El Juez Martínez de Giorgi, que está al frente de la causa donde están detenidos cuatro integrantes de Revolución Federal, busca saber la ruta del dinero con la que este grupo, de características muy violentas, financió sus actividades y también si están vinculados con el grupo que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández. De encontrarse pruebas suficientes ambas causas podrían unificarse.

Las detenciones de Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Sabrina Basile habían sido solicitadas por el fiscal Pollicita a través de un extenso dictamen que le presentó el martes al juez Martínez de Giorgi, en el que enumeró distintas manifestaciones violentas convocadas por Revolución Federal como así también las declaraciones públicas, amenazantes, esgrimidas por sus referentes.

La vicepresidenta Fernández de Kirchner interviene como querellante en este expediente en el que es representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes además la asisten en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio, que tramita en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. En el escrito presentado el lunes pasado, cuando solicitó ser tenida por querellante, la vicepresidenta sostuvo que veía “probable” que existiera algún tipo de vinculación entre la organización Revolución Federal y las personas acusadas de haber querido asesinarla.

“Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra”, sostuvo la dos veces Presidenta en el escrito que sus abogados le presentaron al juez Martínez de Giorgi.

En aquel escrito, la Vicepresidenta también puso el foco en el posible financiamiento de esa organización que tiene como referente a Morel, el dueño de una carpintería que en el último tiempo recibió pagos millonarios de parte de Caputo Hermanos, una empresa integrada por hermanos del exministro del Gobierno de Juntos por el Cambio Luis Caputo, aunque no por él.

La ruta de ese dinero y su destino final está también bajo investigación de la justicia, que ayer dispuso allanar tanto la sede porteña de la firma Caputo Hermanos como la de dos fideicomisos a través de los cuales se canalizaron los pagos a la carpintería de Morel. Caputo Hermanos realizó el miércoles por la noche una presentación espontánea para ponerse a disposición de la justicia y asegurar que los pagos realizados a Morel y sus socias de la carpintería fueron por trabajos realizados de los que se adjuntaron fotos.

El 26 de agosto, por caso, durante una de esas charlas que fue titulada “Hay que pudrirla”, una persona que se supone era Morel proponía infiltrarse entre la militancia kirchnerista que manifestaba su apoyo a la Vicepresidenta en la puerta de su casa, para llevar a cabo un ataque, algo que efectivamente ocurrió cinco días después cuando Sabag Montiel intentó asesinarla.

“Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje… si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia”, decía uno de los participantes de esa conversación pública.

Esa información fue presentada en el expediente por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien además aportó las grabaciones de otras conversaciones públicas publicadas en redes sociales en las que se hablaba de la posibilidad de atentar contra el presidente Alberto Fernández.