Arrecian las denuncias en Jujuy por persecución y allanamientos reñidos con la legalidad en domicilios de dirigentes sociales. Aseguran que las acciones represivas tienen el aval del Gobernador Gerardo Morales y su manejo discrecional del Poder Judicial provincial.

Organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos denunciaron en las últimas horas que el Poder Judicial de Jujuy, arma causas contra sus referentes y ordenó a las fuerzas de seguridad de la provincia conformar “grupos de trabajo” para “infiltrarse” en movilizaciones que realizaron.

El 6 de julio pasado el juez de Control Rodolfo Fernández, a pedido del fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, ordenó 16 allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales por presunta asociación ilícita. Durante esos operativos se secuestró documentación, celulares y equipos informáticos, entre otros objetos.

“Realizaron tareas de inteligencia desde comienzo del mes de abril para identificar a sus referentes con un accionar ilegal y persecutorio que vulnera de forma flagrante derechos humamos y democráticos básicos”, señalaron en un comunicado difundido este lunes.

Las organizaciones convocadas recordaron que “las tareas de inteligencia solicitadas por el poder judicial ocurrieron inmediatamente después que (el gobernador) Gerardo Morales en el inicio de las sesiones ordinarias tildara a los referentes de organizaciones sociales como delincuentes”.

Las organizaciones denunciaron que tras “el armado” de la causa, “el fiscal no cuidó ni las formas con palabras que hicieron recordar épocas oscuras y el juez en lugar de rechazar in limine semejante pretensión le dio apoyo”.

“Este hostigamiento está generando miedo a los compañeros. No solo por ese día sino por la constante estigmatización que hay hacia nuestras organizaciones donde concurren niños y niñas por un plato de comida. No estamos trabajando tranquilos”, dijo a Télam el referente del Movimiento Popular Nuestra América Gonzalo Maurín.

La movilización de este martes será a nivel provincial para exigir “el cierre inmediato de la causa, la derogación del Código Contravencional y por el cese de persecuciones y la criminalización de la protesta social”.