La jueza del segundo distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó el pedido de apelación solicitado por el gobierno argentino para que suspendiera su sentencia contra el Estado Nacional disponiendo la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre que litigaron cuestionando los términos de la expropiación de la compañía en 2012. Una determinación que habilita continuar las acciones dispuestas por el juzgado, aunque el gobierno tiene tres días para apelar la determinación de la magistrada.

En su pedido argentina sostiene que la orden de la jueza de entregar las acciones de YPF es una violación al derecho federal norteamericano, y a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). También señala que es imposible llevar adelante el traspaso de acciones, equivalente a un monto de $16.000 millones de dólares, ya que semejante determinación debe ser asumida desde el Congreso Nacional.