A través de la Cámara que los nuclea las empresas de micros de larga distancia denunciaron que el Estado tiene una deuda con este sector que supera los $27.000 millones. La misma está relacionada con el pago de compensaciones de pasajes para personas con discapacidad. El conflicto se encuentra judicializado desde hace más de un año.

De esta forma la Cámara Empresaria de Larga Distancia salió al cruce de una determinación asumida por el gobierno nacional a través de una resolución publicada en las últimas horas en el Boletín Oficial en la que dejó sin efecto subsidios y compensaciones económicas para las compañías que otorgan boletos gratuitos a personas alcanzadas por las leyes de discapacidad, trasplante y oncopediatría.

Al darse a conocer la noticia de la suspensión de estos subsidios el gobierno salió a responder que los pasajes gratis siguen estando vigente. Lo deben afrontar las empresas ya que la resolución anula el pago de subsidios a las compañías de transporte público. A partir de esta comunicación es que las empresas salieron a recordar la enorme deuda que el Estado mantiene por la falta de pago de esos subsidios.