Axel Kicillof tenía una carpeta sobre su escritorio cuando ingresaron a su despacho, en la Casa de gobierno bonaerense de La Plata, el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández acompañado por los ministros Sergio Berni y su par de Transporte, Jorge D’Onofrio. Tras los saludos de rigor y un especial reconocimiento solidario para Berni que cargaba en su rostro con las huellas del brutal y cobarde ataque que sufrió horas antes, el gobernador escuchó el pedido de Fernández sobre la inseguridad que sufren los choferes de colectivos.

No fue un reclamo planteado con vehemencia como hacían suponer las circunstancias puntuales relacionadas con el asesinato del chofer de la línea 620. Acaso, en parte no lo fue por lo que mostraba el dosier del gobernador. La provincia ya otorgó unos 2.500 millones de pesos para que las empresas coloquen cámaras dentro de cada unidad junto a botones de pánico que pueden ser activados por el chofer. Algo que estableció una ley vigente desde 2016. Dos años más tarde, en 2018, el entonces ministro de Seguridad Cristian Ritondo se comprometió que iba a conseguir un crédito del Banco Provincia para empresas de transporte pero pasó el tiempo sin que eso ocurriera.

En 2021 fue Axel Kicillof quien liberó el dinero para que las empresas pudieron incorporar estos elementos de seguridad en sus micros. Pese a tener esos fondos, en la actualidad, solo 2.000 unidades de las más de 8.000 que circulan por la geografía bonaerense poseen ese dispositivo. El pasado 4 de enero las empresas fueron intimadas para que completen el faltante. “Los micros que no las tengan no pasarán con éxito la Verificación Técnica Vehicular (VTV)” se le advirtió a los dueños de las empresas de autotransporte. “El Estado puso la plata para las cámaras de seguridad” y las empresas nunca hicieron la instalación, explicó el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, a periodistas tras concluir el cónclave.