El llamado a sesiones extraordinarias con el temario que a mitad de la semana pasada anunció el vocero Manuel Adorni aún no se formalizó. Consulta racializada desde CP a fuentes gubernamentales aseguran que en los primeros días de esta nueva semana se enviará el oficio al parlamento. También confiaron que podría haber algún temario más que se incorpore a los ya anunciados.

Hay un tema sensible a tener en cuenta. Se trata de un hecho que será realidad en días más, la publicación de un decreto presidencial nombrando a dos jueces en comisión para integrar la Corte Suprema cuyos pliegos se encuentran en la Cámara Alta. Son Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, uno de ellos habría adelantado que no está de acuerdo con un nombramiento de esas características, aspira llegar al máximo tribunal con la aprobación del senado. Esa postura es una novedad con la que tropieza el gobierno. Acaso, por estas horas, se esté analizando en Casa Rosada algún cambio en ese sentido.

A la espera de saber que rumbo tomará el Poder Ejecutivo, atendiendo que a fin de mes Juan Carlos Maqueda se jubilará y quedará la Corte con solo tres integrantes, es un buen momento para repasar el recorrido histórico que ha tenido el máximo tribunal en nuestro país y las distintas formas en las que se relacionó con el poder político de turno.

Los gobiernos y la justicia van de la mano. Aquello de poder a los tres poderes replica más como un deseo que como una realidad. Posiblemente, tenga que ver esto con la lucha interna que los argentinos venimos sosteniendo en busca de definir un modelo de país. Una grieta que ya lleva más de 200 años. Un repaso a la historia del máximo tribunal de justicia nos da dimensión de su dependencia y, acaso también, puede explicar el descrédito que por estos días tiene el poder judicial entre los argentinos.

La Corte Suprema desde su primera composición, en 1853, sufrió infinitas intervenciones. Originalmente tuvo 9 miembros, aunque no siempre. Un dato altamente significativo de lo que representaba este organismo, en esos primeros años de armado institucional del país, lo señala el siguiente dato que aporta Sergio Wischñevsky en un artículo publicado en Anfibia de la Universidad Nacional de San Martín: “Justo José de Urquiza en uno de sus primeros actos de gobierno al frente de la Confederación Argentina, nombró una CSJN que no logró constituirse. Debía comenzar a funcionar el 27 de octubre de 1853, pero de los nueve ministros nombrados, solo se presentaron a tomar juramento tres; los restantes miembros, a pesar haber aceptado el cargo, no acudieron a la cita por estar avocados a tareas ministeriales o legislativas”.

En 1862, bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, se sancionó la ley 27, que bien podría enmarcarse como la ley fundacional de la Corte Suprema, se estableció que serían cinco los miembros: Valentín Alsina, Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Pazos. Aquel país, que buscaba su diseño institucional, no contaba aún con profesionales suficientes para una demanda de organización nacional. Según el censo de 1869 en todo el territorio nacional había 459 abogados y solo existían dos universidades que extendían ese título: la de Buenos Aires y la de Córdoba.

En septiembre de 1930, tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen y el comienzo de la década infame, que inició José Félix Uriburu, la Corte dejó expresamente librado al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de velar por los derechos y garantías individuales. Una verdadera barrabasada jurídica y política. La Corte dejó, con esta acordada, jurisprudencia para el reconocimiento de los gobiernos de facto. Los ministros de aquella corte fueron José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle y Antonio Sagarna; junto al procurador General de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, ellos reconocieron como legítimo al gobierno dictatorial surgido del golpe a Yrigoyen que instaló a Uriburu en el poder.

En febrero de 1946 Perón ganó las elecciones, asumió junio y un mes después presentó el pedido de juicio político para los ministros de la Corte. Los argumentos: las firmas que avalaron los golpes de Estado de 1930 y 1943.  En abril de 1947 fueron destituidos, sus reemplazantes fueron expulsados con el golpe de 1955 que comandaron Leonardi, Armburu y Rojas.

Con un nuevo retorno a la vida constitucional del país Arturo Frondizi sacó a tres miembros, e ingresaron Aristóbulo Aráoz de Lamadrid, Luis M. Boffi Boggero y Julio C. Oyhanarte. Mantuvo al presidente Alfredo Orgaz que sería reemplazado en 1960 por Esteban Imaz. En 1960 Frondizi bajo presión militar, subió de 5 a 7 (ley 15.721) el número de miembros, sumando a Ricardo Colombres y Pedro Aberastury. Orgaz se mantuvo como titular y renunció ese año expresando “cansancio moral”.

Un hecho único, curioso y si se quiere, reivindicatorio del poder jurídico, sucedió en marzo de 1962, con la caída de Frondizi. El titular de la Corte Suprema, por entonces Julio Oyhanarte, tuvo una activa participación para evitar que el general Juan Poggi se instale en la casa Rosada para formar un nuevo gobierno de facto. El día de la caída de Frondizi, Oyhanarte se apresuró a llamar al sucesor constitucional del presidente depuesto, el senador nacional José María Guido, a quien le tomó juramento en la sede de la Corte Suprema de Justicia, mientras el General Poggi se probaba la banda presidencial en la Casa Rosada. Inmediatamente después Oyhanarte dejó de ser supremo, fue reemplazado por José Bidau.

En 1963 Arturo Illia impulsó un proyecto, que finalmente naufragó en el Congreso, que establecía aumentar nuevamente el número de jueces de 7 a 10. En 1966 tras el golpe de estado que deja afuera de la Casa Rosada a Illia, Onganía destituye a todos los jueces del máximo tribunal de la nación y pone su propia Corte Suprema bajando el número de integrantes a 5. Así se mantendrá durante este proceso dictatorial que continuará con los generales Roberto Marcelo Levingston (1970) y Agustín Lanusse (1971). En tiempos de Levingston una mujer integró la corte, se trató de Margarita Argúas que se mantuvo hasta el final del período de facto.

Con el regresó a la vida democrática, en 1973, tras la asunción de Héctor Campora renunciaron todos bajo la amenaza de juicio político. Se nombraron nuevos miembros: Miguel A. Berçaitz, Agustín Díaz Bialet, Manuel Arauz Castex, Ernesto A. Corvalán Nanclares y Héctor Masnatta. Tras la muerte de Perón y con su esposa al mando del gobierno se alejaron Castex y Corvalán Nanclares, reemplazados por Pablo A. Ramella y Ricardo E. Levene. Todos fueron removidos el 24 de marzo de 76. La última dictadura militar mantuvo durante los siete años la misma cantidad de integrantes en la Corte Suprema.

En 1983 con la recuperación de la vida democrática, Raúl Alfonsín nombró los primeros jueces con acuerdo del Senado después del terrorismo de Estado. Genaro R. Carrió (en 1985 reemplazado por Jorge A. Bacqué), José S. Caballero, Augusto C. Belluscio, Carlos S. Fayt (se mantendrá 32 años, hasta 2015) y Enrique S. Petracchi.

Carlos Menem logró, en abril de 1990, que el Congreso aprobara la ley 23.774 que estableció el aumento, de 5 a 9, el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Cuatro de los jueces que estaban en la Corte se pronunciaron en contra de aquella modificación.

Dos de los cinco integrantes de la corte renunciaron por no compartir ese criterio: José Severo Caballero y Jorge Baqué. Quedaron solo tres miembros de aquel tribunal que había sido nombrado en los inicios del gobierno de Alfonsin. Se trató Augusto Belluscio, Carlos Fayt y Enrique Petrachi. El menemismo terminaría colocando los seis integrantes restantes y así se aseguraba la mayoría automática. De la mano de Menem ingresaron a la Corte: Antonio Boggiano, Cavagna Martinez, Rodolfo Barra, Ricardo Levene, Julio Nazareno y Moline Oconnor.

La composición de la Corte volvió a estar en la mesa de las negociaciones en 1993, cuando Menem y Alfonsin sellaron el pacto de Olivos. A partir de este acuerdo hubo recambio parcial de sus miembros. Barra, Cavagna Martinez y Levene se retiraron. Menem y Alfonsin consensuaron el ingreso de Gustavo Bossert, Guillermo López y Adolfo Vazquez. Alfonsin sostuvo que el acuerdo era necesario para equilibrar las decisiones que tomaba el tribunal. Menem lograba como parte de pago político, el acuerdo para la reforma constitucional que habría las posibilidades de su reelección.

En aquellos días de máximo descredito para la Corte, surgió un escándalo de proporciones, que delataría la puja de poder dentro de la Corte. Dos de sus Ministros, Augusto Belluscio y Enrique Petrachi, denunciaron el robo de una sentencia que estaba a la espera de una resolución. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió varios pedidos de procesamiento a los miembros de la Corte.

La suma de escándalos salpicó a todos sus miembros, aunque claro está, había unos más protagonistas que otros. Cuando la disputa política por el manejo de la corte se enfrío, los pedidos de juicios políticos para los supremos se cajonearon hasta que en octubre de 1994 la mayoría automática los rechazó formalmente. Todos los Ministros se sintieron seguros en sus cargos nuevamente. Tanto, que no hubo cambios durante el corto período de Fernando De la Rua en Balcarce 50. Tras su caída, durante el más breve período de Eduardo Duhalde en la Presidencia, ingresó Juan Carlos Maqueda en lugar de Gustavo Bossert.

La profunda crisis nacional que hizo eclosión en 2001 tuvo sus derivaciones en el ámbito judicial. La Comisión de juicio político acumuló en el 2002 una batería de acusaciones contra todos los integrantes del tribunal. Eduardo Moliné O´Connor sumó 40 cargos en su contra; Augusto Belluscio 22; Carlos Fayt 23; Julio Nazareno 44; Adolfo Vázquez 29; Guillermo López 36; Antonio Boggiano 35 y Gustavo Bossert 9 cargos. Todos, menos Boggiano, hicieron su descargo en la Comisión de Juicio político. Vázquez fue el único que lo hizo oralmente, el resto prefirió hacerlo a través de un escrito.

En 2003 Néstor Kirchner sintió que debía desarticular definitivamente la pesada herencia que representaba aquella Corte tan cuestionada. Impulsó juicios políticos contra sus miembros. El riojano Julio Nazareno, que presidia el Tribunal, decidió renunciar. Después, la Cámara baja aprobó la acusación por “mal desempeño de sus funciones” contra Eduardo Moliné O´Connor, quien aseguró que no renunciaría a su cargo y que enfrentaría el proceso.

El 3 de diciembre de 2003 se convirtió en el primer juez de la Corte Suprema de Justicia en ser destituido por el Senado de la Nación. Suerte similar corrió Antonio Boggiano, destituido en el 2005 por el Congreso, mientras que Adolfo Vázquez y Guillermo López optaron por seguir el camino de Nazareno y renunciaron a sus cargos cuando vieron que los procesos en su contra tenían un final inevitable.

Con los nuevos integrantes que ingresaron entre 2003 y 2005, la Corte no solo recuperaría jerarquía institucional, también sumaría por primera vez en su historia democrática a mujeres. Primero, se sumó Eugenio Raúl Zaffaroni, más tarde Elena Highton de Nolasco, Carmen M. Argibay y Ricardo Lorenzetti. En noviembre del 2006, Diputados convirtió en ley (26.183) un proyecto impulsado en el Senado por Cristina Fernández de Kirchner para reducir de nueve a cinco los miembros de la Corte y volver así a la composición que había tenido el cuerpo hasta 1990.

Para cuando Mauricio Macri asumió la presidencia en 2015, solo tres integrantes se mantenían en al alto Tribunal. Fiel a su palabra, Zaffaroni renunció en 2014 al cumplir 75 años, en tanto que la muerte sorprendió ese año a Carmen Argibay. Lejos de acatar los procedimientos constitucionales Macri intentó, como podría hacerlo ahora Milei, colar por Decreto presidencial a dos integrantes nuevos: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Finalmente, desistió y ambos asumieron en 2016. Por su parte, Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia en octubre de 2021, quedando los cuatro integrantes actuales.