Los ciclos de endeudamiento externo argentino están relacionados entre si por el perfil del modelo económico mandante en cada uno de esos tiempos. Lo están tanto como los ciclos contrarios a esa tendencia, es decir al desendeudamiento.

Un abogado de extraordinario coraje, Alejandro Olmos, presentó el 4 de abril de 1982 una denuncia penal contra el primer ministro de economía que tuvo la última dictadura cívico militar, Alfredo Martínez de Hoz. Lo acusó de producir un endeudamiento externo a costo de empresas públicas, el ingreso de divisas con el objeto de negociar con las tasas de interés, produciendo quiebras y cierres de empresas y dificultades en la capacidad exportadora y de producción.

Durante dieciocho años fue recopilándose información y ampliando la denuncia con el aporte de otros denunciantes que arrojaban muchas más pruebas de los mecanismos utilizados por el equipo económico de la dictadura para estafar al país entre 1976 y 1983.

Aquel endeudamiento también sirvió para solventar negocios privados beneficiando a empresas que utilizaron, entre otras variables, los Seguros de Cambio que implemento Domingo Felipe Cavallo desde el Banco Central en 1982, permitiendo un fenomenal traspaso de la deuda de empresas privadas al Estado Nacional.

En aquellos siete años de dictadura la deuda externa Argentina saltó de 6 mil millones de dólares que había en marzo de 1976 a los 45 mil millones que el régimen militar le dejó como herencia económica al gobierno de Raúl Alfonsin. Aquel forzoso endeudamiento nacional fue tan cuantioso que, en diciembre de 1983, cuando la democracia recupera su protagonismo en el país, la petrolera estatal YPF tenía un rojo de 6 mil millones de dólares, es decir el mismo monto de toda la Argentina en 1976.

El fallo del juez Jorge Ballestero en la causa Olmos, dictado en junio de 2000, describe con precisión el perverso mecanismo utilizado para endeudar a los argentinos, un pillaje construido en siete años que dejó secuelas por varias décadas. El juez sentenció que Olmos tenía razón en su denuncia. Sin embargo, no hubo condenas. Fue una verdad sin justicia diría el propio Olmos. Ballesteros remitió la documentación al Congreso para que la analice y determine en consecuencia. El coraje de Olmos no tuvo correlato en la Justicia, tampoco en el parlamento donde la presentación durmió la causa de los justos.

Martínez de Hoz pudo esquivar una condena por esta defraudación al país. Cuando falleció, en marzo de 2013, cumplía prisión preventiva en su departamento por el secuestro del empresario textil Federico Gutheim y su hijo Miguel en 1976. Lo había resuelto la Cámara Federal tres meses antes por condena que habían sido dictadas en 2010.