En el marco del debate parlamentario que tuvo su eje centrado en el presupuesto 2021 de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado Leandro Santoro sacó a relucir una cifra millonaria que sorprende tanto por su volumen como por la nula ejecutividad que muestra su destinatario.

El legislador del Frente de Todos comentó que son más de 37 mil millones de pesos los que se desvían para sostener la estructura judicial de la ciudad. “El verdadero agujero fiscal que tenemos en este presupuesto es el gasto en Justicia”, señaló Santoro para hundir más el filo de su discurso en la pobre ejecutividad que muestra el Poder Judicial de la ciudad. “Hablamos de un Poder que casi nadie desconoce y no tiene sentencias ni condenas porque se la pasa archivando causas. Esta es la verdadera caja de la política. Recibió un aumento del 35% mientras los organismos de control tuvieron el 24%”.

Santoro puso de manifiesto en voz alta lo que muchos murmuran en los pasillos. La justicia porteña es tan improductiva como devoradora de gastos generales. “Todos los temas que tratan, salvando honrosas excepciones, son menores. La mayoría de las causas no llegan a buen puerto. Acaso, ¿alguno de ustedes conoce alguien que haya sido condenado por ruidos molestos o por alguna pelea callejera?”, preguntó el diputado. Denunció hipertrofia de la estructura judicial de la ciudad y propuso volverla a rediscutir. “37 mil millones de pesos se destina a una justicia que no persigue la corrupción, que no persigue homicidios, que no persigue robos. Es la caja sucia de la política. Acá se va la plata del plus de participación que ustedes (el oficialismo) están peleando”.

La estructura judicial de la ciudad viene siendo utilizada para que recalen muchos funcionarios que han salido de la administración nacional tras la salida de Macri de la Casa Rosada. El Poder Judicial porteño está compuesto por un Tribunal de Justicia de la Ciudad, con cinco integrantes y cuatro secretarías; el Ministerio Público fiscal, que tiene tres fiscalías (General, Cámara y Primera Instancia); el Ministerio Público de la Defensa, con tres defensorías (General, Cámara y Primera Instancia); el Ministerio Público Tutelar, con tres asesorías (General, Cámara y Primera Instancia); la Superintendencia del Notariado; las Cámaras de apelaciones; los juzgados de Primera instancia y el Consejo de la Magistratura. Este último con un extraordinario presupuesto de 13 mil millones de pesos.