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Cómo se llegó a las trágicas jornadas de diciembre de 2001

Las sangrientas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 unieron, como muy pocas veces en la historia argentina, a los sectores socialmente más empobrecidos de nuestro país con la clase media.

Desde el inicio de su mandato en diciembre de 1999 el presidente Fernando De la Rua hizo todo lo posible para alimentar el fuego de una hoguera que lo terminaría consumiendo. Aplicó impuestazos, realizó recortes de salarios en el sector público y hasta le sacó el 13% de sus haberes a los jubilados. Tampoco tuvo capacidad para sostener la Alianza política que lo había llevado a ganar las elecciones presidenciales, abandonando a su principal referente Chacho Álvarez para terminar atando su suerte a la gestión de Domingo Cavallo.

No es difícil llegar a la conclusión que De la Rua fue el principal conspirador que atentó contra la estabilidad constitucional de su gobierno. La manifiesta incapacidad para gobernar terminó siendo el principal provocador de las sangrientas jornadas ocurridas veinte años atrás.

Al finalizar el primer año de mandato su imagen positiva había descendido del 73%, que tenía al asumir, al 36%. En esos doce primeros meses desguazó la Alianza, aplicó impuestazos, e impulsó leyes laborales que terminaron en un escándalo en el senado de la nación.

En marzo de 2001 Domingo Felipe Cavallo, el padre de la convertibilidad y el mismo que en 1982 desde el Banco Central traspasó, a través de los seguros de cambio, la deuda de empresas privadas al estado nacional, fue convocado como el Ministro de Economía salvador. De la Rúa también le otorgó súper poderes para que manejara a su antojo la suerte económica del país. Así llegaron más impuestazos, recortes de sueldos a trabajadores estatales y por primera vez en la historia argentina se les bajó a los jubilados sus ingresos mensuales.

En junio Cavallo anunció como un éxito de su gestión lo que se dio a conocer como el “megacanje”. Un acuerdo que se basó en el rescate de títulos por 28.144 millones de dólares, entregándose nuevos títulos por 30.401 millones, con vencimientos a mayor plazo. Eso representó un crecimiento de la deuda externa en 2.257 millones de dólares a lo que debe sumarse el incremento de interés de los nuevos bonos, que pasaron de 6% -bonos Brady- al 12%. En total la operación implicó un aumento de la deuda externa argentina en 53.700 millones de dólares en términos de capital e intereses. De esa operatoria participaron 7 bancos que embolsaran 150 millones de dólares en comisiones.

El nexo con estas entidades fue David Mulford, amigo de Cavallo, ex Secretario del Tesoro norteamericano y Vicepresidente del Credit Suisse First Boston, que fue una de las entidades que ingresó en esta operatoria. Los otros bancos que integraron el consorcio y participaron de la operación fueron el Galicia, Santander, Francés, HSBC, JP Morgan y Salomon Smith Barney. La justicia investigó esta maniobra, procesó a varios funcionarios que finalmente fueron sobreseídos. El último de ellos fue Cavallo, con fallo de la Cámara Federal de Casación Penal recién en septiembre de 2016.

El primer síntoma claro del estallido del 20 y 21 de diciembre de 2001 ocurrió dos meses antes, en las elecciones legislativas del 14 de octubre. La Alianza se notificó ese día de la pérdida de 5 millones de votos. La derrota aceleró el proceso en la caída del gobierno. El 29 de noviembre el Justicialismo nombró presidente del senado a Ramón Puerta, dejándolo como primer sucesor presidencial, ya que el vicepresidente Carlos Chacho Álvarez ya había renunciado.

Al día siguiente los sectores financieros aportaron lo suyo con una gran corrida bancaria. 24 horas más tarde Cavallo agregaría más combustible al incendio social, anunció el corralito financiero inmovilizando los fondos de los argentinos en los bancos.

El 5 de diciembre el Fondo Monetario comunicó que ya no le prestaría más plata a nuestro país para pagar sus vencimientos externos. Fue la respuesta ante el pedido del gobierno por 1.264 millones de dólares que formaban parte del tan promocionado megacanje. La Argentina estaba en cesación de pagos.

La negativa del Fondo de liberar dólares obligó a Cavallo a realizar un viaje relámpago a Washington. Paseó por despachos de funcionarios de segunda línea. Ya no tenía respaldo de Estados Unidos, por lógica consecuencia tampoco del FMI, que le dio el último empujón.

La primera ola de saqueos se inició el 15 de diciembre en la Provincia de Entre Ríos. El presidente reaccionó denunciando un complot político en su contra, lo hizo cuando le acercaron un ejemplar del diario Los Andes de Mendoza del 17 de diciembre, que informaba que dos concejales peronistas alineados con el por entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauff, habían sido detenidos en la capital mendocina por participar en saqueos.

De la Rúa y sus allegados alimentaron el relato de saqueos armados y lanzaron dardos contra el gobernador bonaerense. Varias investigaciones periodísticas coinciden en señalar que el primer mandatario estuvo a punto de emitir, el 18 de diciembre, un mensaje en cadena nacional responsabilizando a Ruckauff de lo que sucedía en supermercados y grandes tiendas que eran saqueadas.

El mensaje presidencial fue frenado. Ese mismo día, hubo una reunión entre Ruckauff y allegados directos a De la Rua en un hotel ubicado en pleno centro de la Capital Federal. Se le ofreció al gobernador algo que rechazaría de plano, integrar el gobierno nacional.

El 19, en horas de la mañana, comenzaron los saqueos en el Gran Buenos Aires. En esos momentos el presidente asistía a una reunión multisectorial que se realizó en la sede de Cáritas. Se encontraban dirigentes políticos, sindicales y empresarios quienes cuestionaron con dureza a De la Rúa.

Desde la CGT, Daer habló de un gobierno de coalición; el titular de la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias, Osvaldo Cornide, afirmó que nada se podía hacer si Cavallo continuaba como Ministro. Hugo Moyano afirmó que lo importante era cambiar el rumbo económico ya.

De la Rúa se mantuvo impávido, no pareció conmoverse por aquella lluvia de críticas que recibía. Afirmó que la situación estaba controlada en las calles. Comentó que necesitaba que el Congreso apruebe el presupuesto nacional, el déficit cero y la renegociación de la deuda. Después se retiró.

En el salón de Cáritas sobrevoló el espanto. Las miradas entrecruzadas de unos y otros anunciaban el desenlace. Osvaldo Cornide enfrentó a la prensa para decirles que el presidente había ratificado el plan económico, mientras la calle estallaba en violencia. En el Gran Buenos Aires la bonaerense se cruzaba de brazos, mientras que la Federal en la Ciudad cargaba con balas de plomo.

Por la tarde, interrogado por periodistas acreditados en Casa Rosada, De la Rúa respondió que todo se estaba magnificando. Cuando le preguntaron si asistiría a la reunión del Mercosur, prevista para el día siguiente en Uruguay, aseguró que no veía motivos para suspender el viaje. Las calles de Buenos Aires ardían y la represión policial era cada vez más violenta.

Con la caída del sol, presionado por movilizaciones que incluían clase media cacerolas en mano, más el reclamo de dirigentes de su propio partido, entre los que estaba Raúl Alfonsín, el presidente decidió deshacerse de Cavallo. La ida del inventor de la convertibilidad no calmó los ánimos. La gente en la calle iba por más.

Por la noche De la Rúa anunció el Estado de Sitio y los cacerolazos se multiplicaron aún más. La desobediencia civil, de lo que sería la última orden como presidente de la nación, fue extraordinaria. A las dos de la mañana, tres horas después de haber declarado el estado de sitio, más de 20 mil personas colmaban la plaza de Mayo pacíficamente hasta que una feroz avanzada policial los disolvió.

El presidente esa noche durmió en una Quinta Presidencial rodeada de manifestantes. En los jardines de Olivos tanquetas y ametralladoras apuntaban a muros que por momentos eran trepados por parte de la multitud. Al día siguiente, después de dormir cuatro horas, De la Rúa preguntó quién se había quedado en la quinta. Ojeroso y desarreglado apareció Hernán Lombardi. El Ministro de Turismo fue el único integrante del gabinete que se quedó toda la noche del 19 junto a De la Rúa.

El 20, el presidente llegó a las 9 y media de la mañana a la Rosada. Sobrevoló la plaza, pudo observar que aún la multitud se mantenía en pie, protestando. Minutos más tarde la represión se volvió a desatar. Fue brutal, los muertos se multiplicaban en todo el país. La jueza, Servini de Cubría se presentó en la Plaza de Mayo, ante las cámaras de televisión señaló que llegaba para detener la represión. Preguntó quién la había ordenado.

Ese 20 de diciembre el Justicialismo realizó su cumbre partidaria en la provincia de San Luis. Rodriguez Saa inauguraba el aeropuerto de la localidad de Merlo. Desde allí se interpretó que De la Rúa no contaba más con el apoyo externo necesario para tranquilizar la economía nacional. El PJ no aceptó el convite de compartir el armado de un nuevo gabinete, sugerido por De la Rúa en un último y desesperado mensaje transmitido en cadena nacional.

A las seis de la tarde el senador Maestro le anunció a de la Rúa que la situación era irrecuperable y el Presidente se sentó en su escritorio para redactar de puño y letra la renuncia.

Las dos jornadas de violencia en las calles de las ciudades y pueblos de todo el país, dejó un saldo de 38 muertos, 439 heridos y 3.273 detenidos.

El 1 de junio de 2003 la Justicia falló la primera condena en el país relacionada con estas muertes violentas. La Cámara del Crimen de Entre Ríos, provincia donde fueron asesinadas tres personas, condenó al cabo de policía Silvio Martinez a 10 años de prisión por haber matado de un disparo en la cabeza a Eloisa Paniagua, una pequeña de 13 años.

La pequeña estaba en las cercanías de un supermercado en la ciudad de Paraná, a donde había llegado después de escuchar que allí entregarían alimentos. Nada de eso ocurrió, fue un rumor que costó la vida de la pequeña Eloisa.

En Plaza de Mayo hubo 5 muertes, Gastón Riva, Carlos “Petete” Almirón, Alberto Márquez, Diego Lamagna y Gustavo Benedetto. La Sala I de la Cámara de Casación Penal confirmó esta semana las condenas por los asesinatos y heridos de las dos jornadas de diciembre de 2001 contra Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Rubén Santos, exjefe de la Policía Federal, y Norberto Gaudiero, exdirector general de Operaciones de esa fuerza.

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