La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), denunció un caso de explotación y trata laboral en la provincia de Salta. El caso fue descubierto a raíz de un llamado anónimo al teléfono que el organismo dispone para realizar denuncias. En el operativo que permitió desactivar los delitos y las graves irregularidades también participaron miembros de la justicia federal y de otros organismos públicos y provinciales. Se trata de una familia compuesta por un trabajador rural, su esposa y dos hijos, que ya recibieron asistencia para reubicarse en otra zona.

El trabajador había sido contratado por el establecimiento a partir de una oferta que incluía un sueldo superior al Salario Mínimo Vital y Móvil y una vivienda digna. Sin embargo, una vez que se trasladó al predio junto a los restantes miembros de su familia, se encontraron con una construcción precaria que carecía de sanitarios y los mínimos elementos para poder asearse, sin agua potable, conexión eléctrica o cocina.

Por otro lado, al sueldo pactado el empleador le descontaba los montos por los gastos en comida, a tal punto que en los últimos meses de la simulada relación laboral no percibieron suma alguna. A estas severas irregularidades se sumó el hecho de que en varias ocasiones se les había impedido salir del predio y eran obligados a finalizar sus tareas laborales incluso mientras requerían de asistencia médica.

Los agentes de la DGRSS acudieron al establecimiento a partir de una denuncia anónima realizada a la línea telefónica con la que cuenta el organismo para denunciar este tipo de casos. En ese sentido, el Departamento de Coordinación contra el Trabajo Ilegal cuenta con un el número 0800-999-3368 (opción 3) o bien con el canal alternativo mediante el correo tratalaboral@afip.gob.ar.

Los inspectores del Departamento que depende de la DGRSS estuvieron acompañados por personal de la División de Fiscalización de Salta de la AFIP, por representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Policía de Trata y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provinciales. El operativo, sobre el que se le dio aviso a la justicia federal, permitió rescatar a la familia del lugar y gestionar un nuevo hogar y subsidios y asistencias para sus miembros.