Durante su primera presidencia Hipólito Yrigoyen en 1919 presentó sin éxito un proyecto para cambiar la ley de minería que impedía la participación del estado argentino en la explotación del petróleo. Ante la derrota parlamentaria Yrigoyen creó por decreto, en 1922, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y colocó al frente del organismo al ingeniero Coronel Enrique Mosconi.

Mosconi se encargó de comandar un extraordinario crecimiento de YPF. Muchos pueblos se transformaron en ciudades gracias a todo lo que se generó detrás de la explotación del petróleo. La salteña Tartagal, fue una de esas ciudades. Una cuenca que representó el 25% de la producción total del país, y cerca del 16% de la producción total de gas.

Luego de 1926 la zona atrajo trabajadores que dieron un importante crecimiento a esta ciudad. Yacimientos Petrolíferos Fiscales aseguraba vivienda, escuelas para los hijos de los trabajadores y vacaciones pagas. Fue la contracara de lo que sucedería 66 años más tarde, en 1992, cuando se privatizó YPF, y el 90% de los trabajadores en Tartagal fueron despedidos, y miles de personas emigraron de la ciudad. En 1999 y en 2002-2003 esta ciudad salteña fue escenario de graves y violentos conflictos sociales como resultado del desempleo.

Las políticas de expansión y crecimiento que Mosconi se impuso para YPF, a partir de su creación en 1922, fueron teniendo logros paulatinos y continuos. Marcelo Torcuato de Alvear sucedió a Yrigoyen en la presidencia, y aunque marcó diferenciarse desde lo que se definió como el antipersonalismo, mantuvo la misma dirección en política petrolera que Yrigoyen había iniciado.

Alvear dejó a Mosconi al frente de YPF, y en junio de 1923, la empresa estatal inauguró en Buenos Aires el primer surtidor que expendía nafta Argentina, y en 1925 se inauguraron las destilerías de La Plata. La fuerte incursión de YPF en el mercado del petróleo, manejado hasta ese entonces por empresas privadas, logró hacer bajar notablemente el precio de los combustibles.

Un dato revelador, en ese sentido, es que en 1929, ya durante la segunda presidencia de Yrigoyen, YPF vendía la nafta más barata del mundo manteniendo una excelente calidad. Mosconi fue por más: rebajó también el precio del querosén y de los agroquímicos, argumentando que la uniformidad en el precio de los combustibles era “un vínculo más del nacionalismo entre todos los habitantes del país, pues contribuye al desarrollo económico de regiones del interior».

Este éxito reavivó el debate sobre la necesidad de nacionalizar la explotación petrolera. Gobiernos provinciales negociaron con las petroleras privadas lo que ocasionó que en 1926 Mosconi denunciara al gobierno de Salta por otorgar concesiones petroleras a compañías extranjeras.

En 1928, en el tramo final de la presidencia de Marcelo T de Alvear, se sanciona la ley de nacionalización de la explotación petrolera. Este hecho fue utilizado como bandera electoral, ese año, por Hipólito Yrigoyen, el verdadero impulsor de la nueva ley de petróleo. El “peludo” dobló en votos a la fórmula conservadora Melo-Gallo que se oponía a que el petróleo quede en manos del estado nacional.

El espectacular triunfo de Yrigoyen en las elecciones de 1928 le permitió profundizar aún más, en las reformas petroleras. Se creo el Instituto Nacional del Petróleo. YPF fijó el precio de la nafta con una sustancial rebaja, obligando a las empresas extranjeras a hacer lo mismo. La presión sobre las petroleras privadas duraría menos de dos años, exactamente hasta el primer golpe militar en la historia nacional, que instaló al general Uriburu en la casa Rosada en 1930.

El derrocamiento de Hipólito Yrigoyen tuvo olor a Petróleo diría años más tarde Arturo Frondizi, evidenciando que las políticas que impulsaba el gobierno destituido afectaban seriamente a intereses que se movilizaron para retomar el control en el manejo del valioso recurso. El asalto del General Uriburu a la Rosada dejó a Mosconi en prisión, y tiempo más tarde tuvo que partir rumbo al exilio.

YPF fue intervenida después de tener superávit de 30 millones de pesos en 1929. Uriburu creó un clima favorable para las compañías petroleras extranjeras. Durante su gestión, estas firmas expandieron sus operaciones rápidamente, casi duplicando el volumen de producción anterior al golpe, en tanto la producción de YPF, presa de la desorganización administrativa y la estrechez financiera, apenas creció un 9% entre 1930 y 1932.

A pesar de esto, cierta corriente nacionalista que existía en el Ejército presionó a Uriburu para que autorizara a expandir las áreas de exploración, a través de YPF, a varias provincias. Durante los años de la década infame los sucesivos gobiernos nacionales, surgidos de actos fraudulentos y corruptos, no pidieron, no quisieron o no supieron como desarrollar una política propia para el petróleo.

En 1946 Juan Domingo Perón impulsó con receloso cuidado la explotación del crudo y planificó la construcción de oleoductos, como el de Campo Duran a San Lorenzo, obras que fueron suspendidas tras el golpe del 55, para ser continuadas mucho tiempo después.

Perón sostenía que argentina debía encaminarse al autoabastecimiento global. Es decir, primero construir oleoductos, gasoductos y refinerías, para recién después poner proa a un más agresivo plan de explotación que derive en el autoabastecimiento. De esta forma se evitaba caer en la tentación de exportar crudo para que vuelva como nafta.

El golpe de 1955 dejaría a mitad de camino la concreción de aquella planificada tarea que había desarrollado Perón. Sin embargo, la idea del autoabastecimiento sería nuevamente planteada en 1958, casi como una obsesión, por Arturo Frondizi.

Instalado en Casa Rosada Frondizi impulsó una política agresiva de exploración y explotación de nuevas cuencas a través de contratos con empresas petroleras extrajeras. Aquellos contratos petroleros se transformaron en el eje de su accionar en el gobierno y también el centro de las críticas de la oposición. Los diarios hablaban de la batalla del petróleo.

Los contratos incorporaban a las empresas extranjeras en la exploración y explotación del petróleo, siempre que estén asociadas a YPF. Para ratificar que no entregaba la política petrolera a manos extranjeras, Frondizi impulsó y logró que el Congreso sancione, la ley 14.773 que establecía la nacionalización de los yacimientos y la condición de bien público de los hidrocarburos.

Frondizi autorizó a las empresas a introducir todo el material que considerasen necesario para la explotación petrolera sin pagar impuestos. La carga impositiva sería abonada por YPF, y el reintegro de las inversiones y las ganancias de las empresas podrían ser girados al exterior con absoluta libertad. YPF, por su parte, se comprometía a comprar todo el petróleo que extrajeran estas empresas.

Si bien se triplicó la producción petrolera, no se logró equilibrar la balanza de pagos ni la comercial, porque el convenio aumentó notablemente el déficit. La idea central de Frondizi se coronó en 1960. Ese año YPF anunció que se había llegado al autoabastecimiento, e inclusive, a exportar pequeñas cantidades de hidrocarburo. Pero, su imagen había perdido fuerza desgatada por diversos temas que lo hicieron confrontar con distintos sectores.

En las elecciones legislativas del 27 de marzo de 1960, el «voto en blanco» peronista representó el 25% de los sufragios mientras que la UCRI, el partido de Frondizi, alcanzó solo el 20%. Se abrió un período de gran agitación social, paros, planes de lucha y ocupaciones de fábricas. Frondizi respondió aplicando el Plan Conintes de Conmoción interna del Estado y con Julio Alsogaray en el Ministerio de Economía para intentar controlar el proceso inflacionario. Todo acabo en 1962.

La anulación de los contratos petroleros de Frondizi fue bandera de la Unión Cívica Radical en la campaña electoral que finalizaría con Arturo Illia ingresando en la casa Rosada en 1963. El médico cordobés ganó las elecciones con solo el 25% de los votos emitidos en una convocatoria electoral que mantuvo al peronismo proscrito.

Illia no demoró en cumplir con su promesa electoral. En el décimo noveno día de su gobierno anuló los contratos petroleros Frondizi y planteó una participación más activa de YPF tanto en la exploración como en la explotación del crudo en nuestro país.

El golpe que derrocó a Illia no tuvo tanto olor a petróleo como si a laboratorios. Ya no es un secreto que las multinacionales de los medicamentos se movilizaron para sacar de la Rosada a quien había impulsado una ley que promovía a los medicamentos como bien no intercambiable, con precio regulado por el Estado para garantizar el acceso a la población.

Aunque este capítulo no esté relacionado con el petróleo bueno es recordarlo para comprender el poder que pueden tener las grandes corporaciones cuando ven comprometido sus intereses. Los grandes medios de comunicación también se sumaron a esta cruzada ridiculizando la imagen del médico cordobés a quien culpaban de ser lento como una tortuga.

Como resultado de estas acciones, más la debilidad que cargaba Illia por haber ganado solo con el 25% de los votos, en 1966 el General Juan Carlos Onganía asaltó la Casa de Gobierno. A poco de asumir autorizó concesiones petroleras al ámbito privado, para la explotación, exploración y transporte de hidrocarburos.

Pese a que Frondizi apoyó el golpe, se derogó la norma que había sancionado y los combustibles dejaron de ser de dominio público para pasar al privado.

En 1974, al asumir por tercera vez la presidencia, Perón nacionalizó refinarías y bocas de expendio que estaban en manos de Shell. Fue después que la Organización de Países Árabes exportadores de Petróleo resolviera aumentar entre un 70 y un 100% el precio referencial del barril de crudo, desatando una crisis mundial.

Las medidas tomadas por Perón fortalecieron a YPF ubicándola como la gran petrolera nacional, y se la emparentó con un slogan central de aquel gobierno de Perón: Argentina Potencia. Perón planteó, también, una política energética que aleje al país de la dependencia petrolera

La muerte de Perón sumada a una extensa noche, tan negra como el color del petróleo, aniquilaron los sueños de la Argentina Potencia. La dictadura militar desnacionalizó Shell y utilizó a YPF como garantía para iniciar un perverso proceso de endeudamiento externo. La inmensa deuda externa se construyó colocando como garantía a la poderosa YPF estatal.

En 1985, el gobierno de Raúl Alfonsin, a través de un decreto creó el Plan Houston, que reglamentó la participación de empresas privadas en la explotación y exploración petrolera, pero con la obligatoriedad de estar asociadas al Estado.

En 1989 YPF tenía el 63% de la producción, las empresas contratistas el 35% y el 2% restantes estaban a cargo de concesionarias que debían entregar el total de su producción a la empresa estatal. YPF, además, generaba superávit en sus balances comerciales y sostenía miles de puestos de trabajo.

En 1991, bajo el gobierno de Carlos Menem, la resolución número 38 de la Subsecretaría de Energía, terminó con el Plan Houston. YPF ingresó al proceso de privatizaciones. Menem sostenía, como argumento político central, que la venta representaría un proceso transformador para la Argentina.

La privatización de YPF comenzó junto con el proceso de reformas que el gobierno de Carlos Menem. El último día de 1990, Menem firmó un decreto presidencial que transformó a “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado” en “YPF Sociedad Anónima”. De esta manera, pasó a dominio privado todo el capital social de la empresa, asumiendo el Estado Nacional la deuda que existiera al 31 de diciembre de 1990.

La venta inicial se hizo por sólo 2.000 millones de dólares, destinados a cubrir rojos en los intereses de la deuda pública. El proceso siguió en octubre de 1992 cuando, por la Ley 24.145, se privatizó el resto del capital social disponible y se transfirió a las provincias el dominio público de los yacimientos de los hidrocarburos.

Este traspaso, dos años antes que lo hiciera la Constitución reformada, originó un grave inconveniente a los gobiernos provinciales, ya que tenían el recurso pero no podían explotarlo porque no tenían una empresa estatal para lograrlo.

La posesión del crudo no ha dejado nunca de ser una herramienta vital, no solo para el crecimiento de un país, sino también para sostener políticas de dominación. Justo cuando Menem comenzaba el proceso de privatización de YPF, EEUU iniciaba su avanzada militar en medio oriente para controlar la principal, cuenca petrolera del mundo.

Mientras la guerra por el petróleo comenzaba a librarse, fondos mutuales de los Estados Unidos compraron acciones de YPF que habían sido colocadas en las Bolsas de Comercio de Nueva York y Buenos Aires. En esta ocasión, el paquete accionario alcanzó el 45 % por un total de 3.400 millones de dólares.

En 1998 aparece en el escenario la española Repsol adquiriendo el 5,01 % de las acciones del estado. En enero del año siguiente compró el 15 % restante por 2.010 millones de dólares, y meses después, en junio, compra el 55 % más el 11 % de las provincias con lo que suma casi el 90 % del total del paquete accionario de YPF.  Ese año el Estado Nacional se desprendió de las últimas acciones que aún mantenía. Repsol terminó comprando todas las acciones de YPF pagando 15 mil millones de dólares.

La fuerza estratégica que adquirió Repsol, a partir de la compra de YPF, se pudo medir en determinadas negociaciones. En abril de 2000, aprovechando la agudización de la crisis en nuestro país, firmó un preacuerdo con el gobierno provincial de Neuquén comprometiéndose a realizar una inversión de 4.500 millones de dólares en los próximos 17 años a cambio de extender 10 años más la concesión del área de hidrocarburos de Loma de la Lata-Sierra Barrosa, donde se concentran yacimientos de gas que generan un tercio de la producción total de argentina. Con la incorporación de esos 10 años la concesión de Repsol se mantendrá ahí hasta el 2027.

Argentina en materia petrolera se autoabastece y hasta tiene períodos de exportación. Pero, según datos oficiales de la Secretaría de Energía, entre 1998 y 2007 la extracción de petróleo experimentó un descenso del 25%, al pasar de casi 50 millones de metros cúbicos a casi 38,2 millones. En tanto, en los primeros ocho meses de 2008, la producción petrolera registró una caída del 3,2% respecto a igual período del año pasado.

Un informe elaborado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas en 2005, indicó que de los 991 yacimientos que existían en la Argentina sólo 123 fueron hallazgos recientes.

Durante la convertibilidad, hasta diciembre de 2001 los argentinos estuvimos pagando una de las naftas más cara del mundo. Paradójicamente abonábamos el combustible más caro que en España, donde no se extrae petróleo. Fue por consecuencia de la perdida del dominio estratégico del recurso.

Otra muestra de la debilidad política que se ha tenido frente a las presiones del sector, es que mediante un decreto de desregulación, firmado en los años de Menem, se les permitió a las petroleras adueñarse de toda la cadena de explotación. Extraen el crudo, lo refinan, distribuyen y venden los combustibles. Solo en Argentina una empresa petrolera puede tener toda la red de explotación y comercialización. Es un modelo que no se repite en ningún otro lugar del mundo.

Bajo la presidencia de Cristina Fernández se lanzó el programa Petroleo Plus que tuvo como objetivo otorgar incentivos fiscales (devolución del IVA, amortización anticipada del impuesto a las Ganancias) para incrementar el nivel de reservas comprobadas, y de producción de naftas y gasoil.

Entre diciembre de 2007, año en que el grupo Eskenazi entró en YPF, y diciembre de 2011 la producción de gas bajó un 37,5% y las reservas de gas descendieron un 35,5%. Caídas que representaron un límite de tolerancia desde el Gobierno que comenzó a objetar la gestión de Repsol y Eskenazi en YPF. En 2011, la Argentina se convirtió en un importador neto de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares.

Con este panorama como realidad del sector, el 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol. A partir de esta determinación YPF pudo desarrollar mucho mejor el manejo de sus propios intereses. La producción de crudo creció un 10% y las reservas un 15%, mientras que la producción de gas trepó un 29% y sus reservas un 40%.

Porcentajes que comenzaron a caer a partir de 2016 bajo la presidencia de Mauricio Macri. En 2020, la situación en YPF era compleja, tras cuatro años de caída de las inversiones, de la producción, sumado a un alto nivel de endeudamiento. Cuadro que se agravó con la pandemia.

En gran parte esa situación crítica pudo revertirse con inversiones y gracias a la explotación del yacimiento Vaca Muerta. La producción de crudo no convencional creció un 62% en 2022 y se duplicó la producción de gas. Lo que permitió bajar los niveles de endeudamiento al que había en 2015.