Piden se le prohíba a Macri salir del país

El diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade hizo una presentación judicial en siete causas en curso donde le pide a los jueces le prohíban la salida del país a Mauricio Macri.

Taihlade fundamentó su planteo en artículos periodísticos donde se le atribuye al expresidente frases relacionadas a su eventual salida del país si la elección presidencial favorece al candidato de Unión por la Patria. El diputado llevó como pruebas distintos artículos periodísticos como La Nación o Clarín. Allí se deslizan frases de Macri señalando, “si gana Massa me tengo que ir del país”.

Según señala el legislador las causas que más le preocupan a Massa son las relacionadas con “Correo Argentino, Peaje, Parque eólicos, espionaje ilegal y mesa judicial”, ya que presentan pruebas demoledoras, que están siendo analizadas por la justicia, sospechadas de manejos fraudulentos.

La que más compromete al ex presidente es la causa del Correo. Los Macri se hicieron cargo de ese servicio tras el proceso de privatización en 1997 y lo mantuvieron hasta 2003, año en que le fue quitada la concesión por haber pagado el canon de la misma solo el primer año. Esa determinación la tomó Néstor Kirchner. Dos años antes Correo Argentino había ingresado en concurso de acreedores con una deuda de 300 millones de dólares. Cuando Macri asumió la presidencia en 2015 intentó algo brutal, condonarse el 98% de esa deuda. Varios diputados, entre ellos el propio Taihade, denunciaron la maniobra ante la justicia por lo que, en 2017, Macri desde Casa Rosada anunció su idea de volver todo a foja cero.

La causa del Correo esta paralizada desde hace varios años a la espera de una decisión de la Corte Suprema para que resuelva si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) es una instancia habilitada para revisar este caso. Esto sucedió por la decisión de dos juezas de la Cámara Comercial que admitieron un planteo de la empresa de la familia Macri de dejar en suspenso la revisión de la quiebra que había sido decretada en julio de 2001 por la jueza Marta Cirulli.

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