La extraordinaria caja recaudatoria es parte de un litigio después que en 2018 las concesionarias Autopistas Del Sol S.A. (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno acuerdos que comprometían al Estado Nacional. Macri les reconoció una deuda de US$ 750 millones y extendió la concesión del 2020 al 2030, dejando afuera de la libre competencia a cualquier otra empresa que quiera presentarse.

El Gobierno nacional anunció en septiembre que avanzaría con un reclamo judicial que presentó este martes con una demanda en la Justicia mediante la cual reclamó que se declare la nulidad del Acuerdo Integral de Renegociación con Autopistas del Sol (AUSOL) de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, y solicitó una medida cautelar para que el Estado se haga cargo de la administración del Acceso Norte.

La presentación, realizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de Vialidad Nacional, recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6 a cargo de Enrique Lavié Pico.

El acuerdo objetado “establecía una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años“, sostuvo la cartera de Estado que conduce Gabriel Katopodis. El Gobierno explicó que para cubrir la deuda “la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte”.

El acuerdo aprobado por Macri contenía planteos lesivos a los intereses del Estado Nacional. Una de las condiciones leoninas establece que de haber retrasos en los pagos a las concesionarias corría un interés en dólares del 12% anual que debía capitalizable. Es decir, si el Estado se retrasaba la deuda formaba parte del capital, bajo ese condicionamiento se pasaba de deber US$ 750 millones a US$ 1.100 millones.