El endeudamiento argentino ha sido en nuestra historia, y lo sigue siendo en el presente, una herramienta externa de dominación política. Paralizó el proceso de crecimiento y desarrollo del país negando posibilidades de bienestar para los argentinos.

Su concepción fue parte, y aún lo sigue siendo, de una estrategia geopolítica tendiente a fortalecer el esquema vigente del poder hegemónico mundial. Nuestros acreedores actuales no aspiran a que argentina pague su deuda, solo esperan que nuestro país se mantenga dentro de las reglas que impone un sistema cuyas normas monitorean con llamativa facilidad. No es una trampa de época, la historia argentina está envuelta, desde sus inicios en situaciones similares.

Argentina atravesó varios capítulos relacionados a permanentes endeudamientos tanto económicos como políticos. El primero de ellos se remonta a 1822 cuando Bernardino Rivadavia autorizó lo que sería el primer crédito externo para la Argentina. Se negoció durante dos años con la casa bancaria inglesa Baring Brothers. Otorgado en 1824 fue un empréstito de 1.000.000 de libras esterlinas, equivalente a 5 millones de pesos fuertes (la moneda argentina) que se destinarían a obra pública, como la restauración del antiguo muelle, o realizar instalaciones de agua corriente. La tasa fue del 6% anual y se debía cancelar en cuotas, la última en 1860.

La provincia de Buenos Aires puso de garantía para obtener ese préstamo bienes, rentas y una parte de sus territorios. La operación tuvo varias defraudaciones. La primera fue que, descontadas las comisiones de los seis gestores, dos de los cuales eran ingleses, los gastos de emisión y varias cuotas adelantadas, llegaron a Buenos Aires sólo 570.000 libras. Para colmo, la mayoría de ese monto se giró a través de letras de cambio sobre casas comerciales británicas en Buenos Aires que eran propiedad de los gestores del empréstito. Pese a esto la deuda se asumió por 1 millón de libras.

La segunda defraudación es que no se hizo ninguna obra pública con el dinero del empréstito. Los fondos fueron dilapidados en cuestiones menores y en la guerra contra Brasil. Los pagos correspondientes se interrumpieron a los seis meses. Veinte años más tarde, en 1842, Rosas intentaría llegar a un acuerdo. Los ingleses pidieron a cambio de la deuda la entrega de las islas Malvinas, algo que el caudillo federal no aceptó.

Hubo pagos parciales a los ingleses que nunca dejaron de reclamar y multiplicar el monto aplicando intereses en forma unilateral. Ochenta años más tarde, en 1904 se terminó de pagar el crédito, la Argentina terminó abonado a la Casa Baring Brothers la suma de 23.734.766 pesos fuertes.

No escarmentados con semejante antecedente la derecha argentina volvió a endeudar al país. Esta vez bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo. En 1933 se firmó, otra vez con los ingleses, un convenio conocido como Rocca – Runciman para facilitar la exportación de carne a Gran Bretaña. Argentina aceptó condiciones comerciales indignas y un posterior endeudamiento que terminó de pagar en 1952 el gobierno de Juan Domingo Perón.

Fue bajo la segunda presidencia de Perón que el país por única vez pasó de ser deudor a acreedor internacional. Gracias a una marcada disminución de la deuda externa se saldó en 1952 el pago de m$n 12.649.471 correspondiente a las 2 últimas cuotas semestrales del Convenio Roca-Runciman. Además de desendeudarse, Argentina pasó a ser acreedora por más de 5.000 millones de pesos moneda nacional por préstamos otorgados a España, Francia, Italia, Bélgica y Finlandia, entre otros países.

En su proceso evolutivo histórico el endeudamiento argentino pasó por distintas etapas. En 1976, bajo dictadura cívico – militar y con Alfredo Martinez de Hoz manejando el Palacio de Economía, Argentina fue puesta en un acelerado proceso de compromisos externos como nunca había tenido. Con cada dólar ingresado como deuda, Argentina fue debilitando su autonomía. La deuda externa saltó de 6 mil millones de dólares, en 1976, a 42 mil millones en 1983.

Cuando aquel proceso dictatorial ingresó en su etapa final, el periodista Alejandro Olmos presentó en octubre de 1982 una denuncia penal señalando que el endeudamiento forzado por las juntas militares había sido ilegal.

La investigación judicial contó con numerosos peritos de organismos oficiales y privados, locales y extranjeros. El lento avance de la causa fue comprometiendo seriamente a exfuncionarios civiles y militares de entonces, entre ellas, al ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, a su mano derecha Guillermo Walter Klein (h), quien tuvo a cargo la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, y a los distintos presidentes del Banco Central.

La causa Olmos tuvo fallo favorable recién en julio de 2000. El dictamen fue contundente. El endeudamiento externo entre 1976 y 1983 sirvió para solventar negocios privados, fue lo que dictaminó el fallo del juez Jorge Ballestero. No hubo condenas debido a su prescripción, pero quedo jurídicamente demostrado que hubo una planificación para el endeudamiento forzoso de la Argentina durante los años de dictadura militar.

Los principales beneficiarios de aquel endeudamiento fueron algunas corporaciones económicas, ligadas a los centros financieros internacionales, como el Grupo Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati, Alpargatas, o Pescarmona. Todos contrajeron deuda privada que más tarde sería estatizada con seguros de cambio desde un Banco Central que presidía Domingo Cavallo.

Cavallo fue a realizar esa tarea. Estuvo solo unos pocos meses de 1982 al frente del Banco Central. Ese mismo año la entidad tuvo tres titulares. Antes de la llegada de Cavallo, estuvo Egidio Iannaella y después Julio González del Solar. La tarea central de Cavallo en ese corto período fue articular los seguros de cambio que permitieron el traspaso de la deuda de esas empresas al Estado Nacional.

En la resolución de la Causa Olmos quedó demostrado que mediante el endeudamiento en el exterior las empresas públicas conseguían dólares que no utilizaban, quedaban en el Banco Central beneficiando a empresas privadas que tomaban esos dólares para su beneficio. Lo que concretó Cavallo con esos seguros de cambio es la estatización de esas deudas privadas.

YPF, por ejemplo, fue obligada a tomar deudas cada tres meses sin ninguna necesidad real. A la compañía nunca llegaban esos dólares, que se quedaban en el Banco Central. En la última etapa del proceso, la deuda de YPF había llegado a 6.000 millones de dólares; había crecido desde 1976 unas 16 veces, y llegó a constituir un décimo de la deuda total del país. Los dólares eran utilizados por los grupos privados para jugar y ganar con los tipos de cambio y la fuga de divisas.

En la Causa Olmos no hubo condenados. El tiempo que había pasado del delito cometido estableció su prescripción. Lo que no tuvo prescripción fueron las consecuencias del brutal endeudamiento. Generó padecimientos de la población y condicionó la posibilidad de políticas de crecimiento y distribución. Lo padeció Raúl Alfonsin en el regreso a la democracia. Tuvo que concluir su mandato antes de tiempo tras una hiperinflación hija del endeudamiento político.

Durante los primeros años de la década del 90, la deuda externa argentina dejó de estar concentrada en los organismos financieros internacionales como el FMI o el Banco Mundial, o en reconocidas instituciones bancarias como el Cheasse Manhattah Bank, Citicorp, Deutsch Banck y Banco de Tokio. Aparecieron en el escenario organizaciones usureras reconocidas como fondos buitres.

El ingreso de los fondos buitres se produjo cuando los bancos acreedores de Argentina formaron el club de restructuradores de la deuda, algo permitido tras la negociación derivada del plan Brady que negoció Cavallo, como ministro de economía de Carlos Menem. Aquel plan de fortalecimiento de la dependencia económica recibió el apellido de su ideólogo, el entonces secretario del tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady.

El Plan Brady fue parte de la estrategia geopolítica de Estados Unidos para aquellos años en nuestra región. Comenzó a aplicarse en marzo de 1989. Con el tiempo incluyó, además de Argentina, a Brasil, Ecuador, Venezuela y México. Naciones que ya habían sufrido el proceso político previo de endeudamiento a través de dictaduras o gobiernos de derecha que comandaban los destinos de esos países.

Domingo Cavallo, transformado en el super ministro de la convertibilidad, hablaba del plan Brady como si se tratara de una extraordinaria oportunidad para el país. Lo que realmente sucedió fue desastroso para la economía argentina. Los bancos formaron el club de restructuradores de la deuda argentina, inundando con bonos nacionales las plazas financieras de todo el mundo. Crearon las condiciones perfectas para el pillaje usurero que los fondos buitres, disfrazados de bonistas, estaban esperando.

Con el nacimiento del nuevo siglo la crisis se profundizó. Se agotaron los fondos que ingresaron por las privatizaciones y la trampa del endeudamiento quedó al desnudo como una guillotina a punto de descabezar a Argentina.

La situación usuraria se acentuó a partir del default. Entre enero de 2002 y junio de 2004 el FMI cobró de la Argentina 3.200 millones de dólares más de lo que le prestó. En este mismo período Argentina, que estaba inmersa en la crisis económica más grave de su historia, abonó 1700 millones en intereses a los organismos financieros, un dinero no sujeto a reembolso.

Para ese entonces comenzaron a difundirse distintas publicaciones, entre ellas del propio Banco Mundial, también de la Confederación Económica para América latina y del Comité para la anulación de las deudas del Tercer Mundo. En todos los casos se señalaba que América latina pagó en los últimos 20 años, seis veces su deuda original. El Foro Social Mundial reunido en Buenos Aires en el 2002, reclamó analizar la legalidad de la deuda Argentina teniendo en cuenta las denuncias presentadas, en su momento, por Alejandro Olmos.

La Argentina post menemista profundizó la crisis. Se aceptó el llamado blindaje financiero. Una propuesta del F.M.I. que les aseguró a los fondos buitres la continuidad en el proceso de toma de ganancias futuras. El gobierno de la Rúa publicitó el blindaje como un reaseguro de felicidad para los argentinos. Lo cierto fue que el país estalló en llamas, acaso, como no había sucedido nunca.

En su plan de reestructuración de la deuda, el gobierno de Néstor Kirchner asumió decisiones contundentes, llamadas a ser observadas como una estrategia política que no registra antecedentes en nuestro país. Construyó su discurso a partir de la hecatombe del 2001 y responsabilizó al Fondo de haber contribuido a ese derrumbe instalando al modelo de Menem y Cavallo como un ejemplo mundial para las economías emergentes. Con estos argumentos, el kirchnerismo armó un sendero por donde hizo transitar la negociación de la deuda externa.

Como el arte de la política se nutre de acciones y negociaciones, Kirchner, después de sus duras críticas al fondo, presentó una propuesta de pago donde no incluyó a los organismos internacionales. Planteó una quita del 75% para los tenedores de bonos. La quita aceptada finalmente fue del 66% canjeada con nuevos bonos que serían emitidos en la moneda de origen, es decir en pesos ajustados por el coeficiente de estabilización.

Se canjearon USD 62.318 millones en títulos e intereses impagos al 31 de diciembre de 2001 por USD 35.261 millones de nueva deuda. Esto significaba una reducción en el endeudamiento externo por USD 27.057 millones. La disminución de la deuda fue aún mayor porque no se reconocieron los intereses atrasados tras el default que acumulaban al 31 de diciembre de 2003 unos USD 20.730 millones. El resto de la deuda que heredó Néstor Kirchner era con los tres organismos financieros internacionales, se debían 15 mil millones al FMI, casi 9 mil al Banco Mundial y 8 mil al BID.

En septiembre del 2003 el gobierno firmó un convenio aceptando que el FMI debe analizar el programa económico cada tres meses. Con cada aprobación el organismo desembolsa, como un nuevo crédito, una suma de dinero equivalente a lo pagado por nuestro país en concepto de capital. Lo que Argentina paga por intereses no se reintegraba. En marzo de 2004, después de la segunda revisión y aprobación del Fondo, Kirchner acordó el pagó el 10% del total de su deuda con estos organismos, 3.100 millones de dólares, monto que reingresaría más tarde, según lo acordado. Representaba más del 20 % de las reservas del Banco Central.

Argentina siguió cancelando nuevos vencimientos por un total de 728 millones, siempre con el compromiso que el Fondo los reintegraría con la aprobación de una tercera revisión de las cuentas y políticas fiscales. En medio de estas negociaciones Kirchner tuvo que soportar desaires como el del titular del FMI, el español Rodrigo Rato, anunciando que el tema argentino no estaba en la agenda mientras veraneaba en playas exóticas de Gabón.

El país continuaba en default y, extrañamente para los entendidos, con su economía en expansión y acumulando reservas a un ritmo de 25 millones de dólares diarios. En marzo del 2004 el Banco Central tenía 15 mil millones en reservas en abril ya eran 18 mil millones. A finales de 2005, tan solo unos días después de que hicieran lo propio las autoridades brasileñas, Kirchner anunció que cancelaría la totalidad de la deuda que el país tenía con el FMI en forma anticipada (unos USD 9.600 millones).

En el 2010, ya con Cristina Fernández en la presidencia se realizó un segundo canje de deuda con los bonistas privados que habían quedado afuera del primer acuerdo. Más del 92% de los acreedores aceptaron pérdidas a cambio de recomponer los pagos. La argentina llegó al 2015 con el 80% de su deuda en pesos, tan solo el 20% quedaba en dólares.

Esos datos contrastan con lo que vendría. Una vez más la derecha en el gobierno apostó al endeudamiento. El de Macri en el 2018 fue brutal. Volvió a dejar al país en manos del FMI acepando un endeudamiento de 54.000 millones de dólares, un monto jamás otorgado por este organismo a ningún país del mundo. Finalmente ingresaron 9 mil millones menos por decisión del presidente Alberto Fernández que los rechazó a poco de asumir.

Para trazar concluir este informe acaso sea bueno recordar una reunión realizada en febrero de 2002 en Europa, donde participaron jefes de estado del viejo continente y donde asistió, también, un cacique del continente americano llamado Guaicapuro Cuatemoc. El representante indígena tuvo la oportunidad de hablar y ser escuchado por los altos mandatarios. Se paró frente a ellos como un acreedor dispuesto a cobrar una deuda que lleva ya 500 años.

“Reclamo el pago de capital e intereses – dijo el cacique – que constan con su debida documentación, en el archivo de Indias. Fueron 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata que fueron sacados de América a Europa entre 1503 y 1660. Ese fue el primero de muchos préstamos amigables que América le dio a Europa. Sin embargo en 500 años no pudieron cancelar ni capital ni intereses.“

Lejos de plantear el hecho como una ironía rescatada de las páginas de historia, Cuatemoc exigió se firme una carta de intención que discipline a los deudores del viejo continente y los obligue a cumplir un compromiso de privatización de Europa para que sea entregada a América.

Quizás sin saberlo, el viejo cacique americano comenzó a sentar las bases de una jurisprudencia internacional que permita identificar ¿Quiénes son los verdaderos deudores, y quienes los acreedores?