Mientras se producen detenciones de sus directivos y continúan los procesos judiciales, se acerca una fecha determinante para los acreedores de Vicentín. El 30 de junio vence el período de excepción del concurso de la empresa que dejó un tendal de deudas que en la actualidad es de 1.500 millones de dólares, tras su catastrófica caída anunciada en diciembre de 2019. A fin de mes concluye el plazo dado por el magistrado que entiende en la causa para acordar formas de pago y quita de esa millonaria deuda.

Los dueños de Vicentin endeudaron la empresa a costa de créditos mayoritariamente otorgados por Banco Nación en los años que el macrismo gobernaba. Una situación escandalosa que incluye a una poderosa empresa privada, cuyo negocio central está ligado a la venta y procedimientos de productos del campo, sirviéndose de la banca pública a sabiendas que estaba en bancarrota.

Lo primero que es necesario aclarar cuando hablamos de Vicentin es que no estamos refiriéndonos a una empresa o a una fábrica. Se trata de un grupo de empresas con muchas fábricas, con plantas industriales, con cerealera, aceitera, bodega y un enorme conglomerado de firmas que con el correr de los años se fue transformando en un gigante exportador de materia prima central para el eje económico de la Argentina. Sus tentáculos se extienden bajo una enorme variedad de actividades surgidas originalmente desde una pequeña localidad santafecina, llamada Avellaneda. Desde allí se expandieron por todo el país y también por fuera de nuestras fronteras.

La sorpresiva caída del poderoso grupo santafesino fue estrepitosa y pública en 2019. Se anunció cuando concluía el mandato del ex presidente Mauricio Macri. Un par de meses más tarde la aceitera Vicentin fue la primera concursada. Se trata de la principal firma del grupo cuyos accionistas más importantes, con 75% del paquete, son 90 descendientes de la familia fundadora reunidos en una firma llamada Vicentin Family Group.

La historia de Vicentín comenzó a construirse en 1929 por el impulso de los hermanos italianos Roberto, Máximo y Pedro Vicentin, quienes se radicaron con un modesto comercio de acopio y ramos generales en Avellaneda y Reconquista, dos localidades de la provincia de Santa Fe.

Años más tarde, y con el desarrollo constante de la población provincial, la empresa puso en marcha su primera desmontadora de algodón y la fábrica de aceite. Pero, no fue hasta 1966 cuando comenzó a crecer a niveles galopantes mediante la inversión en maquinaria y en estructura para ingresar de forma definitiva en el sector agroindustrial con la soja, la exportación de granos y carne vacuna.

En el 2000 se involucró en el rubro textil con una sociedad controlada, Algodonera Avellaneda. Siete años después se convirtió en la primera empresa argentina en exportar biodiesel y continuó su expansión hasta alcanzar proyectos para transformar la proteína vegetal en carne, incursionó en los agroquímicos, vinos mendocinos, miel e insumos farmacéuticos. En 2018 ocupaba el sexto lugar entre las principales exportadoras del país con 6.300.000 de toneladas entre cereales, oleaginosas, aceites y subproductos.

Aquel último venturoso presente de Vicentín es ahora sospechado de haber estado sostenido por balances cuya veracidad la justicia investiga en la actualidad, manteniendo procesados a 14 de sus ejecutivos y a quien era su principal contador. Los años 2017 y 2018 están particularmente señalados como escenarios de posibles maniobras tendientes a ocultar su real pasivo exhibiendo una aparente situación patrimonial sólida, maniobra que le habría permitido a la empresa conseguir créditos por u$s 500 millones.

El principal damnificado en esas operatorias crediticias fue el Banco Nación. Bajo la conducción de Javier González Fraga, la entidad estatal le entregó a Vicentin 700 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos de agosto a diciembre de 2019. Un festival de impunidad crediticia como definió el diputado provincial Luis Rubeo que preside la Comisión de Seguimiento del Concurso Preventivo de Vicentín de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Para concretar esos créditos, otorgados a una empresa que ya vislumbraba su insolvencia para devolver montos de gran envergadura, se sospecha hubo complicidad de los mandos políticos del gobierno de Macri. Pocas semanas antes de declararse Vicentin en default, Banco Nación le siguió otorgando créditos millonarios.

Durante noviembre de 2019 Vicentín tuvo 28 créditos por más de 105 millones de dólares. El 5 de diciembre sorprendió al mercado de granos y al sector agroindustrial argentino. En un comunicado informó que iniciaría una reestructuración de pagos a sus acreedores pues había ingresado en una situación de ¨estrés financiero¨. Afectados por el default quedaron 2.638 acreedores, a los cuales Vicentin dejó de pagarles.

El fiscal Gerardo Pollicita, que investiga la posible comisión de delitos, describió a través de un informe, la facilidad con la que algunos directivos del grupo cerealero accedían a los créditos del Banco Nación presidido por Javier González Fraga. Hizo referencia a la cantidad de préstamos otorgados, a su volumen y también a la rapidez con que se otorgaban. Inclusive, comenta uno en especial que le llamó la atención. Fue el 26 de noviembre, menos de 10 días para que la empresa se declare insolvente. Ese día, funcionarios del Banco en menos de una hora, a pedido de los empresarios, le concedieron a la firma Vicentin un nuevo crédito por USD 6.000.000.

El fiscal señaló en ese informe que los fondos de estos créditos otorgados por Banco Nación fueron transferidos mes a mes a “cuentas propias” que la firma mantenía en otros bancos, por lo que su destino final resulta de momento desconocido. Los empresarios, hicieron 1.418 transferencias a cuentas propias entre agosto de 2019 y enero de 2020.

Desde la empresa intentaron justificar semejante facilidad crediticia argumentando que Vicentín es cliente de la sucursal Reconquista del Banco Nación hace 56 años. Resaltaron que desde agosto de 2013 ya disponía de líneas de créditos por US$ 170 millones. Argumentos que solo aportan más dudas sobre los últimos balances anuales del Grupo que permitieron un llamativo aumento de la calificación crediticia.

Con nueva administración en Banco Nación, tras la asunción presidencial de Alberto Fernández, la mirada hacia el conglomerado santafecino fue distinta. En enero de 2020 desde el directorio, Claudio Lozano advertía que la entidad no pudo acceder al último balance de Vicentín, que debiera comprender el período del 1ero de noviembre del 2018 al 31 de octubre del 2019.

Lozano señaló que Javier González Fraga cinco días antes de dejar el cargo, el 5 de diciembre de 2019, dio cuenta que Vicentin “presentaba una situación financiera normal”. Ese mismo día el Grupo anunció el default con todos sus acreedores declarando una deuda de u$s1.350 millones, de los cuales unos 1.000 millones corresponderían a préstamos bancarios teniendo al Banco Nación como principal acreedor.

Lozano también aportó de otro dato revelador. Diferentes empresas del grupo (Oleaginosa Moreno, Algodonera Avellaneda y Frigoríficos Friar) realizaron una donación de $ 13,5 millones en concepto de aportes para la campaña de Mauricio Macri en las PASO.

El 8 de junio de 2020 el Presidente Alberto Fernández anunció la intervención de Vicentin a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. Lo hizo en resguardo de la soberanía alimentaria del país, para preservar los puestos de trabajo y lograr que alrededor de 2600 productores puedan seguir contando con una empresa a la que le venden lo que producen. Se designó interventor a Gabriel Delgado y como subinterventor a Luciano Zarich.

También se conoció en esos días la intención del gobierno de enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional que comenzó a ser elaborado por el ministro, Matías Kulfas y la senadora Anabel Sagasti. Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, que tiene el concurso de acreedores.

La alianza Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que consideró la iniciativa de Fernández y su equipo como “peligrosa, ilegal e inconstitucional”. La postura opositora sirvió para alimentar una protesta en la localidad santafecina donde nació Vicentin, Avellaneda. Algunos vecinos protagonizaron un cacerolazo que tuvo repercusión en algunas ciudades del país. Reaccionarios al gobierno nacional salieron a plantear “todos somos Vicentin”.

También hubo declaraciones y marchas de apoyo acompañando la determinación de intervenir Vicentín. Lo hubo hasta de sectores inesperados. El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, quien aseguró que apoyar a Vicentin “es salir a aplaudir al que estafó a los productores” asegurando que es “totalmente desproporcionado” pensar que atrás de la decisión del Gobierno Nacional exista otra intencionalidad.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Reconquista, Santa Fe, Ramón Acosta, afirmó que sus afiliados “están a favor de la intervención de Vicentin”. Mientras que Dionisio Alfonso, del sindicato de aceiteros de Reconquista, comentó que “la decisión brinda tranquilidad”, y planteó el deseo que se mantengan los puestos de trabajo y las paritarias libres. En tanto, Daniel Nasini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, aseguró que “hay muchísima desilusión” por el desenlace de Vicentín recriminándole a sus directivos que faltaron a su palabra.

El apoyo a la intervención no quedó solo en palabras. Hubo organizaciones sindicales, políticas y sociales que realizaron caravanas callejeras en respaldo a la intervención de la empresa. Otras coordinadas por el Sindicato de Aceiteros local protagonizaron una concentración en la plaza San Martín, ubicada frente a la sede gubernamental de Rosario. Allí Leyeron un documento resaltando que “la familia Vicentin ocupa el puesto 26 entre las 50 más ricas de Argentina, con una fortuna de 560 millones de dólares”

El 11 de junio el presidente Fernández recibió al CEO de la intervenida Vicentin, Sergio Nardelli. Analizaron la situación de la cerealera. El Primer mandatario manifestó: “tengo la impresión que su empresa ha sobregirado mucho más de lo debido”.

El 16 de junio de 2020 el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, avaló la intervención de la firma y la tarea de recolectar elementos que permitan su rescate a través de la figura de una expropiación que debía aprobarse a través de una ley del Congreso Nacional. Tres días más tarde, y cuando todo parecía encaminarse para una expropiación de Vicentín, el Presidente Fernández sorprendió aceptando una propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que implicó desistir de esa intención que se concretaría con el envío de un proyecto de ley al Congreso, algo que nunca ocurrió.

El lunes pasado el presidente del directorio de la aceitera Vicentin, Omar Adolfo Scarel, fue detenido por orden de la Justicia de Santa Fe en el marco de una causa que investiga la venta de acciones de la empresa Renova que estaban cautelados por la Justicia. Scarel está imputado por presunta estafa y defraudación junto a 14 ejecutivos de Vicentin. A todos se les prohibió la salida del país y se les pidió la presentación de un seguro de caución de u$s 10 millones.

Scarel fue síndico de la empresa, luego director administrativo y llegó a presidir Vicentín tras el fallecimiento de Sergio Nardelli, que era el CEO. Scarel, también se desempeñó como contador de la empresa. El fiscal de esta causa, Miguel Moreno, lo investiga por maniobras realizadas antes de ocupar la presidencia de Vicentin. Le endilga haber confeccionado y utilizado balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 con datos falsos que ocultaban los verdaderos números de la empresa. Así pudo la aceitera pudo conseguir créditos por US$ 500 millones.

Esos balances anuales de Vicentin, que contenían supuesta información financiera de solvencia de la empresa, le sirvieron de paraguas protector a Javier González Fraga cuando afirmó, cinco días antes de dejar la titularidad del Banco Nación, que la empresa era solvente y por eso le entregó más de 100 millones de dólares en el último mes de su gestión y pocos días antes de declararse el Grupo cerealero en default.

La reciente detención del actual titular de Vicentín, Omar Adolfo Scarel, no fue por la sospecha de aquellos balances dudosos de 2017 y 2018. En realidad, la privación de su libertad fue por la venta de acciones que estaban enajenadas en el marco de las causas judiciales de la empresa Renova, que tiene como accionista a Vicentín.

Tras conocerse la detención, efectuada por agentes de la División Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal de la policía de Santa Fe, la empresa emitió un comunicado en el que sostuvo que “no existe ningún argumento razonable que justifique una medida de esta gravedad”.

Además de la detención de Scarel, la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario ordenó allanamientos en oficinas de la empresa Viterra, que comparte con Vicentin el paquete accionario de Renova.

El gobierno dejó escapar la oportunidad de expropiar una empresa nacional cuyos mandantes dejaron un enorme tendal de deudas, afectando a más de 2.600 productores. Muchos llegaron a entregar granos que no recuperaron hasta el mismo día que Vicentín anunció la cesación de pagos. El abanico de víctimas del manejo turbio y escandaloso de sus ejecutivos alcanzó a bancos y organismos estatales.

El juez que entiende en esta causa, Fabián Lorenzini, habilitó el tratamiento para una nueva propuesta que debe presentar Vicentin en el marco del concurso de acreedores. La empresa no pudo lograrlo en el plazo que venció el 30 de marzo. El magistrado santafesino le extendió el vencimiento hasta el próximo 30 de este mes. La cerealera endeudada debe lograr un acuerdo con al menos el 50% del número de acreedores que terminen sumando el 76% del monto adeudado que a esta altura son son casi 1500 millones de dólares.

En su momento Vicentin ofreció una quita del 70% de la deuda y un plazo de pago de 15 años para pagarla. Fue rechazada por el propio magistrado. Más tarde ofreció ceder el 95% del capital accionario. Lo hizo con el aval de tres inversores estratégicos que buscan quedarse la empresa: Molinos Agro, Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). No consiguió las mayorías necesarias. A fin de mes sabremos si lo logró en esta ocasión. Mientras tantos, cientos de productores esperan con paciencia la resolución del conflicto ahogados en sus propias deudas.