La noche más oscura de los argentinos duró 2.818 días. Oscureció el 24 de marzo de 1976 y recién amaneció el 10 de diciembre del 83. De María Estela Martinez de Perón a Alfonsin hubo un largo y negro paréntesis en el que desaparecieron 30 mil personas, se quintuplicó la deuda externa, creció 517 mil por ciento la inflación, se perdieron las libertades individuales, miles de personas fueron torturadas y detenidas en 651 cárceles clandestinas que funcionaron en todo el país y 648 compatriotas murieron en la guerra contra el imperio Británico.

En las elecciones nacionales del 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín, encabezando la fórmula de la Unión Cívica Radical, fue catapultado al máximo escalón del poder ejecutivo nacional con el 51,8% de los sufragios.

Alfonsín ratificó su liderazgo, en el primer año de gestión, al lograr el 77% de adhesión en un plebiscito convocado para resolver los conflictos limítrofes con Chile. Cerraba así hipótesis de conflictos bélicos con el país transandino.

Alfonsín lanzó el Plan Alimentario Nacional, simbolizado en las cajas PAN, con alimento para familias empobrecidas, y sufrió su primer revés al rechazar el parlamento un proyecto de ley que modificaba las reglas del juego en las estructuras sindicales. Con aquel intento cayó su primer ministro, el de Trabajo, Paulino Mucci.

En 1985, la Argentina mezcló datos alentadores relacionados con la recuperación de las libertades individuales, con otros más frustrantes y relacionados con la marcha de la economía. Sin temor a las persecuciones ideológicas, los jóvenes desbordan las universidades. Las matrículas, en estas casas de estudio, pasan de 121.000 a 600.000.

En economía la inflación era incontenible con una deuda externa que trepa a los 45 mil millones. Sin resultados esperados Alfonsín cambia en el timón económico. Corre a Bernardo Grispun del palacio de economía por Juan Vital Sourruille promoviendo el plan Austral. Se congelan precios y salarios y se crea una nueva moneda. El radicalismo ganó las elecciones legislativas con el 43% de los votos en una elección que ve nacer la Renovación peronista encabezada por Antonio Cafiero

La postal de 1985 sucede el 9 de diciembre. Las figuras de los máximos responsables de la dictadura militar, están sentados en el banquillo de los acusados escuchando sus condenas.

En 1986 el gobierno de Raúl Alfonsin tropieza con los primeros deterioros del plan Austral. Se abren tres frentes de conflictos bien marcados, las presiones de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia y de la C.G.T. La central obrera arrancó el año con dos paros nacionales, los militares sienten malestar por la cantidad de denuncias contra oficiales que actuaron en lo que ellos llaman la guerra sucia, y la iglesia se moviliza para que no se sancione la ley del divorcio.

Alfonsin arremete con propuestas para colocar el foco de las discusiones en otro lugar que no sea la economía. Sorpresivamente los argentinos nos vimos envueltos en el debate por el traslado de la capital Federal a la Ciudad de Viedma.

El Punto Final, que impone plazos para formular denuncias por violaciones a los derechos humanos, impulsado por Alfonsín a fines de 1986 no logró frenar el primer levantamiento carapintada, ocurrido en semana santa de 1987. Tras esta movilización militar encabezada por Aldo Rico, se sancionó la ley de obediencia debida, que eximió de enjuiciamiento al personal que haya obedecido órdenes durante los años de dictadura.

A pesar de refinanciar 32 mil millones de dólares de la deuda externa con bonos a 19 años de plazo, y siete de gracia, los índices económicos no son favorables. Alfonsin siente el desgaste y pierde las elecciones legislativas y cuatro gobernaciones, entre ellas la de Buenos Aires a manos de Antonio Cafiero. Obtiene el 37% de los votos a nivel nacional, contra el 42 del Justicialismo.

Sectores reaccionarios de la Iglesia hostigan al gobierno. Alfonsin debe subir al púlpito de la Iglesia Stella Maris para contestarle al Vicario castrense, Monseñor Medina, que en una homilía habló de corrupción en el gobierno.

El frente interno militar desgastó el gobierno de Raúl Alfonsin tanto o más que las batallas perdidas en el ámbito económico. Los levantamientos carapintadas marcarán el principio y el fin de 1988. Aldo Rico en el primero y Seineldín en el segundo serán sus máximos protagonistas.

El plan Austral comenzó a desbarrancarse en 1988, obligando al aumento de tarifas y concertación de precios. Fue la base de sustentación del llamado Plan Primavera.

1989 comenzó con la locura desatada con el intento de copamiento, a cargo de integrantes del Movimientos Todos por la Patria, del Regimiento 3 de la Tablada. Más tarde el golpe lo darían los especuladores financieros provocando una gran corrida del dólar.

Con semejante escenario el candidato presidencial de la UCR, Cesar Angeloz, no tenía posibilidades de triunfar en las elecciones. Para colmo creyó hacerle un favor a su propia imagen pidiendo la renuncia de Sourruille. Primero lo reemplazó Juan Carlos Pugliese, después sería Jesús Rodríguez solo para consumir los días faltantes para la entrega del poder.

El golpe financiero provocó un proceso hiperinflacionario que derivó en el saqueo a comercios. La inflación se había llego a más 3000% en 1989. Bajo este contexto el 14 de mayo hubo elecciones presidenciales ganadas por Carlos Menem. El caos de aquellos días determinó que Alfonsín le propusiera al mandatario electo el adelanto de la entrega del poder.

El 8 de julo de 1989, bajo un recrudecimiento hiperinflacionario, se produce el traspaso anticipado de la banda presidencial. Menem apuntaló su pragmatismo reuniéndose con el directorio de Bunge y Born a pocos días de haber ganado las elecciones. De allí surgió Miguel Ángel Roig como Ministro de Economía, quien hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidente ejecutivo general de la multinacional.

Roig estuvo en el cargo solo cinco días. Falleció el 14 de julio. Fue reemplazado en el ministerio de hacienda por el vicepresidente de Bunge & Born, Néstor Rapanelli quien puso el pie en el acelerador hacia políticas liberales que imponía el llamado Consenso de Washington. Se aprobó la Ley de Reforma del Estado en agosto y se autorizó a privatizar varias empresas estatales. Las primeras fueron las de la empresa telefónica Entel y Aerolíneas Argentinas.

Para no dejar dudas de su tendencia, Menem nombró al fundador de la UCeDe, Álvaro Alsogaray, como asesor presidencial para el tratamiento de la deuda externa y puso al frente de la Secretaria de Comercio Exterior al también ucedeista Alberto Albamonte. También nombro a María Julia Alsogaray como interventora – privatizadora de ENTEL.

La alianza con Bunge & Born duro solo seis meses, termino en un estrepitoso fracaso. Rappanelli renunció y fue reemplazado el 10 de enero de 1990 por un estrecho colaborador del presidente, Erman González.

El flamante ministro de Economía, siguiendo los consejos de Alsogaray, anunció el Plan Bonex. Estableció que los depósitos a plazo fijo y en caja de ahorro especial serán reintegrados a sus propietarios en Bonos Externos (Bonex). La inflación del primer mes de 1990 sería del 80%, las tasas llegaron al 600% y un dólar se cotizaba 2.000 australes.

En diciembre de 1990, con la economía nuevamente en estado crítico, estalló el escándalo conocido como SWIFTGATE. Los ministros Eduardo Bauza, Roberto Dromi y María Julia Alsogaray fueron acusados de beneficiarse con las privatizaciones. El caso Swift se diferenció porque la perjudicada en una operación de chantaje era una empresa norteamericana, que acudió al embajador de ese país en Argentina, Terence Todman.

El escándalo provocó la renuncia de todo el gabinete y la llegada al Ministerio de Economía de quien hasta entonces era canciller, Domingo Cavallo. El nuevo titular de la cartera económica propuso crear una nueva moneda dolarizada. El 27 de marzo, mediante la sanción en el Congreso de la ley 23.928 nace el Plan de Convertibilidad fijando que $1 es igual a 1 dólar. También se establece la liberalización de mercados; y profundizar el proceso de privatización de las empresas del Estado. Varias de servicios públicos pasan a manos de capitales privados, entre ellas Obras Sanitarias de la Nación, Gas del Estado, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (S.E.G.B.A.) y la mayoría de los ramales ferroviarios.

También se aprueban leyes como la que permitió la venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.), otra que desreguló parcialmente los contratos de trabajo, y la que modificó del sistema previsional para poner fin al sistema estatal solidario de reparto, para reemplazarlo por empresas privadas que administren los fondos provenientes de los aportes de los trabajadores. Así nacen las AFJP.

Un acuerdo Alfonsin-Menem establece las bases para la reforma de la Constitución Nacional. El 24 de agosto de 1994 en Entre Ríos y luego de tres meses de deliberaciones que habían arrancado el 25 de mayo en Paraná, se juró en el Palacio San José la nueva Constitución que, entre otras cosas acorta el mandato presidencial a 4 años permitiendo su reelección.

La convertibilidad se fue erosionando con el correr de los años. Comenzó a agravarse tras la derrota electoral del menemismo en las elecciones de medio término de 1997. Fueron consecuencias de la agudización de la crisis económica y social. El desempleo creció hasta llegar al 14%, el crecimiento de la deuda externa no se detuvo, lo mismo que la caída del poder adquisitivo.

En la elección presidencial de octubre de 1999, la Alianza ganó con el 40% de los votos. La incapacidad de Fernando De la Rúa para crear propuestas alternativas, lo hizo llevar adelante muchas de las reformas que en la administración Ménem habían quedado inconclusas.

De la Rúa asumió la presidencia tras haber ejercido como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Heredó un complejo escenario económico del gobierno de Carlos Menem. Anunció como una buena noticia un nuevo acuerdo de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 40.000 millones de dólares.

El encargado de implementar estas medidas de ajuste, de manera gradual en un principio, fue el ministro de Economía José Luis Machinea. Sin embargo, el paquete de políticas contractivas requeridas por el FMI no produjo los resultados esperados. La fuga de capitales se intensificó y la recesión persistió, lo que llevó al colapso del consumo interno.

Machinea renunció y fue reemplazado por Ricardo López Murphy, cuyo mandato consistió en profundizar las medidas de ajuste y enviar una señal de confianza a los mercados financieros. Al asumir, López Murphy anunció un severo programa de recortes destinado a reducir el gasto estatal en 2.000 millones de pesos eliminando pensiones y becas estudiantiles, recortando programas sanitarios por 50 millones de pesos, aumentó el impuesto al valor agregado (IVA) en varios rubros y despidió a 40.000 empleados públicos. López Murphy solo permaneció en el cargo 16 días.

De la Rúa convocó a Domingo Cavallo quien implementó nuevos ajustes. La entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, anunció la quita del 13% en jubilaciones y pensiones. Además, se aprobó un impuesto sobre las operaciones bancarias, se recortó el 13% de los salarios de los empleados estatales y se emitió deuda adicional por 3.000 millones de dólares. Medidas que generaron caída del consumo y aumento récord en el desempleo, que alcanzó el 25% a principios de 2001.

De la Rúa anunció la reestructuración de la deuda externa con un “Megacanje”, que implicó posponer los vencimientos de diversas obligaciones durante tres años. Sin embargo, para compensar esta postergación, los intereses de la deuda aumentaron al 7% anual, lo que generó un mayor peso de la deuda en relación con el producto interno bruto (PIB).

A fines de noviembre del 2001, debido al empeoramiento de la situación económica, que socavó la confianza en el sistema financiero, se produjo una retirada masiva de depósitos bancarios. Como respuesta a la fuga de capitales, el gobierno anunció el 1 de diciembre “el Corralito financiero”, incautando depósitos bancarios. Se podía extraer hasta 250 pesos semanales, se prohibió enviar dinero al exterior y se impuso la obligación de realizar la mayoría de las transacciones comerciales a través de cheques, tarjetas de crédito o débito, con una duración de 90 días.

El “Corralito” congeló el consumo y exacerbó el malestar social, mientras que el déficit fiscal alcanzó los 8.500 millones de pesos, con aumentó a un ritmo acelerado de la deuda externa. Ante el estallido social inminente, el FMI negó los 1.260 millones de dólares comprometidos en el “Blindaje”, argumentando que no se habían cumplido las metas de déficit cero. Esto llevó a Argentina al borde del default, que finalmente se produjo pocos días después de la caída del gobierno de la Alianza, tras los trágicos eventos del 19 y 20 de diciembre. La brutal represión a las protestas en las calles y plazas de todo el país dejó como saldo 39 asesinatos.

De la Rúa renunció en medio de este caos. Se vivió una sucesión de cinco presidentes en pocos días. El 21 de diciembre de 2001 asumió Ramón Puerta, en su corto periodo nombró a nuevos integrantes para el Gabinete nacional. Dos días más tarde lo haría Adolfo Rodríguez Saa, gobernador de San Luis, quien se mantuvo en el cargo 9 días. Renunció el 30 de diciembre.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, fue quien reemplazó a Rodríguez Saa por algunas horas. El 1 de enero Eduardo Duhalde sería el quinto presidente en las dos semanas más caóticas de la historia Argentina. “El que depositó dólares, recibirá dólares; el que depositó pesos, recibirá pesos ”, prometió al asumir para bajar las tensiones de un país al borde de su disolución,

Con la mitad de la población viviendo bajo la línea de pobreza la tensión social se mantuvo. En junio de 2002 son asesinados los militantes sociales Maximiliano Konsteki y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón. Em 2006 fueron condenados por este hecho a prisión perpetua los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta.

El 25 de Mayo de 2003, tras ganar las elecciones con el 22% de los votos en primera vuelta y no presentarse Menem al balotaje, Néstor Kirchner asume la presidencia. Las políticas que implementó fueron exitosas. Sacó al país de la cesación de pagos más grande de su historia, canjeó la deuda soberana, y bajó los índices de pobreza y desempleo.

Desde 2003 a 2007 el país registró una fase de crecimiento económico con tasas que oscilaron en torno al 9%. Las reservas internacionales pasaron de U$S 14.000 millones en 2003 a más de U$S 47.000 millones en 2007. El salario mínimo que era en 2003 de $360 se elevó a $1.240 en 2007.

En las presidenciales de 2007 Cristina Fernández es electa presidenta en primera vuelta con el 45,29 % de los votos. Continuando las políticas de Néstor Kirchner, su gestión llegó a bajar hasta un 5,7% la pobreza en 2011 según un informe de la Cepal con un nivel de desempleo muy bajo que alcanzó el 6,7%. El éxito de su gestión fue ratificado por el voto popular en las elecciones presidenciales de 2011 cuando para su reelección obtuvo el 54,11 % de los votos.

En sus dos gobiernos Cristina Fernández alcanzó una disminución del 71% en la pobreza y del 81% en la pobreza extrema. El propio el Fondo Monetario Internacional (FMI), reconoció en un informe que el producto interno bruto per cápita aumentó en ese período un 42%

Durante la gestión de Cristina se repatriaron más de 1.000 científicos a través del programa Raíces; se sancionó la ley de Movilidad Jubilatoria que garantiza dos actualizaciones por año, recuperando de esta manera el haber mínimo para el sector pasivo que aumentó 1.343 por ciento en 10 años.

También se ampliaron derechos sociales como la implementación de la Asignación Universal por Hijo; la Asignación Universal por Embarazo para protección social (AUE), que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las 12 o más semanas de gestación; la Ley de Matrimonio Igualitario; el Plan Conectar Igualdad para que alumnos y docentes de escuelas públicas de todo el país cuenten con una netbook.

En 2015 se produce el primer balotaje presidencial de la historia argentina. El candidato del neoliberalismo Mauricio Macri le gano por poco más de un punto a Daniel Scioli que arañó el 49% de los votos.

En cuatro años la gestión de Macri duplicó la inflación, llevándola al 54% anual y multiplicó la pobreza hasta llevarla al 40,8% en 2019 cuando dejó la Casa Rosada. Le pagó a los Fondos buitre tenedores de deuda argentina que no habían ingresado al canje de 2010; y el 31 de marzo de 2016, el Senado aprobó la derogación de las leyes de Pago Soberano y Cerrojo y autorizó una emisión de deuda por 15 000 millones de dólares.

Lo más dañino de aquella gestión de Macri fue que en 2018, con apoyo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, el FMI le otorgó un préstamo de 57 000 millones de dólares, el más grande de la historia del organismo,​ equivalente a un 11 % del PBI de la Argentina. La desastrosa gestión de Macri recibió el castigo en las urnas en 2019 para quedar como el primer presidente que no logra ser reelecto. Fue superado por el candidato opositor Alberto Fernández quien obtuvo el 48% de la voluntad popular. Un nuevo capítulo de la historia democrática argentina, que está lejos de ser un desierto de 40 años, se escribirá este domingo.