El partido judicial existe, ofreció una demostración de su extraordinario poder esta semana con la condena en primera instancia a Cristina Fernández. No se trata de un protagonista solitario en esta marginalidad con la que opera. Es, en esta época, el referente más utilizado por el poder real para mantener sus privilegios esmerilando la dinámica de la democracia recuperada hace casi 40 años.

Las castas económicas más empoderadas de nuestro país le han hecho siempre zancadillas a las expresiones populares y democráticas. Lo hicieron con particular énfasis a partir de 1930 cuando los intereses que hoy defiende el partido judicial estaban representados en el partido militar que derrocó a Hipólito Yrigoyen, instalando así el primer golpe de estado en Argentina, y por consiguiente la primera de las dictaduras. Mediante una Acordada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aportó lo suyo legitimando al Gobierno Provisional de José E. Uriburu.

Un repaso de algunos capítulos de nuestra historia permite reconocer el carril por donde transitan los intereses ajenos al conjunto del pueblo.

En 1916 Hipólito Yrigoyen fue el primer presidente elegido mediante el voto universal, secreto y masculino, que estableció la Ley Sáenz Peña. En sus años de gobierno desplegó algunas determinaciones que afectaron el orden conservador que lo antecedieron al frente de la administración nacional. El “peludo”, así lo denominaban, puso proa a políticas de autoabastecimiento energético creando YPF en 1922.

Hipólito Yrigoyen fue nuevamente reelegido en 1928, pero no pudo terminar su segundo mandato. A medida que fue implementando políticas de apertura social y la incorporación de cuadros políticos en el Congreso que iban desplazando a representantes de las tradicionales familias ligadas a la oligarquía, su imagen comenzó a ser esmerilada desde los medios de comunicación.

Una muy activa campaña de prensa se encargó de desprestigiarlo. Los medios lo acusaban de estar enfermo, de haber perdido contacto con la realidad y estar rodeado de ineptos. La prensa escrita, fundamentalmente el diario Crítica (foto que ilustra esta nota), fue pilar de esta campaña contra el gobierno constitucional de Yrigoyen. Hicieron correr la voz que le armaban un diario paralelo con buenas noticias. Así crearon el mito del diario de Yrigoyen. No fue la única mentira que desparramaron aquellos medios de comunicación ante la mirada mayoritariamente ingenua de sus lectores. También aseguraban que se contrataban personas para que lo vitoreen cuando ingresaba o salía de la Casa Rosada.

En su segundo mandato Yrigoyen impulsó la ley de Nacionalización del Petróleo que fue aprobada en Diputados, pero sufrió la obstrucción de los conservadores en el Senado. En esos primeros días de septiembre de 1930 los diarios presagiaban, con títulos de indisimulable complicidad, la irrupción ilegal del mandato constitucional que finalmente sucedería el día 6.

El 7 de septiembre debían realizarse elecciones en Mendoza y San Juan para normalizar la situación de ambas provincias que estaban bajo la intervención federal. De estas elecciones podían surgir gobernadores radicales y cuatro senadores que colocarían a Yrigoyen a sólo 1 voto de obtener mayoría en la Cámara alta. Un día antes de esta elección la oligarquía desató el golpe Estado.

El 6 de septiembre de 1930 la fuerza bruta asaltó la Casa Rosada para instalar a un General de escaso relieve intelectual, José Felix Uriburu, al frente de la administración nacional. Por la tarde, una horda de personas cargadas de odio inyectado desde los diarios se abalanzó sobre el domicilio de Yrigoyen en la calle Brasil del barrio de Constitución. Ingresaron y desvalijaron el departamento. Minutos antes el presidente destituido había partido en automóvil hacia La Plata en compañía de su médico Osvaldo Meabe, su secretaria Isabel Menéndez y el canciller Horacio Oyhanarte. Más tarde, Yrigoyen sería detenido y llevado a la Isla Martín García

Con la llegada de la oligarquía al comando del país comenzó lo que se conoció como la década infame. Así bautizada por los historiadores por la interminable sucesión de fraudes electorales que se extenderán hasta 1943. Período caracterizado en lo social por el desprecio a lo popular y en lo económico por un verdadero festival para las minorías dueñas de las más grandes extensiones de tierra en nuestro país.

Acaso, como uno de los símbolos más emblemáticos de aquellos años infames, solo basta con recordar las consecuencias que dejó para el país el acuerdo con el gobierno inglés, conocido como el pacto Roca-Runciman, recordando los apellidos de quien era el vicepresidente de nuestro país y el canciller inglés.

El pacto fue firmado el primero de mayo de 1933, estableciendo que Argentina enviaba al mercado inglés una cantidad de su mejor producción de carne enfriada libre de gravámenes. Los diarios de la época, a tono con la defensa de los intereses del poder dominante, celebraban el acuerdo como un gran logro.

El tratado estableció que el 85 % de la producción que se exportaba a Inglaterra serían comercializadas solo por los frigoríficos británicos radicados en la Argentina. Aquel pacto, firmado durante la gestión presidencial de Agustín Pedro. Justo, Le permitió a Inglaterra recuperar fondos bloqueados, como consecuencia de la aplicación del control de cambios y conservar beneficios en empresas de servicios públicos de capitales ingleses en nuestro país.

Una voz solitaria en el Senado nacional se hizo escuchar. Fue la de Lisandro de la Torre quien en 1934 se puso al frente de una comisión investigadora del comercio de las carnes. Desde ahí reveló la corrupción y complicidad, que asociaba a los frigoríficos Armour, Anglo y Swift con altos miembros del gabinete nacional, entre ellos Federico Pinedo, ministro de Hacienda, y Luis Duhau, de Agricultura. De la Torre probó que los frigoríficos ingleses obraban sin ser inspeccionados, sin pagar impuestos y que existían cajas con documentación comprometedora celosamente guardadas en despachos oficiales.

En la sesión del senado del martes 23 de julio de 1935, en el calor del debate, Lisandro de la Torre se acercó a la mesa donde estaban los dos ministros acusados de corrupción que, como una muestra de su impunidad, venían asistiendo a las sesiones. El senador fue empujado por Duhau y su par de bancada Enzo Bordabehere corrió a auxiliarlo. Un matón, Ramón Valdéz Cora le disparó dos tiros en la espalda y cuando la víctima se dio vuelta, recibió un tercer disparo en el pecho. Bordabehere moriría una hora más tarde en el Hospital Ramos Mejía.

Los ataques a Lisandro De la Torre no se limitaron solo al asesinato de Bordabehere. El gobierno de Justo decretó la intervención a la provincia de Santa Fe, derrocando al gobierno demócrata progresista de Luciano Molinas. De la Torre, abatido, confesó su voluntad de abandonar la política y renunció a su banca en el Senado. Derrotado por el poder real representado en la oligarquía, el 5 de enero de 1939, sentado en el sillón de su departamento y después de escribir dos cartas póstumas se pegó un tiro en el corazón.

Siguiendo la línea de tiempo de la historia Argentina del siglo XX las minorías económicamente más empoderadas tuvieron en la aparición de Juan Domingo Perón su peor enemigo. Su irrupción vino a establecer un estado de conciencia en la clase trabajadora sobre derechos y conquistas referidas a la construcción de una patria libre, justa y soberana. La antítesis del paradigma de la oligarquía vernácula.

La confrontación contra Perón fue feroz y sin límites. El poder mediático privado se encargó de construir una cultura antiperonista que hizo pie en los sentimientos aspiracionales de un sector de la clase media tendiente a pensar que las mejoras en su bienestar son solo producto de su esfuerzo personal, instalando al Estado y las políticas gubernamentales como un obstáculo y no como un creador de plataformas que facilitan esa mejora en la calidad de vida.

La conquista de nuevos derechos laborales, la consolidación de un Estado soberano capaz de fijar estrategias propias de desarrollo y crecimiento, afectaron los privilegios de las minorías. El escritor y dirigente fundador de la izquierda nacional, Abelardo Ramos, supo describir con fina ironía no exenta de realidad, que en aquellos primeros años de gobierno peronista, el gorilismo había nacido en las peluquerías de Barrio Norte donde las señoras llamadas de sociedad se encontraban con su personal de servicio requiriendo la misma atención que ellas para su pelo.

Esas jóvenes podían darse gustos como los de ir a esas peluquerías porque los trabajadores en nuestro país conservaban un 53 % de participación en el PBI, una cifra única en la historia de América latina. Sectores empresarios plantearon su descontento ante el rol protagónico que jugaba la CGT en la economía nacional sosteniendo esa distribución más equitativa de la riqueza.

Una vez más el poder real requirió del servicio del partido militar para comandar una sangrienta irrupción al mandato constitucional que debía darse a cualquier precio. Acaso, inspirados en los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, decidieron dejar caer 14 toneladas de bombas durante horas en una plaza de mayo con desprevenidos transeúntes. Quisieron matar a Perón y se llevaron casi 400 vidas en el intento, entre ellas la de 40 niños que se encontraban dentro de un micro visitando la Ciudad.

El 16 de junio de 1955 fue el triste bautismo de fuego de 40 aeronaves de la Aviación Naval y de la Fuerza Aérea que llevaban dibujados en su fuselaje la insignia «Cristo Vence». Comenzaron el bombardeo a las 12:50 y finalizaron a las 17:40. Fue el principio de un final que concluiría el 16 de septiembre de ese mismo año con otro levantamiento del partido militar que terminaría derrocando al gobierno nacional y popular. Perón partió a un exilio que se prolongó hasta 1972.

La autodenominada Revolución Libertadora tomó el poder; proscribió al peronismo y comenzó a ejercer una dura represión hacia los trabajadores, que alcanzó su punto más violento durante los fusilamientos de 1956. En el plano económico, los militares devaluaron la moneda, favoreciendo los intereses de los agroexportadores y suscribieron por primera vez un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La última participación del partido militar bajo las órdenes del poder real concluyó en 1983 después de volver a capturar la Casa Rosada el 24 de marzo de 1976. Sostuvieron los siete años más oscuros y sangrientos de la historia argentina. Cebados por el poder concentrado crearon centros clandestinos de tortura y detención ilegal de personas. Asesinaron a miles de personas y mutilaron el aparato productivo nacional. Endeudaron el país y se fueron no sin antes dejarle a los dos principales diarios del país el manejo del abastecimiento del principal insumo para esa industria. Lo hicieron después de arrancarle bajo una mesa de tortura Papel Prensa a sus dueños.

En las últimas décadas el partido judicial asumió como reemplazante del partido militar en su rol de brazo ejecutor de los intereses del poder real. La casta judicial se maneja en la actualidad con una obscena impunidad, condenando y confabulando contra quienes puedan representar exitosamente los intereses populares. La secuencia conocida esta semana bajo el rótulo de Viaje a Lago Escondido podría exhibirse como un estandarte de todo lo que pueden hacer sin importar la reacción que esto pueda generar en la comunidad. La serie de chats, mensajes de audio que camaristas y funcionarios de alto rango de la Ciudad intercambiaron con encumbrados empresarios del Grupo Clarín representan una verdadera síntesis de lo que alguna vez declaró el empresario Alfredo Yabran. El poder es impunidad.