Se constituyó el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (Fondesgas), que tendrá como prioridad la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra que conectará el área de yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, con diferentes puntos de las de Río Negro, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe. En esta dirección el Gobierno publicó este lunes el decreto de necesidad y urgencia (DNU) en el Boletín Oficial.

El DNU se complementa con la resolución 67/2022 de la Secretaría de Energía que declaró al gasoducto “de Interés Público Nacional” y con su publicación se allana el camino para el inicio de los procesos licitatorios de las obras, tarea delegada en la empresa Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (Ieasa, ex Enarsa), a la que se le otorgó una concesión de 35 años.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner es considerado un “componente medular del conjunto de obras destinadas a ampliar la capacidad del sistema de transporte y gas y a optimizar su utilización”, debido a que en la actualidad la capacidad de transporte del fluido producido en Vaca Muerta se encuentra al borde de su saturación, lo que además impide un incremento sostenido de la producción de gas en el área.

“En la actualidad la capacidad de transporte de los tres gasoductos que unen la Cuenca Neuquina con los grandes centros de consumo se encuentra prácticamente saturada, implicando que los productores de gas de dicha cuenca no puedan seguir incrementando su producción más allá de unos 5 millones a 6 millones de metros cúbicos diarios adicionales, precisamente por imposibilidad de evacuarla”, se precisó en el DNU.

Además de la necesaria provisión de gas a los usuarios residenciales, industriales y comerciales, la obra será tendrá una importancia fundamental desde el punto de vista fiscal y de la balanza comercial energética, en razón de que gran parte de los subsidios económicos se destinan a la importación de combustible, con un precio mucho más caro que el producido localmente.

En los considerandos del DNU como en los de la resolución de Energía se destacó que, una vez finalizada, la obra representará un ahorro al Estado de unos US$ 1.000 millones por la sustitución de importaciones, con un efecto neto sobre la balanza comercial energética de alrededor de US$ 2.500 millones por año, “considerando la merma en la importación y el incremento en los volúmenes exportados”.