La farmacéutica es una de las industrias que concentra mayor facturación a nivel mundial. Moviliza un volumen tan impresionante de dinero que le permite, a los grandes laboratorios, una acumulación de poder que resulta influyente a la hora de regular las políticas de producción, distribución, comercialización e incentivación al consumo de medicamentos. En el primer trimestre de este año, la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina llegó a 164.783 millones de pesos, equivalente a 1.500 millones de dólares. Cifra que representó un incremento de 48,2% en relación al mismo período del año pasado.

Tanto en la Argentina como en el resto del mundo, la opinión de los laboratorios sabe hacerse escuchar para direccional las normas que regulan el sector. Nuestra propia historia acumula antecedentes relacionados con este manejo.

Haciendo Historia

El Estado comenzó a involucrarse a paso firme con políticas que apuntalaron la salud pública en nuestro país en una época bien determinada. Fue con Ramón Carrillo al frente de la Salud pública que se construyeron en Argentina, entre 1946 y 1954, 234 hospitales, 60 Institutos de Especialización, 50 Centros Materno-infantiles, 16 escuelas Técnicas, 9 Hogares-escuela y unidades Sanitarias y 23 laboratorios.

En 1963, bajo el gobierno de Arturo Illia, se elaboró un informe sobre la incidencia de los gastos en salud para grupos familiares. El mismo demostró que para los grupos sociales de menores ingresos, los medicamentos y otros gastos en salud, alcanzaban un 62 por ciento del presupuesto familiar.

Como respuesta a la imperiosa necesidad de bajar esos costos, en enero de 1964, el parlamento nacional comenzó a debatir un proyecto de Ley de Medicamentos impulsado por el entonces Ministro de Salud, Arturo Oñativia. Aquel proyecto ponía eje en los medicamentos como un bien social, cuyo acceso debía garantizarse a la población, y sus precios y comercialización debían ser regulados por el Estado.

Los derechos quedaron consagrados en dos leyes. Una fue la 16.463, que establecía el control del Estado en las importaciones, exportaciones, producción, elaboración, fraccionamiento y comercialización de los medicamentos. Creaba el Instituto de Farmacología y Normalización de Drogas y Medicamentos, con funciones para analizar y controlar productos farmacéuticos. Una tarea que permitía, también, establecer normas y condiciones tanto para la conservación como para la preparación de las especialidades medicinales.

La otra ley sancionada y promulgada fue la 16.462 que le otorgaba al Poder Ejecutivo Nacional la facultad de establecer normas orientadas a estructurar y organizar la producción, elaboración, fraccionamiento y logística de las especialidades medicinales. También facultaba al gobierno nacional para regular la importación y exportación, e incluso la fiscalización de la producción.

Paralelamente a la sanción de estas dos leyes Arturo Illia firmó un Decreto por el que dispuso que las empresas farmacéuticas debían presentar ante la autoridad sanitaria la estructura de costos, gastos, elaboraciones, ventas y movimientos internos. Debían hacerlo mediante declaraciones juradas correspondientes al último ejercicio comercial. De esa manera establecía un control sobre los laboratorios a través de un esquema de precios regulados.

La audaz determinación de tener un Estado presente y activo en el control de los medicamentos para que tengan llegada a la población a un precio justo, generó el apoyo de varias instituciones y organizaciones ligadas a la medicina. Apoyaron al gobierno la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, el Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Capital Federal, la Confederación General de Empleados de Comercio, y la Confederación Farmacéutica y Bioquímica Argentina.

La ley Oñativia también generó críticas de los pesos pesados de la industria. Las compañías farmacéuticas, especialmente las vinculadas a los capitales extranjeros, pusieron el grito en el cielo. Plantearon que se trataba de una arbitrariedad, denunciaban a la ley como un intento de dirigismo estatal. Recurrían, engañosamente, a la palabra libertad asegurando que se atentaba contra la libre empresa y competencia.

Los laboratorios extranjeros actuaron en bloque. Pidieron a gobiernos de sus países de origen que se involucren con acciones concretas. Así fue que varios de ellos obstaculizaron la reestructuración de una deuda que tenía argentina con el Club de París. También cargaron de pautas publicitarias medios de comunicación quienes comenzaron una virulenta campaña de desgaste de la figura presidencial.

A partir de esa brutal campaña de desprestigio Arturo Illia comenzó a ser rotulado como una tortuga. Diarios y revistas le dedicaron extensas editoriales cuestionando su gestión como lenta para tomar determinaciones. Medios que promovía abiertamente la necesidad de la intervención militar, financiados para propiciar un golpe que, finalmente ocurrió el 28 de junio de 1966.

Las corporaciones farmacéuticas ganaron la pulseada. Sus intereses doblegaron al gobierno instalando una nueva dictadura cívico-militar en el país. Esta vez encabezada por el General Juan Carlos Onganía, quien diez días después de asaltar la Casa Rosada, derogó las leyes Oñativia y decretó el precio libre de los medicamentos.

Actualidad con patentes y multiplicación de productos

En la actualidad la industria farmacéutica desarrolla en todo el mundo, una política comercial que hace eje en dos cuestiones: Lograr el reconocimiento de las patentes médicas y sostener el exceso de producción multiplicando su oferta de medicamentos que, con el mismo componente central como droga, se van mutando en muchos productos más a partir de agregados que tienen como único fin extender el horizonte rentable. Las grandes farmacéuticas están constantemente creando nuevos medicamentos para combatir el daño que, a sus intereses, provocan los vencimientos de patentes.

Argentina presenta características ideales para el propósito de multiplicar ganancias de la industria farmacéutica. Es uno de los países con mayor consumo de medicamentos por habitante. Tres de cada 4 adultos toman remedios sin prescripción médica. Y lo que es peor aún, este mal uso mata. Unas 5.400 personas mueren cada año por el abuso en el uso de analgésicos. Así se informó en 2018 después de un relevamiento llevado adelante por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímico (SAFYB), alertando que este tipo de sobredosis aumentó un 30% por ciento respecto a 3 años anteriores.

Argentina se encuentra entre los primeros 12 países del mundo que más medicamentos consume. Además de ser un complejo tramado social y cultural que deriva en esta sobre abundancia de medicamentos en el botiquín de cada hogar, esta tendencia es un extraordinario negocio para los laboratorios que fijan los precios a su antojo desde siempre.

Durante los 11 años que existió la convertibilidad 1 peso 1 dólar Argentina llego a ser el tercer país con los medicamentos más caros del mundo, detrás de Japón y Alemania. Las ventas representaban el 1,5% de las producidas en todo el mundo. Durante ese período los laboratorios aplicaron aumentos constantes en los precios. Fue de un 180% mientras duró la ley de convertibilidad. Es decir, un 180% en dólares de aumento sin ningún proceso inflacionario que justifique semejante alza.

En 1992 los argentinos gastamos 3.370 millones de dólares en medicamentos. Desde 1998 hasta nuestros días la cifra se estabilizó en 6 mil millones. Las estadísticas señalan que un argentino consume en promedio 12 cajas de medicamentos por año. Teniendo en cuenta la desigualdad socio económica que existe en nuestro país, el consumidor regular de medicamentos está muy por encima de este promedio.

Esta política de empujar los precios hacia arriba no es algo que solamente padezcan países debilitados y empobrecidos como la Argentina. A mediados del 2004, la prensa inglesa publicó un informe señalando que el costo de los medicamentos para el sistema nacional de salud británico, había aumentado en un 50% en los últimos tres años, equivalente a 2.300 millones de libras.

Durante la pandemia el negocio creció mucho más para los laboratorios. No solamente por las vacunas que en todo el mundo fueron financiadas por los diferentes Estados. De acuerdo a datos del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, durante el período de pandemia se advirtió un gran aumento en el consumo de psicofármacos. Dos marcas en especial: el clonazepam y el alprazolam. Estos psicotrópicos se encuentran entre los 15 más vendidos en el país y la tasa de crecimiento de sus ventas supera varias veces el promedio general.

Durante el primer año de la pandemia, el total de medicamentos vendidos fue de 689.838.945 unidades, rompiendo con la tendencia descendente de 2019 al aumentar un 1,35%. La facturación de semejante volumen de dinero alimenta a pocas empresas. Los 10 laboratorios más importantes del país concentran el 49% de la facturación total, y esa magnitud alcanza el 70% si se consideran los primeros 20.

En el 2021, las exportaciones de la producción de laboratorios argentinos acumularon un crecimiento del 23% y las importaciones 41%, profundizando el déficit comercial. En este mismo período, más de 31% de los medicamentos vendidos fue de reventa de importados, en su mayoría por laboratorios multinacionales

De bien social a negocio perverso

Un perfil definitivamente oscuro de este lucrativo negocio surgió tras un informe periodístico publicado por la prensa inglesa dos décadas atrás. En el mismo se dio cuenta que los propios laboratorios reconocen que la mayoría de los medicamentos que producen no modifican los problemas por lo que la gente los consume.

No fue aquella una falsa noticia. En una exposición entre iguales realizada en Londres en 2002 por el genetista Allen Roses, en ese entonces Vicepresidente de la división genética del poderoso laboratorio GlaxoSmithKline, reconoció que menos de la mitad de los pacientes que reciben algunos de los medicamentos más caros, no se benefician de ellos.

“Una enorme mayoría de medicamentos -más del 90%- sólo actúan sobre el 30 y 50% de los pacientes”, reconoció Roses. Los fármacos contra la enfermedad de Alzheimer sólo son eficaces en un paciente de cada tres y las medicinas contra el cáncer sobreactúan en un cuarto de ellos. Eso sucede porque los genes de los pacientes impiden, en la mayoría de los casos, la acción del producto. Roses explicó que eso se podría solucionar con un simple examen genético. Un estudio del ADN permitiría identificar a los pacientes que responderían positivamente a una molécula determinada, lo que llevaría a administrar a los enfermos sólo los medicamentos que podrían tener un efecto sobre su salud.

Cada vez más y nuevos productos inundan las góndolas de las farmacias. No se trata de nuevos avances científicos, de drogas nuevas que están al alcance de la gente para poner fin a sus enfermedades o padecimientos. Ese mayor número de productos es parte de una estrategia comercial, de un negocio que se recicla una y otra vez para multiplicar ganancias, haciéndonos creer que esos cambios son parte de la evolución científica, de descubrimientos de un mundo pujante que nos asombra día a día. Los laboratorios medicinales tienen muy en claro que, hasta por protocolos de investigación, esos pasos son mucho más lentos. Pero, saben también que el imaginario popular ha endiosado el avance de la ciencia, y ellos están dispuestos a explotar esa imagen.

Testear a los pacientes antes de medicarlos, sería lo ideal para reconocer el medicamento más adecuado para su padecimiento. Sin embargo, es difícil que prospere esa metodología porque atentaría contra el negocio de los laboratorios. Sería limitar la venta de fármacos como primer banco de pruebas para el paciente hasta dar con el indicado.

Las industrias farmacéuticas a obtienen beneficios económicos extraordinarios, aunque esto signifique que muchos de sus medicamentos, en el mejor de los casos son inútiles, y en otros pueden ser peligrosos para la salud de quien lo consume en la creencia que se encuentra en proceso de curación.

La imposibilidad de acceder a medicamentos por sus altos precios, es un problema mundial que abarca varias décadas. En 1998 murieron en el mundo 510 mil chicos infectados con el virus del SIDA. No es casualidad que el 80% de ellos vivían en África. Hay una droga, la zidovudina, que funciona eficazmente para impedir la transmisión del virus de la madre al bebe en período de gestación. Se aplica desde 1994 y es efectiva en el 95% de los casos. El precio promedio de este medicamento era de mil dólares mensuales, para que la madre lo reciba desde la semana 14 hasta la 34 de su embarazo.

Recién en 2001 Sudáfrica ganó la crucial batalla que salvó miles de vidas en esa nación. Las 39 empresas farmacéuticas multinacionales que habían demandado al gobierno por permitir la fabricación de medicamentos genéricos contra el sida, tuvieron que retirar la demanda ante la fuerte presión de la opinión pública.

Sudáfrica tenía en ese entonces 4 millones setecientas mil personas infectadas con sida. Gracias a la iniciativa del gobierno, de permitir que todos los infectados puedan ser tratados con medicamentos elaborados en laboratorios locales contratados por el Estado Sudafricano, el costo anual del tratamiento bajo 1.200 a 40 dólares.

Aquel hecho fue de tal gravedad que hasta el Vaticano lanzó un ataque sin precedentes contra los grandes grupos farmacéuticos a quienes acuso de genocidas. El ya fallecido padre jesuita Angelo Dagostino, fundador y director médico de un centro de atención a los niños pobres en Kenya, denunció que 400 personas morían en ese país por día debido al virus del SIDA. No recibían medicación por los altos precios que los laboratorios le han puesto a los remedios. Dagostino fue más contundente cuando trato de genocidas a las multinacionales farmacéuticas, recordándoles que en el año 2002 tuvieron ganancias mundiales por 517 mil millones de dólares.

La comunidad mundial debe pelear por lograr el reconocimiento para que el acceso a los medicamentos sea considerado un derecho humano básico. Estos productos no pueden estar encuadrados en las reglas del libre comercio mundial. Algunas naciones han tomado posiciones firmes para poner límites al manejo discrecional de los laboratorios medicinales. El Brasil de Lula Presidente decidió no respetar la patente medicinal de una droga contra el SIDA que estaba siendo utilizada por 25 mil pacientes. Lo hizo después que el laboratorio de origen suizo, Roche, no quiso bajar el precio de la caja de 270 unidades, que sirve para un mes de tratamiento y costaba 367 dólares.

En 2002, impulsada por el gobierno de Néstor Kirchner, Argentina sancionó la Ley 25.649 de Prescripción de Medicamentos por su Nombre Genérico. La iniciativa representó en la región un verdadero cambio de paradigma en la relación de la cadena que interviene en la industria farmacéutica local. Generó una disminución del precio de los medicamentos. Frenó notablemente la suba en un momento inflacionario de la Argentina y se recuperó muchísimo el acceso de la gente a medicamentos.

A través de los altos precios que imponen a fármacos con probada eficacia, los laboratorios se atribuyen la posibilidad de regular la sobreviva en países pobres. En Nigeria tan sólo el 15 por ciento de los chicos que viven en zonas rurales reciben la vacuna triple contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. La hepatitis B causa un millón de muertes por año en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud y la Unicef establecieron la obligatoriedad de la vacuna que evitaría esas muertes. Sin embargo, su implementación se ha visto impedida por la falta de fondos en 41 países pobres en donde la enfermedad es altamente endémica.

Desde un concepto amplio, generoso y humanitario, la investigación científica apunta a mejorar la calidad de vida de las personas.  Un notable argentino y premio Nobel de Medicina, Cesar Milstein, consultado sobre el protagonismo de la ciencia y sus avances, supo decir que los mismos deben beneficiar a todos los seres humanos, superando la barrera de pobres y ricos. Es una definición que sigue estando pendiente de aplicar por los más poderosos laboratorios farmacéuticos