la documentación correspondiente a denuncias y resoluciones. “Rosatti me dijo que se iba a encargar del tema, pero con el tiempo comprobé que no hizo nada, ni siquiera abrió un sumario administrativo, para verificar los hechos por mi denunciados con documentación en mano. Rosatti conoció los antecedentes de Ramos, y lo encubrió, manteniéndole el trabajo en la Municipalidad”, relató Patricia Isasa quien terminó presentando un pedido de juicio político contra el actual titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.