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Municipios de todo el país respaldan el juicio político a los integrantes de la Corte

Intendentes congregados en la Federación Argentina de Municipios salieron a respaldar públicamente a través de un comunicado el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia realizado por el Presidente de la Nación y gobernadores.

Entre los argumentos que expresan en el documento los jefes comunales señalan la existencia de múltiples hechos que acreditan el mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. En ese contexto mencionan desde la “violación a la Ley de Ética Pública, no excusándose de intervenir en causas relacionadas con clientes de sus antiguos estudios jurídicos, hasta la extracción de recursos a nuestras provincias de una manera ilegítima y arbitraria, pasando por el manejo discrecional del Poder Judicial en detrimento del sistema representativo, republicano y federal de gobierno previsto en nuestra Constitución Nacional hasta arrogarse facultades del Poder Legislativo, al determinar mediante fallos (y no por ley del congreso), el porcentaje de coparticipación de CABA y tomar por asalto el Consejo de la Magistratura, para sumergirlo en una parálisis histórica, ya que solo se reunieron dos veces en seis meses”.

Los intendentes aseguran que con estos miembros en la Corte Suprema de Justicia, a la que definen como parcial, los argentinos “no podemos sentir la custodia de nuestros bienes, ni el honor, ni la libertad, ni tampoco el patrimonio porque, justamente, estos miembros de la Corte Suprema de Justicia son los que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y los principios esenciales”.

Finalmente, el comunicado que firman el presidente de la Federación, Fernando Espinoza (La Matanza – Bs As); el Vice primero, Lorenzo Schmidt (Villa Dos Trece – Formosa) y el Vice segundo, Juan Manuel García (Machagai – Chaco), señala que que la Corte Suprema está “pisoteando al federalismo” resaltando que las provincias argentinas y los municipios están siendo damnificadas por “la asignación de recursos de manera antojadiza sin ningún tipo de fundamentos y argumentos, que sin ninguna duda afectarán las transferencias a nuestras comunidades para la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”.

 

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