Brasil se encuentra nuevamente en estado de alerta atento a la información que circula en redes sociales convocando a una movilización golpista contra el gobierno de Lula. Las autoridades han tomado cuenta de las notificaciones virtuales llamando a lanzarse, tal como sucedió el último domingo en Brasilia, en forma violenta a las calles en las capitales de cada estado provincial.

Por los saqueos y destrozos en edificios públicos de Brasilia más de 1.500 personas fueron detenidas y procesadas con graves cargos, 600 ya recuperaron su libertad. El ex presidente Jair Bolsonaro, que se encuentra en Estados Unidos, criticó tibiamente los hechos vandálicos y golpistas. Varios de sus familiares directos participaron de la revuelta antidemocrática y lo hicieron saber a través de videos que ellos mismos subieron a las redes sociales. El gobierno nacional, cuyas autoridades asumieron hace tan solo 10 días, recibió apoyo masivo de gobiernos de todo el mundo. También lo hubo puertas adentro de Brasil con una fuerte unión de los poderes constitucionales al dar a conocer un documento de apoyo al gobierno y la democracia que fue firmado por los representantes del poder judicial y parlamentario, además del propio presidente Lula.

Por otro lado, el Ministerio Público de Brasil pidió el martes al Tribunal de Cuentas (TCU) que bloquee los activos de Bolsonaro, así como del suspendido gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y el exsecretario de Seguridad del Distrito Federal (DF), Anderson Torres, luego del intento de asalto a los edificios de los tres poderes el domingo.