El gobierno avanza con el proceso de privatización de ramales ferroviarios convocando a una Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Según detalló Luis Caputo, se trata de 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. En este contexto el Ministro de Economía señaló que la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías.

«El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener«, sostuvo Caputo justificando el proceso privatizador. Se trata de una afirmación que no cuenta con respaldo histórico en nuestro país, ya que cuando hubo privatización los servicios se redujeron y hubo miles de despidos.

En 1992, bajo el gobierno de Carlos Menem, los ferrocarriles volvieron a manos privadas. Menem lo hizo continuando con su política de privatización de todos los servicios. Hubo protestas de sectores sindicales que amenazaron con huelgas. Menem, les respondió con el recordado: ramal que para ramal que cierra.

Antes de concretar aquel traspaso a manos privadas, hubo despidos masivos para adaptarse a las exigencias de los nuevos concesionarios. Los Ferrocarriles pasaron de tener 60.000 trabajadores a fines de los años ochenta a 15.000. Esos 45.000 puestos de trabajo perdidos no fueron el único costo social que el país pagó por aquel traspaso. El gobierno nacional emplazó a las provincias para que se hagan cargo de los servicios de carga y pasajeros. A partir de esa determinación se cerraron ramales, clausuraron estaciones y cientos de pequeños poblados, repartidos en toda la geografía nacional, se quedaron sin una comunicación vital. En un informe titulado “la Argentina que desaparece”, la socióloga Marcela Benítez, resaltó que el cierre de ramales ferroviarios afectó a 430 pueblos, con menos de 2 mil habitantes, dejándolos en vías de extinción.

Los nuevos concesionarios recibieron dinero del Estado Nacional. Según el presupuesto nacional los operadores ferroviarios cobraron en 1998, 318 millones por subsidios, un 18% más de lo recibido en 1997. Eran tiempos de 1 peso 1 dólar. Con las pocas mejoras que realizaron, captaron miles de pasajeros nuevos y recaudaron, en los primeros 4 años de concesión, 70 millones más de lo proyectado antes de hacerse cargo.

Durante esos años los subsidios entregados a ferrocarriles privados representaron un rojo diario para el Estado nacional de casi un millón de dólares para el Estado nacional. Se trata del mismo monto deficitario que tenían los trenes cuando eran totalmente estatales, con la valiosa diferencia que tenían 45 mil trabajadores más.