A través de una resolución la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, resolvió acatar el fallo de la Cámara de Apelaciones que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones. De esta forma le puso fin a su intervención en el juicio por la estatización de YPF.
Queda en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos resolver el caso a partir de un recurso presentado por el grupo demandante para que revise el fallo.
Bajo la presidencia de Cristina Fernández se lanzó el programa Petroleo Plus que tuvo como objetivo otorgar incentivos fiscales (devolución del IVA, amortización anticipada del impuesto a las Ganancias) para incrementar el nivel de reservas comprobadas, y de producción de naftas y gasoil.
Entre diciembre de 2007, año en que el grupo Eskenazi entró en YPF, y diciembre de 2011 la producción de gas bajó un 37,5% y las reservas de gas descendieron un 35,5%. Caídas que representaron un límite de tolerancia desde el Gobierno que comenzó a objetar la gestión de Repsol y Eskenazi en YPF. En 2011, la Argentina se convirtió en un importador neto de gas y petróleo con un déficit de 3.029 millones de dólares.
Con este panorama como realidad del sector, el 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández anunció la decisión de expropiar el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol. A partir de esta determinación YPF pudo desarrollar mucho mejor el manejo de sus propios intereses. La producción de crudo creció un 10% y las reservas un 15%, mientras que la producción de gas trepó un 29% y sus reservas un 40%.
Porcentajes que comenzaron a caer a partir de 2016 bajo la presidencia de Mauricio Macri. En 2020, la situación en YPF era compleja, tras cuatro años de caída de las inversiones, de la producción, sumado a un alto nivel de endeudamiento. Cuadro que se agravó con la pandemia.
En gran parte esa situación crítica pudo revertirse con inversiones y gracias a la explotación del yacimiento Vaca Muerta. La producción de crudo no convencional creció un 62% en 2022 y se duplicó la producción de gas. Lo que permitió bajar los niveles de endeudamiento al que había en 2015.
Los fondos que debieron vender sus acciones en 2012 demandaron al país considerando que esa expropiación violó estatutos de YPF sin respetar los derechos de los accionistas minoritarios. Un fondo de litigios, Burford Capital, se encargó de financiar el caso adquiriendo los derechos de estos ex accionistas. El fallo de la jueza neoyorkina le deja ahora un último recurso a la espera de la determinación de la Corte Suprema de Estados Unidos.
