En Casa Rosada no descartan la posibilidad de una judicialización de la reforma jubilatoria en la medida que, una vez vetada la ley como anunció el presidente Milei, vuelva a ser aprobada por ambas cámaras legislativas lo que implicaría una obligación para el Poder Ejecutivo su promulgación.

Ante ésta supuesta instancia el vocero presidencial Manuel Adorni dejó abierta la posibilidad de un probable planteo judicial entendiendo que el modelo económico del gobierno nacional tiene como eje central la defensa del déficit cero.

El presidente tiene diez días hábiles para vetar la ley y publicarlo en el Boletín Oficial. Se contabilizan a partir del día en que el Senado le comunique al Poder Ejecutivo lo sancionado. Una vez vetada la ley el Congreso puede aceptar la decisión de Milei o insistir con el proyecto con un nuevo tratamiento en sesión. Esta vez se necesitarán para ser aprobado los dos tercios de los legisladores presentes en cada Cámara legislativa. La reforma jubilatoria tuvo ese porcentaje en ambas cámaras en esta primera instancia. El texto original de la ley no se podrá modificar deberá aprobarse o ser rechazado tal como fue aprobado en primera instancia.