El final de las grúas privadas en la Ciudad de Buenos Aires, decretada por Larreta tras la presión de todos los bloques opositores y hasta de legisladores aliados como los de la Coalición Cívica, es tan solo el principio de la desarticulación de una trama oscura en la recaudación de las dos empresas que realizaban esa tarea de manera irregular.

Los contratos de ambas empresas estaban vencidos desde hace 21 años, manteniendo el pago de un canon mensual de $55.000, monto que representó el levantamiento de 9 de los 350 autos que se llevaban por día. Bajo esta dinámica las empresas mantenían una recaudación de $600 millones anuales, pagando menos de 1 millón de canon.  “Es imposible que a alguien (de la fiscalización del gobierno) se le escape semejante volumen de un negocio irregular durante tantos años”, manifestó el legislador Matías Barroetaveña deslizando la posibilidad de una complicidad entre autoridades porteñas y las empresas para mantener durante tanto tiempo esta irregularidad. “Pedimos que se audite toda la concesión del servicio para que esto no vuelva a suceder”, aseguró el diputado del Frente de Todos.