Falsificación de aportes, apropiación y robo de identidad, entre otros delitos, son las acusaciones que recaen sobre autoridades partidarias bonaerenses del PRO entre quienes se encuentra la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Delitos que habrían cometido en la campaña electoral de 2017

Así lo entiende el juez federal electoral Alejo Ramos Padilla que este martes procesó a cuatro del implicados del PRO que fueron los responsables económicos de las elecciones legislativas de 2017, en la que la por entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal quedó en el ojo de la tormenta por haber incluido como supuestos financistas de la campaña a cientos de empleados públicos.

Las personas procesadas por la Justicia Federal son Julián Vilche, Carla Silvia Chabán y Alfredo Gabriel Irigoin, y el apoderado del PRO en ese entonces, Mauricio Redigonga. De acuerdo al documento judicial, la resolución se dio por haber cometido “diversas acciones de inserción de datos falsos en documentos públicos, en particular, en los informes finales de recursos y gastos de campaña”.

En julio de 2018 a raíz de una investigación periodística, trascendió que el PRO, en ese momento liderado por la gobernadora Vidal y el presidente Mauricio Macri, sumó a funcionarios, empleados públicos, monotributistas, activistas sociales y hasta jubilados como aportantes truchos de cara a las elecciones legislativas de 2017. Todo eso, para cobrar unos $40 millones para encarar los comicios en los que fueron candidatos Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.

El juez Ramos Padilla avanzó en el procesamiento de Vilche, Chabán e Irigoin en el marco de la causa de los aportantes truchos del PRO, por los delitos de falsedad ideológica de documento público y omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña. En tanto, Redigonda fue hallado como coautor de la falsedad ideológica, y partícipe necesario del segundo delito.