El mega DNU que impulsa Javier Milei arrasa con años de derechos consagrados en el país que fueron pacientemente alcanzados después de intensos debates. La normativa incluye 366 reformas y derogaciones de leyes. Una de ellas es la que regula la tenencia de Tierras (26.737). Se trata de una ley que regula la extranjerización en zonas limítrofes o que tengan alto volumen de recursos naturales.

Su derogación se coloca en dirección a la defensa de los intereses al servicio de corporaciones económicas internacionales que están a la espera del momento indicado para extraer valiosas riquezas naturales, entre ellas el agua dulce. La ley de Tierras fue largamente debatida y aprobada en 2011 con la participación activa de organizaciones agrarias y ambientalistas, además de juristas y estructura políticas partidarias.

Entre otras cosas la ley impide la desnacionalización del agua y fija límites estrictos a la extranjerización de la tierra. Sólo puede haber un 15 por ciento de tierras en manos de extranjeros; un mismo titular extranjero no puede superar el 30 por ciento de ese porcentual ni tampoco las 1000 hectáreas en la zona agrícola núcleo (es decir las tierras más productivas) o sus equivalentes.

La ley prohíbe la venta a extranjeros de tierras “que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes“: mares, ríos, arroyos, lagos, humedales, lagunas, esteros glaciares, acuíferos. La misma restricción rige para “inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera”. Las compraventas deben ser autorizadas por el Estado, parea lo cual se creó un Registro de Tierras.