La escena se repetía todos los días. Cristina Fernández llegando a su departamento en Juncal y Uruguay, en Recoleta, saludando a militantes que custodiaban el lugar en forma casi permanente. Habían asumido esa actitud, después que la vicepresidenta sufriera hostigamientos en las inmediaciones de su domicilio y frente a las oficinas del Instituto Patria. Grupos de extrema derecha, desplegaban por esos días, un nivel de odio creciente.

El 1 de septiembre, cerca de las 21:00, un hombre entre la multitud quedó a pocos centímetros de la vicepresidenta. Sacó un arma y mientras Cristina saludaba, gatilló dos veces muy cerca de su cabeza. En el momento, Cristina no percibió la gravedad de la situación. Se inclinó para recoger un libro, que se le había caído a un militante. Ella misma declararía más tarde, que comprendió lo que había pasado cuando subió a su departamento y vio el ataque por televisión.

El hombre que intentó asesinarla fue reducido de inmediato, por militantes peronistas. Tenía 36 años, nacionalidad brasileña, con domicilio en Villa del Parque. Su nombre: Fernando Andre Sabag Montiel. En los días previos, solía estar por la zona vendiendo copos de azúcar junto a su novia, Brenda Uriarte.

Ella también estuvo en Recoleta, la noche del atentado. Se la vió en varias filmaciones merodeando la entrada del departamento de Cristina. Cuando observó que su pareja fue detenida y alojado dentro de un móvil policial, prefirió alejarse.

Al día siguiente del atentado, Brenda Uriarte dialogó con Telefe y expresó que se encontraba “desconcertada” por lo sucedido. También se victimizó señalando que había recibido amenazas. Con respecto a su pareja, comentó: “Para mí era una persona copada, que hace chistes, amoroso, buena persona, no tenía pensado que sería capaz de algo así”.

Antes del atentado, Brenda Uriarte solía mostrarse en Crónica TV, donde era convocada para hablar en contra de los planes sociales. Mantenía una vocación por hacerse ver y escuchar, con discurso opositor.

El domingo 4 de septiembre, Brenda Uliarte fue detenida en la estación Palermo del ferrocarril San Martín. Días más tarde también serían privados de su libertad, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Díaz; quien estuvo un mes detenida y finalmente fue sobreseída. Todos fueron arrestados por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien se encuentra a cargo de la investigación judicial del atentado a la vicepresidenta.

No se trata de una magistrada imparcial. Capuchetti ocupa oficialmente desde 2019 el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº5, que con anterioridad estuvo a cargo de Norberto Oyarbide. Su nombramiento fue impulsado en el senado nacional por la bancada de Juntos por el Cambio en tiempos de la presidencia de Macri.

En enero pasado el ministro de Justicia, Martín Soria, aportó un dato sorprendente, atento a que ningún magistrado puede tener más ingresos económicos que su propio sueldo como tal. Soria denunció que Capuchetti está contratada como “investigadora senior” por el Gobierno de Larreta desde 2019. El ministro hizo pública la denuncia a través de Twitter, adjuntando la partida correspondiente de la contratación de la jueza. El mensaje fue reposteado por Cristina Fernández.

Los hostigamientos a la vicepresidenta, ocurridos frente a su domicilio y también en el instituto Patria, se potenciaron después del 22 de agosto del año pasado; después de la sobreactuación del fiscal Diego Luciani pidiendo para Cristina Fernández 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio conocido como “Vialidad”.

El grupo que solía ir a insultar a la vicepresidenta en la puerta de su casa, multiplicó su ferocidad tras aquel alegato de Luciani. Comenzaron a aparecer los líderes de una organización ultraviolenta autodefinida como Revolución Federal. Sus dos cabezas más visibles, son Jonathan Morel y Leonardo Sosa.

Tras el atentado de un año atrás los abogados de Cristina Fernández, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, presentaron pruebas de un posible nexo entre el grupo Revolución Federal, Brenda Uliarte y Sabag Montiel. La jueza Capuchetti primero y la Cámara Federal después, se negaron a unir a la organización con el atentado.

Un nuevo indicio surgió el 23 de septiembre. Jorge Abello, asesor del Bloque de Unión por la Patria, se presentó ante la justicia y declaró que había visto al diputado del Pro, Gerardo Milman dos días antes del atentado en el bar “Casablanca” de la esquina del Congreso, con dos mujeres a quienes les dijo “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

Las cámara de calle, corroboraron el encuentro. Las asesoras del diputado, eran Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, quien había trabajado con Milman en el Ministerio de Seguridad bajo la órbita de Patricia Bullrich.

María Eugenia Capuchetti también se negó a avanzar sobre la pista Milman. La vicepresidenta la recusó, considerando como algo muy grave que no investigue al diputado, teniendo un testigo que le escucho decir que conocía que iban a atentar contra su vida.

Milman, que fue viceministro de Seguridad durante la gestión de Bullrich, manejando la Inteligencia, ante la declaración de Abello presentó un escrito en el que reconoció haber estado en esa confitería, pero negó pronunciar la frase que se le atribuyó y denunció al testigo por falso testimonio. Ante esta novedad, los abogados de Cristina Fernández, pidieron inmediatamente el secuestro de los celulares de Milman.

El fiscal Carlos Rívolo dio curso a ese pedido. Solicitó el secuestro del aparato telefónico de Milman, pero Capuchetti lo rechazó. En instancia de apelación la Sala I de la Cámara Federal, revocó por mayoría la decisión de la jueza y estableció que se podían analizar mensajes, comunicaciones y evaluar si hay algunos borrados en un período determinado, entre julio del año pasado y el 10 de mayo de este año.

Tras esa determinación de la Cámara Federal, Capuchetti envió una nota a la titular de Diputados, Cecilia Moreau, para que se tramite, de acuerdo a la ley de fueros, una autorización para incautar y analizar el o los teléfonos del Milman. Esta semana, once meses después de aquel primer pedido, el parlamento nacional lo aprobó. En ese período sucedieron muchas cosas.

En mayo una de las secretarias de Milman, Ivana Bohdziewicz, declaró como testigo por tercera vez en la causa. En esa ocasión reveló que en plena investigación judicial su compañera de despacho, Carolina Gómez Mónaco, la llevó a una oficina de Patricia Bullrich donde las esperaba Milman junto a un perito con la intención de borrar el contenido de su teléfono. Con anterioridad lo que había declarado ella era que borró todo para preservar su privacidad.

Milman ya entregó un celular, pero reina la desconfianza. El diputado Rodolfo Tailhade se quejó señalando que el peritaje del teléfono debió haberse hecho apenas Milman fue mencionado en la causa. “Ayer entregó un teléfono pero no sabemos si es el que borró en la asociación civil de Patricia Bullrich o si lo compró a la tarde en Once”, resaltó el legislador asegurando que tampoco se sabe cuántos celulares tiene o tuvo.

¿Cómo se financia Revolución Federal? ¿Hubo relación de los tres imputados por el atentado a Cristina, con este grupo de extrema derecha? ¿Cuál es su relación con el diputado Milman?

Sobre Jonathan Morel se supo que fue aprendiz de carpintería. Oficio que aprendió viendo tutoriales por youtube. El mismo se mostró en fotos en un pequeño taller en Boulogne, partido de San isidro. Un primer asterisco, surge sobre su financiación. Se trata de un llamativo contrató con el Grupo Caputo por más de 13 millones de pesos para hacer muebles a instalarlos en un edificio de 60 departamentos en la localidad de Añelo, cerca de Vaca Muerta. La carpintería de Morel, no tenía capacidad para semejante trabajo. Cuando se lo interrogó, señaló que debió tercerizarlo.

Es posible que haya varias formas de financiamiento, para estos grupos violentos. Página 12 recogió declaraciones del abogado de Brenda Uriarte, Carlos Telleldin, señalando que dentro de 15 días su defendida hará una ampliación de su indagatoria para “manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner. No era para matar a nadie sino para que vayan a provocar”, aclaró Telleldin.

Lo cierto es que con esos fondos, en forma directa o indirecta, a sabiendas o no de sus contratantes, se financiaron las acciones violentas desarrolladas por Revolución Federal, que están siendo investigadas en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.

El fiscal Gerardo Pollicita ya les imputó asociación ilícita, por intentar imponer sus ideas por la fuerza. En esa dirección agendó, las manifestaciones frente a Casa Rosada con guillotinas, que incluyeron arrojar antorchas encendidas. Hicieron lo mismo frente al Instituto Patria, ante la llamativa indiferencia de los agentes de la policía porteña que charlaban con los atacantes mientras éstos destrozaban el frente del edificio y prendían fuego volquetes de residuos de la ciudad.

La violencia y el odio es un sello distintivo de Revolución Federal. La Cámara Federal, ratificó lo planteado por el juez contra sus integrantes. Los acusó de incitar a la violencia colectiva.

Quedan muchos interrogantes aún pendientes. Por ejemplo, el papel de la vecina de Cristina Fernández, Ximena Tezanos Pinto, que recibió a integrantes de Revolución Federal los días de las manifestaciones. Visitas que se difundieron por redes sociales También resta saber cuál es el rol una joven, Delfina Wagner, que se define como panelista.

Los abogados de la querella pidieron que esta joven de 20 años sea investigada por sus vínculos con Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel, y con Gerardo Milman. Vive en el departamento de arriba del de Cristina Kirchner en Recoleta y se postula como candidata libertaria para ser legisladora en la Ciudad de Buenos Aires.