El Juzgado Federal Civil Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín falló a favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y le ordenó al Gobierno que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive de la aplicación del decreto 462/25 relacionados con cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por un período de 6 meses.

El fallo, firmado por la jueza federal Martina Isabel Forns, da respuesta al amparo presentado por el sindicato, mediante el cual se solicitó que se declare la ilegitimidad de cualquier acto administrativo que pretenda disolver, transformar o intervenir el INTI, por carecer de habilitación legal y vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la división de poderes, la reserva de ley, la libertad sindical y la estabilidad del empleo público.

«Presidente Milei, para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va poder», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.  «No se puede pretender afectar por decreto la autonomía de un organismo creado por ley hace 70 años. Las facultades extraordinarias no son suficientes para intentar apropiarse de los ingresos del organismo, como tasas, patentes, servicios técnicos y certificaciones, afectando su autonomía operativa», agregó el dirigente estatal.