Por Claudio Leveroni

El gobierno no parece dispuesto a conciliar su relación con lo que define como la casta política, mucho menos con la amplia franja de la sociedad que no acompaña sus determinaciones. En esa categoría de casta se encuentran los sectores más “dialoguistas” que permitieron la aprobación de la muy polémica ley de Bases. Senadores y diputados que levantaron la mano pese a las duras calificaciones propinadas por el primer mandatario, quien llegó a tratar de “ratas” a los integrantes del parlamento. No fue el único calificativo deshonroso que utilizó el presidente.

Pese a las brutales definiciones de Milei, y después de sospechosas maniobras de seducción para el grupo más pragmático, hubo senadores que le dieron el quorum esta semana. Otros, directamente le aprobaron una ley que oxigena políticamente al gobierno en su tarea de imponer a rajatabla un modelo de país sin Estado presente.

En esa continuidad de no levantar el pie del acelerador el gobierno se muestra dispuesto a captar también voluntades de diputados para que ratifiquen lo ya votado en esa Cámara en primera instancia. No hay disimulo de la maniobra que propone volver a votar el proyecto original de la ley de Bases. El Jefe de Gabinete Guillermo Francos, un eficaz negociador en ese “toma y daca”, lo expresa a boca de jarro.

Una maniobra así no solo representa mantener alta la tensión con una franja de la sociedad que expresó su descontento con la ley, por lo que fue brutalmente reprimida el día que tuvo la probación del Senado, es también una grosera forma de desconocer lo pactado en el Senado con los sectores aliados que votaron el proyecto después de descartar, aproximadamente, 400 de los 600 artículos de la normativa.

Si el gobierno logra ese objetivo, entre otros temas, tendremos de nuevo el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría o se avanzará con todas las privatizaciones que establecía el mamotreto fundacional del proyecto que tiene como máximo responsable a Federico Sturzenegger. También se mantendrá la versión original del Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), una grosera entrega de los recursos nacionales a fondos de especulación que pasarán el rastrillo con la comodidad de una ley de aliento a la depredación.

A sabiendas que por ser Cámara de origen tendrá la definición de lo que finalmente regirá como ley, Francos estuvo en diputados la semana pasada. Encontró allí rápidamente aliados que acompañan su idea de mantener la nociva versión original del mega proyecto. El macrista Cristian Ritondo y el radical Rodrigo de Loredo están entre ellos. Al primero le es útil por la posibilidad que representa de elevar su perfil en la confrontación que mantiene con Patricia Bullrich, mostrándose como referente central del Pro. El segundo pulsea la lucha por liderar la UCR enfrentándose en ese objetivo con el porteño Martín Lousteau. Se trata de una redición, por cierto de baja calidad, del cruce histórico que tuvo el centenario partido bajo lo que se conoció como Línea Nacional, liderada Ricardo Balbín, y la Renovación y Cambio de Alfonsín.

Mequetrefes aparte, queda lo importante. Una ley con artículos muy nocivos para el bienestar de los argentinos que estamos necesitados de un Estado con protagonismo estratégico en el crecimiento y desarrollo nacional. Algo que tiene toda nación que se precie de soberana. La ley de Bases representa un intento de regreso a un país colonial. No es esta una interpretación antojadiza de quien escribe. El propio Milei lo expresa cuando interpreta el desarrollo de la historia argentina. Allí, establece que la decadencia del país se inicia en las décadas del siglo veinte cuando se lograron derechos sociales y laborales. Fueron años donde se sancionaron leyes que permitieron a una mejor distribución de la riqueza nacional.