En línea con lo expuesto por la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, la jueza federal de Garantías Mariel Borruto se declaró competente para intervenir en la acción preventiva por posible daño ambiental y soberano presentada contra las petroleras extranjeras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que operan en la plataforma continental argentina, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La demanda fue impulsada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) -integrado por los ex soldados conscriptos que combatieron en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982-, quienes reclaman el cese y la abstención de estas empresas de ejecutar el proyecto “León Marino” (Sea Lion), que tiene como objetivo el diseño, construcción, instalación y futura operación del proyecto hidrocarburífero offshore.
Según la presentación, las empresas demandadas habrían iniciado las fases logísticas y constructivas al amparo de “licencias unilaterales e ilegítimas” otorgadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo que omitiría “el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la consecuente obtención del Certificado de Aptitud Ambiental exigido por la Ley General del Ambiente N° 25.675 ante las autoridades soberanas de la República Argentina”.
Además de declarar la competencia, la magistrada le dio intervención en el caso a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ya que consideró que, como el proyecto impugnado se ubica dentro de la provincia, es el gobierno provincial quien tiene la titularidad sobre sus recursos naturales y la potestad para regular el medio ambiente, conforme a la ley 23.775. Por ello, ordenó dar traslado por diez días a la Fiscalía de Estado provincial a fin de que ejerza la representación pertinente en defensa del patrimonio y el ambiente estatal.
Por otro lado, solicitó a los demandantes que en un plazo de cinco días informen si promovieron acciones paralelas sobre el mismo objeto, que traduzcan toda documentación que haya en idioma extranjero y que incorporen documentación en soporte digital para responder luego a los pedidos de medidas cautelares que realizaron.
