a 50 años del golpe que hizo sangrar a Chile

El 11 de septiembre de 1973, Chile, uno de los países de Latinoamérica con mayor tradición democrática, fue sacudido con un golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet derrocando el gobierno constitucional que encabezaba Salvador Allende, asesinado en esa jornada.

Los militares desencadenaron una furibunda represión contra los partidarios de la Unión Popular (UP), que se saldó con miles de detenidos y centenares de muertos. Sólo dos semanas antes, Pinochet había sido designado por Allende comandante en jefe del Ejército para sustituir al dimitido general Carlos Prats que, falto de apoyos en la cúpula y los mandos del Ejército, no pudo resistir la presión social de la derecha.

El General era un hombre astuto, hermético y ambicioso, no había jugado un papel relevante en la preparación del golpe, pero cuando los organizadores se lo propusieron, no dudó en aprovechar la oportunidad histórica de encabezarlo.

En la madrugada del 11 de septiembre, los barcos de la Armada, que habían zarpado el día anterior para participar junto a buques estadounidenses en unas maniobras militares, regresaron a Valparaíso.

Eran las 6 de la mañana y unos pocos cañonazos bastaron para ocupar las calles del puerto, la Intendencia y los centros de comunicación.

Advertido de los primeros movimientos golpistas de la Armada en Valparaíso, el presidente llegó a La Moneda acompañado de su guardia personal a las 7,30 horas y, en los alrededores, ya había apostadas tropas rebeldes.

En su primera alocución por radio, Allende informó al país del levantamiento y, quince minutos después, las emisoras de la oposición transmitieron la primera proclama de las Fuerzas Armadas. Después de tratar inútilmente de comunicarse con los jefes de los tres ejércitos, Allende tuvo claro que los tres cuerpos estaban conjurados en el golpe.

Fue entonces cuando empezaron a sentirse los primeros disparos entre golpistas y francotiradores instalados en los edificios públicos próximos. A las 9,20 de la mañana, Allende habló por última vez a través de Radio Magallanes y, con emotivas palabras, se despidió del pueblo chileno en el que constituyó su último discurso.

Poco más tarde, los tanques comenzaron disparar intensamente contra La Moneda y, cerca del mediodía, cuatro aviones arrojaron durante quince minutos más de veinte bombas explosivas sobre el viejo edificio, que empezó a arder.

El ataque constituyó la acción militar más emblemática del golpe, la más determinante para su éxito y un ejemplo de precisión, porque las bombas destruyeron el interior del inmueble pero no la fachada. El presidente resistió los ataques aéreos y terrestres dentro del edificio junto con un grupo de fieles colaboradores, hasta que efectivos militares lograron entrar y ocupar la planta baja.

Oscar Soto, médico personal del mandatario, que ya se había entregado, escuchó una ráfaga de metralleta y ya no volvió a ver a Allende. Cuando el comandante Roberto Sánchez – otro fiel colaborador del presidente- entró al salón donde estaba el cuerpo de Allende, lo encontró con un fusil automático AK-47 dirigido a la mandíbula.

Si bien hubo varias versiones sobre su muerte, la hipótesis del suicidio fue avalada por el testigo presencial Patricio Guijón, médico colaborador de Allende y aceptada por la familia. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Viña del Mar y, con la llegada de la democracia en 1990, trasladado al de Santiago mientras que el 23 de mayo de 2011, a petición de la fiscalía, fue exhumado y se confirmó que la causa de muerte fue suicidio.

La masiva desclasificación de documentos estadounidenses sobre el golpe de Estado en Chile en 1999 y 2000 confirmó la responsabilidad de Washington en el derrocamiento de Allende. En aquel septiembre de 1973, el Estadio Nacional se convirtió en el mayor campo de detención.

Cerca de 30.000 partidarios de la UP fueron hechos prisioneros, torturados y muchos asesinados, entre ellos el cantautor Víctor Jara. Diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de las comisiones generadas por el Estado, aseguran “que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer” en el periodo 1973-1990. Hasta el momento, se ha responsabilizado penalmente por desaparición forzada de víctimas a “agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades”.

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