Argentina duerme con el enemigo. La avaricia de los sectores económicamente más empoderados, aquellos que se concentran en un puñado de grupos acaparadores de la producción y elaboración de alimentos, no dejan de reclamar más y más ganancias aunque sea a costa del malestar del grueso de los habitantes de un país que produce mucho más de lo que su mercado interno necesita consumir. No son “el campo” pero actúan como si lo representaran en su totalidad.

La Sociedad Rural expresó en las últimas horas una quejosa advertencia relacionada con lo que entiende será el aumento de las retenciones. Algo que el gobierno se encargó de desmentir señalando que se mantendrá dentro del marco de la ley vigente en esa materia. Los dos puntos que evalúan podrían sumarse (del 31% al 33%) es para la harina y aceite de soja están contemplados en la ley vigente.

La Rural señaló en un comunicado: “Para el campo, solo trabas. Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) rechazamos totalmente el cierre del registro de exportaciones de harina y aceite de soja anunciados ayer por el gobierno”. También señala, “convocamos a las fuerzas políticas legislativas a poner un orden institucional sobre la legislación en materia de impuestos a la exportación”.

El orden que reclama la Sociedad Rural tiene una indisimulable dirección, sostener la acumulación de la renta nacional en resguardo de los grupos agroexportadores.

A partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno tiene la facultad de incrementar las retenciones a la soja hasta el 33%, de los cereales hasta el 15% y de la carne al 15% sin necesidad de pasar por el Congreso. Todo incremento por arriba de esos valores debería contar con la aprobación de la Cámara baja. Se trata de una normativa que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. El Gobierno planificaba extenderla hasta el 2024 en la ley de Presupuesto que la oposición no votó, por lo tanto él mismo queda a discreción del Poder Ejecutivo.