En el conglomerado de artículos que tiene el proyecto de ley de Bases, otorgándole poderes discrecionales al presidente de la Nación, hay uno relacionado con el manejo de fideicomisos. Se trata de fondos a través de los cuales el Estado Nacional le otorga a una entidad ciertos recursos con el objetivo de que los administre en favor suyo o de un tercero.

El artículo cuarto del proyecto de la ley de Bases que comenzará a debatirse en diputados el próximo lunes, se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos.

Si bien este artículo señala que esto lo debe hacer de conformidad con determinadas reglas, queda abierta la posibilidad de desguace de casi todos los 29 fideicomisos existentes, salvo el constituido para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley N° 25.565, cuya prohibición de accionar en su contra esta puntualmente incluida en el proyecto de ley.

Los fideicomisos existentes en la actualidad fueron creados bajo distintos gobiernos. Reúnen una enorme cantidad de fondos cuyos destinos tienen diversos objetivos. Por ejemplo, en 2001 se armó el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte financiado por una tasa sobre el gasoil. Esos fondos se destinaron a la realización de obras viales y ferroviarias. En los primeros 9 meses del año pasado se invirtieron $ 488 mil millones.

Hay otros Fondos destinados a la vivienda, como el Procrear inaugurado en 2012; los hay para la ayuda a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), también para incentivar el desarrollo productivo y para las provincias.

De acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) del Ministerio de Economía de la Nación, al tercer trimestre de 2023 los fondos fiduciarios en su conjunto contaban con ingresos por $ 1.742.078 millones. Monto que es el equivalente del 1% del PBI acumulado al tercer trimestre 2023. Llevaban gastados $ 1.175.472 millones, y en conjunto mantenían un superávit de $ 566.606 millones.

La dirección política del actual gobierno apunta a anular la mayor cantidad posible de estos fideicomisos. Con su particular estilo violento de comunicación, el presidente Javier Milei expresó en una entrevista televisiva (La Nación +) al ser consultado sobre los fideicomisos: “Vamos a avanzar fuertemente contra las cajas negras de la política. Si los tengo a tiro de decreto, son boleta”

En la reglamentación que presenta el proyecto de la ley de Bases para la disolución de un fideicomiso se establecen tres modalidades. En una de ellas refiere que “si el fondo fuera financiado por una asignación específica de un tributo no coparticipable, aquella se considerará eliminada y el tributo volverá a será destinado al Tesoro Nacional”. Recursos que ingresarán para un nuevo destino, en este caso dado por el actual gobierno nacional.