Por Felipe Efele

Hay un capítulo que no se puede soslayar cuando referimos al 2 de abril de 1982 como una fecha para anclar en nuestra memoria. Dos días antes de aquel intento por retornar a Malvinas sucedió un acontecimiento que estaba llamado a ser un punto final para el régimen cívico militar que gobernaba por entonces

Cumpliendo el sexto año de la más oscura y extensa noche vivida por los argentinos, la dictadura tropezaba con la fuerza de una mayor resistencia popular. Ya no era solo el coraje de las madres y abuelas de plaza de mayo reclamando la aparición con vida de sus hijos y nietos. La rebeldía social se extendía a una cada vez más amplia franja de la población que se animaba a expresarse en las calles, pese a la violencia desplegada por el mando militar.

Los gremios más combativos, alineados en la CGT de Brasil que conducía el dirigente cervecero Saúl Ubaldini, asumieron un protagonismo central en lo que terminó siendo una movilización emblema de la resistencia. El 30 de marzo de 1982 decenas de miles de personas se movilizaron en todo el país contra la dictadura. Fueron reprimidas brutalmente. Hubo un muerto en Mendoza, centenares de heridos y miles de detenidos.

En casi todo el país, centenares de miles de personas salieron a la calle bajo una misma consigna, “Pan, Paz y Trabajo” sintetizando los reclamos sociales. La movilización fue multitudinaria, parecía ser el comienzo del fin de aquel proceso que se había iniciado en marzo del 76. Un general, Leopoldo Fortunato Galtieri, era quien reposaba su presencia en la Rosada asumiendo la continuidad que le habían impuesto sus pares antecesores Jorge Rafael Videla, en el inicio de la dictadura, y Roberto Viola más tarde.

La resistencia sindical a la dictadura había comenzado mucho antes del 30 de marzo de 1982. El primer paro nacional ocurrió el 27 de abril de 1979 nacionalizando la resistencia de los trabajadores de 25 gremios peronistas que terminarían por consolidar, en noviembre del año siguiente, la formación de la CGT Brasil para diferenciarse de otros gremios cuyos dirigentes mantenían diálogo con los dictadores.

Pensando que frustrarían aquel primer paro la respuesta de la dictadura fue detener en la tarde del 26 de abril, y trasladarlos a la Cárcel de Caseros, a la mayoría de los dirigentes gremiales que habían convocado a la rebelión. La medida de fuerza se desarrolló igual y con gran adhesión atendiendo las particularidades de una época signada por la brutal represión que incluía la desaparición de personas.

El 22 de julio de 1981 se realizó la segunda huelga general contra el gobierno militar declarada también por la CGT-Brasil, y el 7 de noviembre de ese mismo año los sindicalistas dieron un paso más audaz todavía. Convocaron a la primera manifestación abierta contra la dictadura aprovechando la tradición anual de marchar hacia la iglesia de San Cayetano.

La estocada final a un poder militar muy jaqueado fue la histórica movilización convocada por la CGT-Brasil bajo la consigna Pan Paz y Trabajo, el 30 de marzo de 1982. Miles de personas marcharon hacia la Plaza de Mayo para exigir democracia. La movilización se replicó en todo el país desencadenando una severa represión.

En Mendoza miembros armados de la Gendarmería Nacional bajaron de un vehículo oficial y balearon una columna de manifestantes asesinando a José Benedicto Ortiz, secretario general de la Asociación Obrero Minera Argentina e hiriendo a varias personas más.

La violencia represiva regó toda la geografía nacional en aquella jornada Fueron encarcelados todos los dirigentes de la CGT junto a más de 1000 personas detenidas mientras protestaban en las calles y plazas de todo el país. Entre ellos estaban Saúl Ubaldini, cinco integrantes de la Comisión directiva de la CGT Brasil, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y un grupo de Madres de Plaza de Mayo.

La mitad de la tapa del diario Clarín del día siguiente, 31 de marzo, daba cuenta de la protesta. La otra mitad estuvo dedicada a declaraciones del Canciller Costa Méndez referidas a un incidente sin muchas trascendencia pública aún ocurrido en las Georgias. Ese título decía: “Costa Méndez: ‘No cederemos a ninguna intimación’”, agregando en letras más chicas que “Gran Bretaña ratificó su soberanía sobre las Malvinas”.

Acaso se pueda suponer que los responsables del matutino, que fue muy beneficiado en esos años gracias a la entrega que le dio la dictadura de Papel Prensa, conocían lo que ya estaba en marcha y se haría ppúblico en los hechos horas más tarde, el 2 de abril.

Cuando Argentina parecía dejar atrás la noche más oscura de su historia el poder militar mostraría, dos días después de aquella masiva movilización reclamando libertad y justicia, una última carta. Sería el turno de Malvinas

El 18 de marzo de 1982, un grupo de argentinos llegó hasta las Georgias para desmontar las plantas balleneras que habían sido abandonadas dos décadas atrás. Un empresario Argentino Constantino Davidoff había gestionado ante la Cancillería Argentina y la embajada británica los permisos correspondientes. Quería aprovechar el material que se pudiera reutilizar.

Davidoff había estado en el lugar un año antes para hacer un inventario de lo que allí había. Sobre sus intenciones la dictadura comenzó a montar las propias. Un buque de la Armada, el Bahía Buen Suceso, se encargó de trasladar 39 hombres hasta Puerto Leith en Georgias para realizar las tareas de desguace. La mayoría de ellos eran infantes de marina a cargo de Alfredo Astiz. Llevaban todo lo necesario para trabajar, comer y su asistencia médica. Se alojaron en dos edificios abandonados.

Desde septiembre del 81 que la dictadura venía monitoreando las intenciones del empresario con la intención de provocar una acción de recuperación del territorio. El plan consistía en infiltrar militares entre los obreros, con la excusa de que eran científicos.

En esa fecha, la única presencia británica en Puerto Leith era un equipo de científicos que fue quienes descubrieron al ARA Bahía Buen Suceso descargando equipos y la bandera argentina flameando en uno de los edificios.

La primer ministra Margaret Thatcher estaba al tanto de esas intenciones por reportes internos que le llegaban. Dejó correr los acontecimientos atento a explotar alguna situación que le permita mejorar su propia decaída imagen. Sabía que en algún momento los militares argentinos intentarían tomas las islas.

Confrontaban dos gobiernos nacidos en la segunda mitad de la década del ’70 con el mismo plan económico. Londres y Buenos Aires, casi sin diferencias sustanciales en los factores comunes que garantizaban la aplicación general del mismo proyecto político: la desaparición del Estado como garante del bienestar y la entronización del mercado como nuevo tutor del futuro.

El 30 de marzo, cuando se hizo obvio que el ataque era inminente, el gobierno británico ordenó que un destructor, seguido de otros dos buques de superficie y tres submarinos nucleares, se dirigieran a las islas Georgias del Sur. El resto de las unidades de la marina británica se puso en alerta de cuatro horas.

La Armada Argentina dejó en Georgias del sur un destacamento de 55 infantes de marina en las islas junto con los obreros desmanteladores de chatarra que permanecieron en Puerto Leith.

La isla fue retomada por las fuerzas británicas el 25 de abril de 1982. Alfredo Astiz, que había realizado en Buenos Aires tareas de espionaje y secuestro de madres fundadoras de plaza de mayo, firmó su rendición ante los ingleses sin disparar un solo tiro.

El conflicto bélico en el sur argentino involucró a 23.544 combatientes argentinos, el 70% de ellos eran menores de 25 años, el 40% eran menores de 20 años, la mayoría del interior del país. El pleito finalizó el 25 de junio, dejando un saldo de 650 combatientes argentinos muertos en combate, la mayoría fue en el hundimiento del crucero General Belgrano, un ataque de Gran Bretaña que se cobró 323 víctimas.

De los 650 argentinos fallecidos 296, es decir el 40%, eran conscriptos de tan solo 18 años. Tras el regreso de Malvinas, producto de las secuelas que sufrieron, otros 844 conscriptos perdieron la vida. Muchos sufriendo el proceso de ocultamiento de los hechos y desmalvinización que se vició en los primeros años posteriores al conflicto

Según reconoce la ONU existen en el mundo 17 enclaves coloniales. Territorios que todavía tienen un sistema de dominación de tipo colonial. Nueve están ubicados en el Atlántico y el Caribe; seis en Asia; uno en África y uno en Europa. Gran Bretaña ocupa el primer puesto como imperio usurpador, uno de esos territorios son nuestras Islas Malvinas que llevan 190 años de la ocupación ilegítima.

El 3 de enero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente. Las Islas Malvinas formaron parte del área bajo jurisdicción de España desde la entrada en vigor de los primeros instrumentos internacionales que delimitaron el llamado “Nuevo Mundo” desde 1492.

A principios del siglo XVI y durante la mayor parte del mismo, navegantes al servicio de España transitaron las rutas marítimas a lo largo de la costa sudamericana, avanzando hacia el sur en busca del paso interoceánico. En este avance la expedición que comandaba Magallanes en 1520 se topó con las Islas Malvinas. A partir de ese momento, fueron registradas en la cartografía europea con diversos nombres y quedaron dentro de los espacios bajo control efectivo de las autoridades españolas.

Toda la región austral de América, con sus costas, mares e islas, quedó indiscutiblemente preservada bajo la soberanía española a través de los diversos tratados suscriptos en este período, como el Tratado de Madrid de 1670, entre España e Inglaterra, y el Tratado de Utrecht de 1713.

La sucesión de gobernadores españoles en las Islas Malvinas, que llegaron a un total de treinta y dos, fue continua desde 1767 hasta el año 1811 con motivo de la recién desatada Guerra de la Independencia. En el marco de este conflicto, los primeros gobiernos patrios de las Provincias Unidas continuaron con la administración de las Malvinas, a las que consideraron parte integrante de su territorio.

En 1820, el Coronel de la Marina argentina David Jewett llevó a cabo el primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas y concretó la toma solemne de posesión en las Islas Malvinas en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El gobierno argentino procedió también al dictado de normas y al establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el ejercicio pleno de su soberanía, incluyendo el fomento al desarrollo de actividades comerciales y el establecimiento de población, culminando en la creación, el 10 de junio de 1829, de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos.

Sin embargo, el 3 de enero de 1833, dicho ejercicio efectivo de la soberanía fue interrumpido mediante un acto de fuerza por parte del Reino Unido, que ocupó ilegalmente las islas, expulsando a las legítimas autoridades argentinas allí asentadas. El usurpador llevó súbditos británicos para poblar las Islas instaurando desde entonces medidas restrictivas para reducir y evitar el asentamiento del pueblo argentino en las Malvinas.

El acto de fuerza de 1833, llevado a cabo en tiempo de paz, fue inmediatamente rechazado bajo protesta por las autoridades argentinas. Desde entonces todos los gobiernos de nuestro país han reafirmado ininterrumpidamente sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

La existencia de la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 de 1965.

Esta resolución, adoptada sin ningún voto en contra, y en el marco del objetivo de poner fin al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones, consagra el llamado de la comunidad internacional a proceder sin demora a negociaciones bilaterales entre Reino Unido y la Argentina que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas.

En cumplimiento de la mencionada Resolución, desde 1966 y durante 16 años, ambos países llevaron a cabo negociaciones para alcanzar una solución a la disputa de soberanía. No obstante, y pese a las innumerables invitaciones de la Argentina y a la exhortación de las Naciones Unidas, el Reino Unido se niega de manera sistemática a retomar las negociaciones de soberanía.

La comunidad internacional ha reiterado la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible, lo que fue expresado en 10 resoluciones de la Asamblea General y en 39 del Comité Especial de Descolonización de la ONU y en numerosas declaraciones de foros regionales y multilaterales tales como la OEA, el G77 más China, el MERCOSUR, la Cumbre Iberoamericana, la CELAC, el SICA, el PARLASUR, el PARLACEN, el Foro de Cooperación América del Sur-África (ASA) y la Cumbre Países Árabes – Sudamérica (ASPA).

La negativa británica para cumplir con la obligación de reanudar las negociaciones por la soberanía se encuentra agravada por la continua introducción de actos unilaterales por parte del Reino Unido como la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como una injustificada y desproporcionada presencia militar en las Islas. Todos estos actos son contrarios a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y han suscitado múltiples expresiones de preocupación y rechazo por parte de la comunidad internacional.

Pasaron 190 años de la usurpación de Malvinas y 41 de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 4 de noviembre de 1982, meses después de finalizado el conflicto del Atlántico Sur, solicitando, a los gobiernos reanuden las negociaciones. La negativa británica persiste, la petulancia imperial se arroga derechos a contramano de una época que va sellando heridas de un colonialismo territorial que se va acabando con llamativa lentitud en todo el mundo.