La Corte Suprema le dio la razón al Congreso dejando firme este jueves la cautelar que obliga al Gobierno Nacional a la aplicación de dos artículos de la Ley de financiamiento universitario, tal como lo había determinado en una instancia anterior.

El máximo tribunal de justicia rechazó el recurso que había presentado el gobierno y sostuvo la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles. Ahora, el Poder Ejecutivo Nacional debe acatar el fallo y aplicar la ley de financiamiento que reclama toda la comunidad universitaria. De no hacerlo estaría incumplimiento los deberes de funcionario público.