La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó este martes que realizó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA), tras detectar que durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli al frente del organismo había profesionales contratados que además realizaban en simultáneo tareas en el ámbito privado y/o público. Abad estuvo al frente de este organismo entre diciembre de 2015 y marzo de 2018, posteriormente lo reemplazó Cuccioli hasta diciembre de 2019. Ambos fueron designados por el presidente Mauricio Macri. ​

Las irregularidades encontradas determinaron que los abogados Ricardo Gil Lavedra, Maximiliano Reussi, Alejandro Carrió, Juan Antonio Ávila y Tomás Farini Dugann, realizaron trabajos incompatibles, tanto en el sector público como en la actividad privada, con las funciones que desempeñaban en la AFIP. La denuncia pone en conocimiento a la Oficina Anticorrupción y brinda información detallada de cada una de las incompatibilidades detectadas.

Entre las irregularidades comunes detectadas, se encontró que los abogados defendían a contribuyentes mientras trabajaban en la AFIP, así como también que percibían de forma simultánea su beneficio previsional con los honorarios pagados por el organismo.

Por las razones antes citadas, la AFIP solicita se declare la nulidad de las contrataciones y el recupero del perjuicio fiscal, así como también, la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación y el deslinde responsabilidades.

La denuncia compromete los graves delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, servicios y negociaciones incompatibles con la función pública por las autoridades intervinientes.

Según consta en la presentación de la AFIP ante la Oficina Anticorrupción, Ricardo Gil Lavedra percibió ingresos de forma simultánea por contratos de locaciones de servicios de la AFIP y de la Tesorería de la Provincia de Jujuy. Se desempeñaba bajo la modalidad “ad honorem” en el Ministerio de Justicia de la Nación y era abogado defensor de un imputado (Ricardo Lona) en el marco de causas penales por delitos de lesa humanidad en la que el Estado Nacional era parte querellante (a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).

Simultáneamente Gil Lavedra fue contratado por la AFIP para la prestación de servicios profesionales. También patrocinaba y efectuaba gestiones extrajudiciales respecto de contratistas estatales de forma simultánea con la contratación en AFIP. En forma simultánea, era letrado patrocinante de la Provincia de Santa Fe en la causa “SANTA FE, PROVINCIA DE C/ ESTADO NACIONAL S/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” en la que el Estado Nacional es parte demandada y resultaba de importancia institucional para la AFIP, cuya resolución implicó una pérdida de $ 14.036.708.553,40 para el organismo.

El informe de la AFIP entrega precisiones también sobre el resto de los funcionarios que involucra en tareas incompatibles