Con una llamativa demora atendiendo a que pasaron casi 3 meses, la jueza federal María Eugenia Capuchetti presentó una denuncia para que se investiguen, las eventuales responsabilidades penales que puedan caberle a quienes manipularon el reseteado teléfono de Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre pasado.

La magistrada presentó la denuncia luego de haber recibido el viernes los resultados de “la pericia de la pericia”, el informe de Gendarmería que analizó cómo se llevaron a cabo los procedimientos de extracción de datos del teléfono de Sabag Montiel, primero por la Policía Federal (PFA) y luego por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), siempre por órdenes de la propia Capuchetti.

La denuncia apunta a que se investiguen si se cometieron delitos de acción pública en la manipulación del teléfono de Sabag Montiel y recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de María Servini, que trabaja este año con el fiscal federal Federico Delgado.

La pérdida del teléfono de Sabag Montiel en las horas posteriores al ataque ocurrido el jueves 1 de septiembre fue uno de los primeros hitos de la investigación: la primera extracción se intentó dentro del juzgado de Capuchetti hasta donde llegaron técnicos de la PFA convocados por la jueza.

El informe recibido por la jueza el último viernes indica que la extracción intentada por la PFA fue “fue realizada de manera deficiente al no tomar los recaudos pertinentes respecto a su debida preservación/resguardo (conforme consta en las actuaciones remitidas para análisis)”.

También indica que “que resultó factible determinar fecha y marco de tiempo en que el equipo ‘teléfono sabag’ fue restablecido a valores de fábrica, siendo la misma ’00:19:26′ hora local. del día 03 de septiembre del 2022”, cuando el teléfono ya estaba en la PSA.