Increíblemente en el anexo de una resolución emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad y publicada en el Boletín Oficial, se emplean términos discriminatorios, como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para definir las categorías de análisis que utiliza evaluando a los beneficiarios de la pensión por invalidez. Incluye también la descripción de “retardos mentales”.

En la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad, que se encuentra a cargo de Diego Spagnuolo (fue abogado personal de Milei), es donde se definen las revisiones y repartos de las pensiones no contributivas a personas con invalidez utilizando esos calificativos. Casi de inmediato hubo una enorme cadena de repudios.

La diputada nacional por Córdoba Natalia De la Sota tras definir como ignorancia y crueldad esos términos señaló que «la nueva normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad reincorpora terminología obsoleta y degradante en la evaluación de personas con discapacidad intelectual para otorgar las Pensiones no contributivas». 

Por su parte la presidenta del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad es un organismo autárquico del Poder Ejecutivo del Chaco, Ana María Mitoire, cuestionó la resolución al asegurar que las palabras utilizadas «son retrógradas, porque tienen que ver con un modelo ya perimido, donde no se reconoce a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho en igualdad de condiciones»

Eduardo Quiroga, abogado del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) expresó que “las expresiones que usa la normativa refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y aún existe para las personas con discapacidad”. 

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